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El presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, resaltó el trabajo desarrollado por el organismo para elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo, que tiene el carácter de económico – urgente.
Desde el miércoles pasado, proceso y analizó más de 122 documentos con varias observaciones. Veinte asambleístas de distintas comisiones expusieron sus propuestas sobre fomento a la producción en el sector agrícola, la economía popular y solidaria y al deporte conjuntamente con el sector del turismo, mismas que fortalecieron el documento original enviado por el Ejecutivo.
“Los cambios son profundos y le da un giro al proyecto, donde las remisiones son el segundo objetivo de la ley, mientras que los incentivos y la reactivación son el centro del proyecto de ley que enviamos al Pleno de la Asamblea Nacional” aseveró Albornoz.
En tres sesiones la comisión recibió aportes del presidente del Frente Unitario de Trabajadores, productores cerveceros y autoridades como Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas; Francisco Rendón, secretario de Hidrocarburos; Santiago Campos, gerente General de BanEcuador; Daniel Mosquera, subgerente de Ejecución de Operaciones del Banco Nacional de Fomento en Liquidación; Henry Troya, viceministro de Minas; y, Claudio Vaca, subgerente de Operaciones de la Corporación Financiera Nacional.
En materia de remisiones el informe prevé el apoyo a becarios que tienen créditos educativos en la banca pública. Un importante aporte es la remisión de intereses de mora y gastos administrativos de créditos de hasta 100 mil dólares para los préstamos que han realizado el Banco Nacional de Fomento en Liquidación. Esta institución comprará la cartera de la CFN y BanEcuador para que los ciudadanos accedan a este beneficio.
Apoyamos a personas con discapacidad, adultos mayores y personas cuyos cónyuges o parejas en unión de hecho han fallecido y hayan realizado un préstamo para crédito productivo en BanEcuador, CNF y Banco Nacional de Fomento en Liquidación. También se establece IVA cero para quienes arrienden tierras rurales dedicadas a la siembra, explicó.
Así mismo, informó que en fortalecimiento del agro se establecen tasas preferenciales de crédito en la Banca Pública, el Impuesto al Valor Agregado tarifa cero para maquinarias y repuestos, además de la creación del seguro agropecuario.
En las reformas a la Ley de Movilidad Humana se sustituye la disposición transitoria quinta para que los ecuatorianos retornados desde el 2007 soliciten su reconocimiento como tales, y accedan a los beneficios e incentivos que otorga la ley hasta 31 de mayo de 2019; que inicie un proceso de publicidad masiva y se facilitará el acceso al registro.
En la reforma al Código Ambiental, sobre el análisis que se requiere para planes de manejo ambiental, se realizará en laboratorios públicos, privados o de universidades e institutos de educación superior acreditados y solo en caso que no existan se podrá realizar en laboratorios acreditados internacionales.
Para la economía popular y solidaria se reforman artículos en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública para que se apliquen mecanismos de apoyo como la entrega de anticipos, y en el caso de que se realice contratación pública para la provisión de bienes y servicios para proyectos sociales, las entidades contratantes deberán privilegiar las ofertas que utilicen insumos y suministros de origen local, mayoritariamente del sector de la economía popular y solidaria, de medianas y pequeñas empresasy el empleo de mano de obra de origen nacional.
CMM/pv
Por unanimidad, de los ocho asambleístas presentes, y un 40 % de cambios, de forma y fondo, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente económico para el Fomento Productivo. El debate en el Pleno sería el próximo martes, 19 de junio.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, señaló que los parlamentarios trataron gran parte de la problemática del sector productivo y plantearon propuestas para que se reactive. Resaltó que se logró fortalecer los beneficios para la economía popular y solidaria y el segmento agropecuario.
En la remisión de interés, multas y recargos se incluyó a los deudores del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, para obligaciones de hasta 50.000 dólares, así como a los créditos educativos y becas y algunos compromisos con la Superintendencia de Compañías.
En la propuesta inicial del Ejecutivo esta figura se aplica a deudas con Servicio de Rentas Internas (SRI), Aduanas, Seguro Social, gobiernos autónomos descentralizados, matrículas e impuestos vehiculares y deudas por servicios básicos, con entidades amparadas por la Ley de Empresas Públicas.
