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Un intenso debate se desarrolla en la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia el proyecto de Ley urgente para el Fomento Productivo. El análisis lo hace artículo por artículo y para mañana, 8 de junio, tienen previsto aprobar el informe para primer debate. El Pleno lo conocería el martes, 12.
El tratamiento lo realiza con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Finanzas, del Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Ministerio de Vivienda. Ellos se encargan de aclarar el espíritu de las propuestas del Ejecutivo y, en el caso de la Superintendencia, aclaran términos jurídicos, técnicos y conceptuales.
Desde que inició el estudio, el pasado 30 de mayo, la Comisión desarrolló un mecanismo inclusivo, que permita escuchar a la mayor cantidad de voces de los sectores público, privado y de la ciudadanía.
En este esquema, recibe en comisiones generales a varios actores y, paralelamente, el equipo asesor hace un análisis de la propuesta legal. Con esos insumos, los parlamentarios debaten el articulado. También participan parlamentarios de otras mesas legislativas y los miembros del Consejo de Administración Legislativa.
Entre otros temas, los comisionados ya han examinado lo concerniente a plazos, mecanismos, formas de aplicación de la remisión de intereses, multas y recargos para obligaciones tributarias, aduaneras, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como infracciones de tránsito y matriculación vehicular.
También avanzó con los temas de incentivos para la atracción de nuevas inversiones, en donde se encuentra la exoneración del Impuesto a la Renta para nuevas inversiones productivas.
Más propuestas
Cierta sorpresa causó en la mesa cuando el vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado, Camilo Jarrín, pidió que se grave con el 12 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios de transporte pesado. Aclaró que ahora es cero.
Su explicación fue que quieren contrarrestar el contrabando, pues cargarles este impuesto generaría mayor formalidad, puesto que tendrán que preocuparse, por ejemplo, de pedir facturas. Además, permitiría al sector hacer créditos tributarios, mediante cruces de cuentas.
La comisión recibió a Jaime Estrada, de la Cámara de Industrias de Manabí. Realizó un pedido puntual: que la exoneración del pago del anticipo al Impuesto a la Renta que se estableció para Manabí, por el terremoto de 2016, para el 2017 y 2018 se extienda por tres años más.
En el debate, Pabel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico, hizo un análisis de los efectos que tendría el proyecto, en un ambiente en donde la economía ecuatoriana crecería en un 3 %, según el Banco Central, y con un precio promedio del barril de petróleo de 70 dólares.
Se refirió a las remisiones y sostuvo que se aplicaron en el 2015, pero con un escenario adverso y pidió que se excluya de este tema a las obligaciones con el Iess y las que tienen que ver con infracciones y recargos de la matriculación vehicular.
El sector del bamboo, a través de Felipe Jácome, representante de la mesa sectorial de esta especie, pidió que se analice la posibilidad de incluir este material en la construcción de vivienda de interés social
LILA/pv
Autoridades del Ministerio de Agricultura, del Congope, de la Cámara de Industriales y Procesadores Atuneros, de la Cámara de Fabricantes de Carrocerías y Deudores de Buena Fe llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico para exponer varias propuestas que contribuirán a enriquecer el proyecto de Ley de Fomento Productivo. Coincidieron que el documento debe activar el desarrollo del país y que los recursos vayan a impulsar programas sociales.
El asambleísta Carlos Bergmann, vicepresidente del Legislativo, también participó en la reunión. Comentó que entre las 22H30 hasta las 08h30 del día siguiente existe más de 2 mil megavatios que no se utilizan, por lo que planteó que se fije una tarifa de 1 dólar y medio para beneficio del sector productivo que emprenda en generación de actividades en ese lapso, lo que permitirá abrir plazas de empleo y que este régimen tarifario se mantenga por algunos años para garantizar seguridad jurídica.
Mientras que Rubén Flores, ministro de Agricultura, habló de definir la corresponsabilidad entre los sectores público y privado para desarrollar los servicios financieros y no financieros, mediante estructuras parafiscales y el tema de fondos gremiales, a fin de consolidar el proceso de fondos para la asociatividad. Igualmente, sugirió que el acto inmediato integral del contrabando se pueda resolver el mismo instante del ilícito con la presencia de la Fiscalía.
Iniciativa consensuada
Gustavo Baroja, principal del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, presentó varias reformas, resultado del consenso con los gobiernos parroquiales y municipales. Expresó la necesidad que se permita la adquisición de títulos y obligaciones emitidos por el Ministerio de Finanzas y realizar operaciones de redescuento, con el único fin de mantener la liquidez para los programas sociales, o lo fondos destinados a los GAD.
También sostuvo que para el cálculo del fondo de estabilización, sería pertinente, primero descontar el 10 % establecido en el Cootad, que se destina a los gobiernos autónomos descentralizados, como ingreso no permanente; que se considere como fines de dicho fondo, a más de los programas sociales, el pago de las deudas a los entes seccionales y a los proveedores.