Para acceder a estos beneficios los interesados deberán cancelar el capital, pero tendrán facilidades para hacerlo, sobre todo con el tiempo. En el caso de las obligaciones con el SRI, los contribuyentes con ingreso promedio neto mayor a 5 millones de dólares, en los últimos tres años, pondrán honrar el capital en 90 días y para el resto hasta en dos años.
Excepto las deudas patronales con el Seguro Social, las remisiones serán del 100 %, registradas hasta el 2 de abril de 2018. Las del Seguro Social van del 50 % hasta el 99%, dependiendo del plazo: entre más rápido paga el capital, más alto será el beneficio.
Para que esta medida no se convierta en una mala práctica se incluyó un candado. Quienes se acojan a la remisión no podrán beneficiarse sobre el mismo concepto en procesos futuros por 10 años.
Incentivos a nuevas inversiones
Para nuevas inversiones productivas en sectores priorizados, se exonera del Impuesto a la Renta (IR) durante 12 años cuando se asienten fuera de Quito y Guayaquil y 8 si lo hacen al interior de estas dos ciudades.
En el caso de inversiones en el sector industrial el beneficio es por 10 años y en industrias básicas 15. Ese plazo se amplía por 5 años si son en los cantones fronterizos. En Manabí y Esmeraldas la exoneración durará 10 años y aquí entran también los pequeños y medianos emprendimientos turísticos.
Pero no solo habrá exoneración, sino también reducción y aquí se incluyó una novedad. Se les bajará el 15 % de este impuesto a quienes reinviertan sus utilidades en proyectos o programas deportivos, culturales y de investigación científica responsable.
Impuesto la Salida de Divisas
Se libera el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión en importación de bienes de capital y materias primas que no se disponga en Ecuador.
Además, en una transitoria, el informe subraya que el Presidente de la República podrá reducir gradualmente este impuesto hasta su desaparición, a partir del siguiente ejercicio fiscal, previo dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.
Impuesto al Valor Agregado
La tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) está dirigida para la construcción de viviendas de interés social, en servicios de construcción. La Comisión incluyó al sector agropecuario. No pagarán IVA en bienes de capital, repuestos de maquinaria, insumos, arrendamientos de tierras. Habrá, incluso, un seguro agrícola.
Esta tarifa también será para los seguros y servicios de medicina prepagada, de salud y vida, de asistencia médica y de accidentes personales.
Economía Popular y Solidaria
Con hasta el 50 % de sus utilidades, la Banca Pública constituirá un Fondo de Garantía para el fomento productivo del segmento de la economía popular y solidaria. Además, cuando contraten sus servicios con entidades del Estado deberán darles un anticipo, a fin de que puedan seguir reinvirtiendo.
Los comisionados incorporaron un texto para que cuando un ciudadano honre sus deudas con el sistema financiero y no financiero no tenga que esperar cuatro años para salir de mala calificación, es decir, su historial se restituye.
Reglas macroeconómicas
En este eje, los cambios fueron de forma, para mejorar la redacción del texto. Entre los temas más destacados, se crea un Fondo de Estabilización Fiscal, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general y luego de descontar el porcentaje correspondiente a los gobiernos autónomos descentralizados.
LILA/pv
Más propuestas continúan llegando a la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia el proyecto para el Fomento Productivo, a fin de elaborar el informe para segundo debate.
Algunas son nuevas, como la de los asambleístas Sebastián Palacios y Norma Vallejo. El primero, en defensa de los deportistas y, la segunda, en favor de los trabajadores de la salud.
Tras relatar que en los últimos años se ha bajado el presupuesto para el deporte, Palacios sostuvo que esta actividad no debe ser vista únicamente por su beneficio social, sino también por su aporte a la economía y como generadora de empleo. Y, para fomentar esos beneficios, planteó que su financiamiento no sea solo del sector público, sino que participe el privado, con patrocinio, como ocurre en otros países.
Sugirió que en el proyecto urgente se incluya un artículo para que estos patrocinios formen parte de la deducción del Impuesto a la Renta y que se vea si es para un atleta en específico, para un equipo o para un programa.
De su lado, Vallejo se refirió al pago de horas extras para el personal médico de tres hospitales públicos del país, entre el 2005 y 2006 que, por no presentar los justificativos la Contraloría determinó la devolución de los recursos percibidos, cuyos intereses se han acumulado.
Su pedido fue que esos intereses se los incluya dentro de la remisión que se plantea en el proyecto enviado por el Ejecutivo. Afirmó que los trabajadores están dispuestos a pagar el capital y planteó que los compromisos de pago puedan hacerse en 60 días.
Voz de los trabajadores
Un nuevo sector se sumó a apoyar al sector campesino. El Frente Unitario de Trabajadores, con su presidente José Villavicencio, cree que se les debe incluir en el perdón de intereses, multas y recargos.
Según su criterio, el 70 % de la desocupación laboral se da por la migración de ciudadanos del campo a la ciudad, porque no reciben el apoyo necesario. Pidió que la norma sea equitativa para todos.
Están de acuerdo con que se les libere de ese mismo peso a las pequeñas y medianas empresas, así como a la economía popular y solidaria, pero no a las 215 empresas o grupos económicos grandes.
Aseguró que estos últimos han tenido ganancias en los últimos 10 años y que, sin embargo, sus deudas por intereses, multas y recargos ascenderían a 2.371 millones de dólares.
En todo caso, pidió que se exija a estas empresas que, como contraparte por el beneficio que se les otorga, abran más plazas laborales, que puede ser un 20 % adicional a la planta que ya tienen.
Planteó que todas estas medidas, en ningún caso, signifiquen afectación alguna a los trabajadores en sus utilidades.
LILA/eg
Para este viernes, 15 de junio, estaría listo el informe para segundo debate del proyecto urgente. Ese calendario se fijó la Comisión del Desarrollo Económico. El plazo máximo para aprobarlo, según la Ley de la Función Legislativa, es el sábado, 16 de junio.
Por ahora, inició el estudio, en esta segunda etapa, y recibió más aportes de legisladores de otras comisiones legislativas, así como de sectores productivos.
El asambleísta Washington Paredes pidió que se retire del proyecto para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal el artículo 49. Se relaciona con la ampliación del plazo para permisos de operación turística en su provincia, Galápagos.
Con esta disposición se reforma la Ley Orgánica de Régimen Especial que rige al archipiélago, por lo que el parlamentario cree, por un lado, que no es materia del proyecto urgente y, por otro, que el tema debe socializarse con la ciudadanía local.
Sugirió que ese cambio se traslade al análisis de las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad, para ampliar el debate con datos estadísticos, elementos técnicos y el criterio de los actores involucrados, que sustenten la decisión de ampliar o no el referido plazo.
El criterio de los comisionados Homero Castanier, Fernando Burbano, María Mercedes Cuesta, Ximena Peña, Sofía Espín y del presidente, Esteban Albornoz, coincidió en que se debe ampliar el debate de este tema.
Por otra parte, el sector campesino es una preocupación que continúa latente, sostuvo Albornoz, después de escuchar algunos expositores. Héctor Yépez fue uno de ellos. Su posición es que se condonen las deudas que tienen los campesinos con la banca pública y que el gobierno, mediante un reglamento, establezca los plazos y condiciones, a fin de evitar abusos.
El Presidente de la mesa aclaró que, si bien no se puede condonar las deudas, sí se deben fijar mecanismos más permeables para que puedan honrar esas obligaciones. Recordó que en las leyes anteriores sobre remisión no se obtuvo el resultado esperado porque se imponía que, para acceder al beneficio, se pague una parte del capital, con un tiempo corto.
Añadió que en la mesa se tramita un proyecto de esta naturaleza y que se podría plantear la eliminación de este requisito y, además, con un plazo más amplio. El sector agrícola, según Yépez, es el mayor generador de empleo, con dos millones 200 mil puestos de trabajo.
Cristina Reyes también llegó con nuevas propuestas, pidió se establezca un plazo al gobierno central para que cancele las obligaciones pendientes del fondo de pensiones jubilares, así como las deudas por el servicio de salud, que mantiene con el Seguro Social.
Fabricio Villamar, en cambio, recomendó que se incluyan en el proyecto ciertos condicionantes para quienes se beneficien de la remisión, a fin de que generen empleo y reinviertan sus recusos. Además, que se cree un fondo para fomentar el uso eficiente de la energía renovable.
Del fomento a la construcción de vivienda social habló Henry Kronfle. Considera que la devolución del Impuesto al Valor Agragado (IVA) debe otorgarse no solo para soluciones habitacionales de hasta 40 mil dólares, que son viviendas sociales, sino hasta 70 mil, que son viviendas de interés público.