La Cámara de Industriales y Procesadores de Atún, Ceipa, a través de Gustavo Núñez y Javier Hidalgo, presentó las líneas estratégicas para impulsar la competitividad del sector atunero. Los criterios se enfocaron en que el proyecto urgente considere la exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de crédito de financiamiento externo, así como que los beneficios de la Ley de Solidaridad se extiendan para inversiones existentes.
MG/pv
A través de la remisión de intereses, multas y recargos a las deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Iess), por concepto de obligaciones patronales, esta institución recaudaría 189 millones de dólares. Por el contrario, con la liberación perdería 26 millones de dólares.
Según Carlos Vallejo, director general de esta entidad, quien acudió para expresar sus criterios respecto del proyecto urgente de Fomento Productivo, que se tramita en la Comisión del Desarrollo Económico, defendió la iniciativa. Su exposición se centró en la cantidad de recursos que se obtendrían y la cantidad de beneficiarios.
Aseguró que el potencial de empresas que recibirían esta ventaja sería de 202.972, mientras que los afiliados beneficiados llegarían a 326.402. El 56 % corresponde a empresas unipersonales y pequeña industria y el 20 % a empresas a privadas, sociedades y compañías.
De acuerdo con el proyecto, se perdona el 99 % de los intereses, multas y recargos, cuando el interesado pague la deuda en 90 días; el 75 %, si lo hace hasta 150 días; y el 50 %, si paga hasta los 180 días.
La condonación de los intereses, mas no de las multas, las podría dar también la Superintendencia de Compañías. Ese planteamiento lo formuló su representante, Suad Manssur. La funcionaria realizó algunas precisiones conceptuales y jurídicas para que los beneficios de la norma se apliquen correctamente. Un equipo de esta institución dará acompañamiento técnico a la Comisión.
A este mismo tema se refirió Édison Garzón, presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas. Precisó que con la remisión se les dará liquidez a muchas de estas empresas.
En su presentación pidió, además, que las asociaciones público-privadas, conformadas por empresas públicas, con mayoría de participación, tengan el mismo tratamiento tributario, beneficios e incentivos previstos en la norma.
Vivienda y empleo
A la mesa también acudió el ministro de Vivienda, Xavier Torres, para hablar de las reformas enfocadas al desarrollo de soluciones habitacionales de interés social. Dijo que el objetivo primordial es que las familias cuenten con una vivienda adecuada y generar empleo.
Reiteró que se busca simplificar trámites, que antes duraban de seis a ocho meses, y reducirlos a dos. Habló de la tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para servicios de construcción de viviendas sociales.
Según el Ministro se construirán 325.000 viviendas, con las que se generará 2´.200.000 empleos. Se refirió al pedido que recibió de los pueblos y nacionalidades para que se las construya con su mano de obra, con el apoyo de las universidades. Las casas serán de 50 metros cuadrados y muchas de ellas se entregarán de forma gratuita y otras, con copago.
Economía Popular y Solidaria (EPS)
Sofía Hernández, superintendenta de Economía Popular y Solidaria, propuso que se incluyan temas que permitan dinamizar al sector. Entre ellos, que se generen incentivos especiales para los encadenamientos productivos con la EPS e integración económica y financiera.
Sugirió que se democratice el uso de plataformas móviles de pago; que se regularice la propiedad de los predios en las cooperativas de vivienda; que se canalicen los recursos de vivienda de interés social de manera preferente a través del sector financiero popular y solidario; y, que se incluyan incentivos para los actores de la EPS que participen en la cadena productiva de la construcción de vivienda social.
LILA/eg
Los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) serán parte de la Comisión del Desarrollo Económico, en donde tendrán derecho a voz, sin voto, durante el tratamiento del proyecto de Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo.
Así lo aprobaron en un proyecto de resolución, a través del cual se reforma la Resolución del CAL del 29 de mayo de 2018, referente a la calificación del proyecto de Ley, enviado por el Ejecutivo como urgente, en la rama económica.
Con esa resolución, el máximo órgano envió la iniciativa a la Comisión del Desarrollo Económico para que lo analice y prepare los informes para primer y segundo debates.
La mesa parlamentaria, liderada por Esteban Albornoz, inició su tratamiento al día siguiente y en esa misma sesión aprobó el cronograma de trabajo. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en los proyectos urgentes, el Parlamento tiene 30 días para su aprobación.
En la hoja de ruta se estableció que el informe para primer debate estaría listo el viernes 8 de junio.
Hasta el momento, el organismo recibió una amplia gama de actores públicos y privados de los sectores productivos,a fin de analizar el articulado del proyecto.
Otro tema
El CAL también calificó cuatro nuevos proyectos: de Ley Orgánica reformatoria al artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos; Ley Reformatoria a la Ley de Compañías; Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero; y, Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
LILA/eg
Quienes tengan deudas tributarias, no tributarias y por la prestación de servicios básicos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también podrían beneficiarse con el proyecto de Fomento Productivo, idea que toma fuerza en la Comisión del Desarrollo Económico, que estudia esta iniciativa legal.
En el proyecto se propone que los GAD, sus empresas, agencias, instituciones y entidades adscritas podrán aplicar la remisión de intereses, multas y recargos en las obligaciones, pero el criterio en la mesa es que no sea opcional. De ahí que plantean que se cambie el término “podrán” por “deberán”.