LILA/eg
Un amplio proceso de socialización es lo que resaltó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, en la construcción del informe para primer debate del proyecto económico urgente. Dijo que en diez sesiones recibieron a 42 organizaciones y 70 documentos, con más de 200 observaciones.
El frente económico y productivo del gobierno, cámaras de comercio, agricultura, arquitectura, pequeños y medianos productores, economía popular y solidaria, pesqueros, organizaciones sociales y de extrabajadores, transportistas, entre otros, acudieron para expresar sus puntos de vista.
En las sesiones también participaron 11 asambleístas de otras mesas legislativas. Se refirió a este proceso durante la presentación del informe para primer debate, elaborado por la Comisión, y que tuvo un apoyo unánime.
El cuerpo legal
Esteban Albornoz explicó también los principales ejes que contiene el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, enviado por el Ejecutivo.
Aseguró que el proyecto tiene algunos objetivos, con beneficios para las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como para los emprendimientos y la economía popular y solidaria.
Uno de ellos es la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales -incluido el RISE- y aduaneras. Además, de hasta el 99 % en obligaciones patronales con el Seguro Social, así como impuestos vehiculares y otros con los gobiernos autónomos descentralizados.
Con este beneficio, el Servicio de Rentas Internas espera recaudar 774 millones de dólares y el Seguro Social 189 millones de dólares.
El otro fin, según Albornoz, es el impulso a la inversión y producción, con la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) en sectores priorizados: 12 años cuando son fuera de Quito y Guayaquil, 8 años cuando es al interior de estas ciudades, 10 años para cualquier nueva inversión en el sector industrial.
El proyecto también le apunta a la declaratoria de política prioritaria a la vivienda social. A este sector se le gravará con tarifa cero al Impuesto al Valor Agregado para el servicio de la construcción y se mejoran los procesos administrativos.
La estabilidad fiscal es otro de los ejes y la norma marca nuevas reglas macrofiscales sobre el endeudamiento: no se aprobará el Presupuesto del Estado con déficit primario, el techo de la deuda no puede superar el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se crea un fondo de estabilización fiscal. Se elimina la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
Además, Albornoz ratificó que con la iniciativa se fortalece a los sectores de las exportaciones y turismo, con la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a exportadores con ingresos netos de divisas, deducción de hasta el 100 % de gastos de promoción para turismo y exportaciones, ampliación a 25 años de permiso a operadores turísticos en Galápagos.
La norma prevé la creación de un seguro para actividades agrícolas y de un Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria.
Según el Presidente de la Comisión, se amplían los beneficios de la Ley de Solidaridad, es decir, se extiende a cinco años más los beneficios tributarios para inversiones en Manabí y Esmeraldas y la exoneración del IR de 10 a 15 años para el sector turístico.
Al final, con los cambos, el proyecto consta de cinco capítulos, 49 artículos, 10 disposiciones generales, 14 transitorias y modifica 19 cuerpos legales.
Comisión general
Antes de la intervención del ponente del proyecto, el Pleno recibió en comisión general a Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, quien dijo que el sector campesino, por factores externos que perjudican las cosechas y por los altos intereses, no ha podido cumplir con sus deudas. “Tenemos garantías pero no somos sujetos de crédito porque muchos de nosotros estamos en la central de riesgos por no haber podido pagar las obligaciones pendientes”, añadió.
Aseguró que las normas que les han permitido la restructuración de obligaciones o remisión de intereses tampoco han dado resultados, por lo que pidió que se incluya en el proyecto urgente un artículo que permita extinguir las deudas de los pequeños y medianos agricultores con la banca pública.
LILA/eg
El informe de la Comisión de Desarrollo Económico motivó la participación de varios legisladores, de diferentes tendencias partidistas, quienes dieron sus criterios y aportes al proyecto económico urgente de fomento productivo, a fin de mejorar su texto.
Así el legislador Mauricio Proaño aseguró que existen temas que no constan en el documento elaborado por la Comisión, por falta de información. Por ejemplo, no existe un plan de sostenibilidad económica, ni datos exactos de la lista de beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los grupos económicos que se acogerían a la remisión de intereses, multas y recargos. La remisión solo debe darse a empresas que nunca hayan participado de procesos similares.
Patricio Donoso precisó que es hora que exista un seguro agropecuario de calidad, por ello, planteó que la Autoridad Agraria Nacional proponga los parámetros de pólizas de seguro vinculadas a este sector productivo. Enfatizó la necesidad que en las alianzas público-privadas se posibiliten los arbitrajes internacionales reales para la inversión extranjera. Prudencia fiscal y menos gastos, son necesarios. agregó.
María Mercedes Cuesta acotó que el país clama por medidas económicas que permitan el empleo digno con esquemas solidarios que protejan al empresario honesto y a los ciudadanos. La comisión puso su mirada en el impulso de actividades productivas de la empresa privada, sin vulnerar los derechos de los trabajadores y resaltó que de 10 empleos, 9 provienen del sector privado y uno del público. No hay que premiar a las empresas que han retenido o debitado de sus haberes a los empleados la aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por tanto, no pueden acogerse a esta remisión de intereses.
Cesar Rohón explicó que en la normativa se establece un candado para que las empresas y personas que se beneficien de la remisión de intereses, multas y recargos no lo puedan hacer en los próximos 15 años. Hay temas que se quedan fuera de la ley, como el buró de crédito que debe ser modificado, porque hay problemas. A la vez, se mostró partidario que las personas naturales y jurídicas puedan hacer aportes deducibles al impuesto a la renta dirigidos al deporte, para que los grandes deportistas y centros de rendimientos puedan salir adelante.
Sofía Espín dijo que hay temas de fondo que se deben analizar, por ejemplo a quién beneficia esta ley, las estrategias de fomento para quiénes están dirigidas, que la normativa esté orientada a la generación de empleo digno y que se dé un verdadero ejercicio fiscal que beneficie al sector de la producción. Se necesitan capitales nacionales que generen ganancia a fin de proteger la dolarización, añadió.
Homero Castanier resaltó el trabajo de la comisión de Desarrollo Económico que recibió a decenas de actores para tener insumos necesarios para estructurar el informe para primer debate. Mencionó que se debe simplificar el tema de tributos en el país, pues hay más de 14 impuestos que están entorpeciendo la recaudación. Además, comparte la propuesta de eliminar el impuesto a la salida de divisas.
JLVN/eg
El legislador Fernando Burbano expresó que el mayor esfuerzo es procurar que esta ley sea inclusiva. Sin embrago, aclaró que la normativa no es la solución definitiva, sino una herramienta para salir de la crisis.
Además, aseguró que hace falta dictar otras leyes para que empiece a dinamizarse el sector productivo. Nombró las leyes de Fomento Agropecuario, de Turismo, del Artesano y de Pesca como instrumentos para apoyar a la economía del país. “Con esta ley se prepara el terreno para el desarrollo de todos, pero la responsabilidad deben asumirla los que se benefician de manera extraordinaria”, agregó.
El estímulo a las empresas dedicadas a la construcción de vivienda social es un punto a favor que observa el asambleísta Franco Romero, pero aclaró que es necesario que se incluya al sector agropecuario dentro de los incentivos.
Para el asambleísta Pabel Muñoz se deben analizar las renuncias fiscales que el Estado hará de aquí a 9, 10 y 12 años. Aseguró que se manejan conceptos que no son malos, como las remisiones e incentivos. Sin embargo, pidió que se analice si es el mejor momento para ejecutarlos.
El parlamentario Montgómery Sánchez pidió que se incorpore un artículo para que los deudores, comerciantes minoristas, artesanos, pequeños agricultores, que son quienes conforman la Economía Popular y Solidaria, puedan restructurar sus deudas y se beneficien de la remisión de los intereses. También sugirió que el valor equivalente al IVA pagado en la adquisición local y demandas de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados, universidades y escuelas públicas no se pague al Servicio de Rentas Internas, sino que opere el mecanismo de cruce de deudas para evitar el trámite engorroso.
René Yandún mira a la ley como una gran oportunidad para mejorar la economía del país. No obstante, aclaró que se necesita más productividad y menos importaciones para mantener la dolarización. Él es de la idea que la ley dé atención preferente a la frontera norte y también de elimine el pago anticipado del Impuesto a la Renta.
Juan Pablo Velín pidió que como política de Estado se entreguen créditos con tasas preferenciales en la banca privada a quienes empiecen sus emprendimientos productivos y que se informe periódicamente a la Asamblea a quiénes y cuánto prestaron.
MC/pv
Sobre la base del informe presentado por la Comisión de Desarrollo Económico, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, convocó para mañana, martes 12 de junio, a las 09h00, para iniciar el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, calificado como económico urgente, que tiene por objetivo viabilizar el plan económico del Gobierno Nacional.
La propuesta prevé varios mecanismos para el fomento productivo, entre ellos, la remisión de intereses, multas y recargos en determinadas obligaciones, incentivos a la economía popular y solidaria, el apoyo para las pequeñas, medianas empresas, a la construcción de vivienda de interés social, así como para el sector exportador y turístico, con miras a la atracción de inversiones.
Entre las modificaciones incorporadas, la mesa legislativa propone la remisión de los intereses, multas y recargos de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), siempre y cuando el deudor pague todo el capital pendiente en 90 días, en el caso de grandes empresas, y en dos años, para otros contribuyentes. Con esta medida se espera que ingresen al fisco alrededor de 700 millones de dólares.
Así mismo, el organismo precisa que quienes se beneficien con esta medida no podrán acogerse a una acción similar en los próximos 15 años. La remisión también se aplicará para los gobiernos autónomos descentralizados, infracciones de tránsito, recargos de matriculación vehicular y para el Seguro Social. Esta entidad, según sus autoridades, recaudaría 189 millones de dólares.
La normativa exonerará del Impuesto a la Renta (IR) por 12 años a nuevas inversiones que se hagan fuera de Quito y Guayaquil. La Comisión aumentó dos años a lo propuesto por el Ejecutivo. En cambio, dentro de estas dos urbes ese beneficio será por 10 años. Ese plazo se aumenta hasta 15 años para Manabí y Esmeraldas y hasta 20 años, en el caso de la zona fronteriza.
Con relación al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se establece que deberá ser reducido gradualmente, a partir del próximo ejercicio fiscal, previo informe favorable del ente rector de Finanzas. Así mismo, los exportadores habituales y quienes se dedican al turismo receptivo podrán deducir el 100 % de gastos por publicidad.
En la construcción de viviendas de interés social no se cobrará el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, se simplificarán los trámites y procesos para la aprobación de proyectos
Con las utilidades de la banca pública, el proyecto exige la creación de un Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria (EPS). Además, este sector, al momento de contratar con el Estado, tendrá un anticipo. Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para el cálculo del IR, podrán deducir el 5 % de su inversión en capacitación y mejora en la productividad. Actualmente, solo pueden hacerlo hasta el 1 %.
Se mantiene la tarifa cero del IVA a los seguros de vida y salud, así como para importaciones y transferencias de los insumos al sector agropecuario, acuícola y pesquero; se fomenta el uso de medios de pago electrónico; se impulsan las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE); y, las empresas podrán utilizar su crédito tributario del IVA hasta por cinco años.
JLVN/eg
Con algunos cambios que mejoran el texto, la Comisión del Desarrollo Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, enviado por el Ejecutivo y calificado como urgente en materia económica.
El próximo martes, 12 de junio, se conocería y debatiría en el Pleno, según Esteban Albornoz, presidente de la mesa . La norma tiene como objetivo fomentar la inversión, atraer inversiones, generar empleo y estabilidad fiscal.
Se lo hará a través de varios mecanismos, como la remisión de intereses, multas y recargos; incentivos a la Economía Popular y Solidaria (EPS); para las pequeñas, medianas y grandes empresas; para la construcción de vivienda de interés social; para el sector exportador y turístico; y para la atracción de inversiones.
Remisión
Se dispone la remisión de los intereses, multas y recargos de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las Aduanas, pero si el deudor paga todo el capital pendiente en 90 días, en el caso de grandes empresas, y en dos años, para otros contribuyentes. Con esta medida se espera que ingresen al fisco más de 700 millones de dólares
Pero, los comisionados no quieren que esta figura se convierta en una práctica, por lo que incluyeron un candado, a fin de que quienes se beneficien con esta medida no puedan acogerse a una acción similar en los próximos 15 años.
La remisión también se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, infracciones de tránsito, recargos de matriculación vehicular y para el Seguro Social. Esta entidad, según sus autoridades, recaudaría 189 millones de dólares.
Incentivos
Se exonerará del Impuesto a la Renta (IR) por 12 años a nuevas inversiones que se hagan fuera de Quito y Guayaquil, es decir, la Comisión aumentó dos años más de lo propuesto por el Ejecutivo. En cambio, dentro de estas dos urbes esa liberación será de 10. Ese plazo se aumenta hasta 15 años para Manabí y Esmeraldas y hasta 20 años para los cantones fronterizos.
Con relación al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se establece que deberá ser reducido gradualmente a partir del siguiente ejercicio fiscal, previo informe favorable del ente rector de Finanzas. Para el segundo debate, los comisionados pedirán información sobre el impacto de esta reducción, pues les preocupa la sostenibilidad de la dolarización.
Por ahora, habrá la devolución de este tributo en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital para nuevas inversiones.
Los exportadores habituales y quienes se dedican al turismo receptivo podrán deducir el 100% de gastos por publicidad.
Fomento de viviendas
En la construcción de viviendas de interés social no se cobrará el IVA. Además, se simplificarán los trámites y procesos para la aprobación de proyectos. Aquí entra la edificación de 325.000 viviendas planteadas por el gobierno, con las que se generarán más de dos millones de empleo, aseguró el ministro del ramo, Xavier Torres.
Estabilización y sostenibilidad fiscal
Según el informe, se creará un Fondo de Estabilización Fiscal que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas, con los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables que superen lo establecido en el Presupuesto General del Estado. Se establece un período de convergencia para bajar la deuda pública hasta el 40 %.
El proyecto elimina la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
Medidas para las Mipymes y EPS
Con las utilidades de la banca pública, la norma exige la creación de un Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria (EPS). Además, este sector, al momento de contratar con el Estado, tendrá un anticipo. En el país existen unas 600 mil instituciones de esta naturaleza.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para el cálculo del IR, podrán deducir el 5 % de su inversión en capacitación y mejora en la productividad. En la actualidad lo pueden hacer solo hasta el 1 %.
Otras disposiciones
Se mantiene la tarifa cero del IVA a los seguros de vida y salud, así como para importaciones y transferencias de los insumos al sector agropecuario, acuícola y pesca; se fomenta el uso de medios de pago electrónico; se impulsa las Zonas de Desarrollo Económico; y las empresas podrán utilizar su crédito tributario del IVA hasta por cinco años.
La Comisión de Desarrollo Económico incorporará algunos cambios en el proyecto de Ley de Fomento Productivo, confirmó su presidente, Esteban Albornoz. Pondrán un candado para que quienes se beneficien de la remisión de intereses, multas y recargos no puedan acogerse a este beneficio en los próximos 15 años.
La norma prevé esta figura jurídica para obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduanas, Seguro Social y otras, con lo cual se espera recaudar este año 670 millones, según Albornoz.
Estos recursos permitirán dar mayor liquidez al Estado y financiar el presupuesto general. Albornoz aclaró que con esta medida no se está condonando los impuestos o las infracciones, sino que está únicamente liberando los intereses, multas y recargos, como una opción que ayuda a los contribuyentes y al Estado.
También habrá cambios en la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) para dar mayor oportunidad a las provincias que tradicionalmente han sido olvidadas. El Ejecutivo planteó que se libere de este tributo durante 10 años a nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, pero los asambleístas creen que debe ser 12 años. En cambio, dentro de estas dos ciudades será de ocho.
Esta exoneración será de 15 años para Manabí y Esmeraldas, que aún se reactivan del terremoto del 2016, mientras que los cantones fronterizos podrían llegar a 20.
Se prevé la inclusión de iniciativas que respondan a las necesidades de la economía popular y solidaria, por ejemplo, se propondrá que se les dé un anticipo en los procesos de contratación con el Estado.
Amplia socialización
Durante ocho sesiones consecutivas la Comisión del Desarrollo Económico recibió 42 comparecencias de ciudadanos, gremios, organizaciones, entidades del Estado, actores públicos y privados, quienes acudieron para pronunciarse sobre el proyecto de Ley para el Fomento Productivo.
Asimismo, receptó 54 oficios con alrededor de 200 observaciones. Después de escuchar a quienes acudieron a la mesa, los parlamentarios debatían los temas planteados o sugeridos, los que tenían consenso se incorporaban en el texto, que lo prepara el equipo asesor.
El trabajo ha sido contra reloj, pero amplio, incluyente y profundo. La iniciativa tienen la calificación de económica urgente, y, por tanto, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con ese plazo, este viernes, en la tarde, se aprobará el informe para primer debate.
LILA/pv