Con este mismo planteamiento acudió el asambleísta Montgómery Sánchez a la Comisión. Argumentó que si el sacrificio de este perdón fuera solo para las entidades nacionales habría contraposición respecto de los principios de universalidad y generalidad sobre la determinación tributaria.
Según la propuesta del Ejecutivo, la medida podría generar inseguridad en los GAD sobre su aplicación Esteban Albornoz, presidente de la Comisión, no obstante, si se aclara su alcance, podría ayudar a la liquidez de estos niveles de gobierno.
En su exposición, Sánchez solicitó la remisión del 100% para intereses, multas y recargos de las obligaciones que mantengan personas naturales y jurídicas con Banecuador y con la Corporación Financiera Nacional (CFN), determinadas hasta el 2 de abril de este año, pedido similar al expuso ayer por Israel Avilés, representante de los deudores de la Banca Pública.
En el proyecto ese perdón se aplicará a las obligaciones tributarias y aduaneras, así como para obligaciones patronales con el Seguro Social. En este último caso, se aplicará desde 99% hasta el 50%, según como se acoja el beneficiario. Depende de en qué tiempo va a pagar el capital, mientras más rápido lo haga, más alto será el beneficio.
Aportes de la Bolsa de Valores
La Comisión del Desarrollo Económico recibió lo aportes de la Bolsa de Valores de Quito, a través de su representante, Gilberto Pazmiño. Propuso que para atraer inversión extranjera en el área de activos financieros no les obliguen a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Explicó que esta medida, que complica la legislación, desincentiva a los inversionistas, por lo que prefieren otros países. También, aseveró que otra barrera está relacionada con las medidas tributarias que establecen una exoneración en la retención de la fuente, cuando las inversiones son más de un año. Considera que no debería haber límite de tiempo.
Tampoco está de acuerdo en que el Servicio de Rentas Internas cobre el Impuesto a la Renta en las ganancias netas de las empresas, cuando esos recursos son utilizados para la recapitalización. Asegura que esta entidad interpreta como si se tratara de un dividendo, es decir, recursos que han sido repartidos, por ejemplo, entre accionistas.
La Comisión recibe todos estos aportes y los analizará para incluirlos o no en el informe para primer debate que deberá estar listo este viernes, 8 de junio, pues se trata de un proyecto económico urgente, que tiene plazos específicos para su aprobación.
LILA/eg
Los exportadores, empresarios e industriales calificaron como un buen paso que el gobierno haya enviado el proyecto urgente de fomento productiva, pero creen que se requieren otras acciones para alcanzar una verdadera reactivación. Otro eslabón, según ellos, podría ser la suscripción de acuerdos comerciales.
El proyecto se lo tramita en la Comisión del Desarrollo Económico, que también abrió las puertas para que se expresen los trabajadores, representantes del sector agrícola y pesquero. Estos actores si bien no rechazan el proyecto, piden más beneficios para estas áreas y que se respeten los derechos de los trabajadores.
Para Daniel Legarda, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, la propuesta presenta una renovada visión del manejo económico, poniendo al sector empresarial como motor de la misma. Con otras palabras, Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial, se expresó en el mismo sentido. Dijo que se está cambiando el modelo de desarrollo.
De acuerdo con estos dirigentes, una de las cosas que conceptualmente se está cambiando es la estigmatización que había a estas áreas productivas, separando a las empresas grandes, de las pequeñas y medianas. A ese criterio se sumó Pablo Zambrano, de la Cámara de Industrias.
Coincidieron en su apoyo para la mayoría de ejes que plantea el proyecto, sobre todo en los temas tributarios. Manifestaron su conformidad con la remisión de intereses multas y recargos en obligaciones tributarias y aduaneras, así como la devolucuión del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para exportaciones habituales, siempre que demuesten el ingreso neto de divisas.
En este punto surigió una de las observaciones más comunes para estos sectores: que paulatinamente se elimine el ISD, porque es un tributo que genera distorsión.
Sobre estos beneficios, Legarda aclaró que no significan una disminución de impuestos, sino incentivos para nuevas inversiones y generar empleo. Y fueron más allá. Quieren que se aplique de la mejor manera. Solicitaron que se exija a la utoridad tributaria un tiempo determinado para que emita la normativa secudaria y los efectos de la norma sean inmediatos.
Estas medidas tributarias, explicó Zambrano, son para sanear el alto déficit fiscal y las necesidades de financiamiento, pero sugirió que, a largo plazo, se piense en una racionalización tributaria.
En cuanto a la remisión tributaria hubo una nueva propuesta. Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, propuso que se los incluya en este proyecto, es más pidió que se disponga la extinción de las dudas del campesino.
En cambio, para Gorette Carrera, de los extrabajadores de Repsol, si bien no se oponen a la iniciativa legal, la remisión viola los derechos de los trabajadores, porque se perjudican en sus utilidades.
Menos impuestos para renvoar la flota pesquera, planteó, por su parte, Rafael Trujillo, de la Cámara de Pesquería. Por ejemplo, tarifa cero en el Impuesto al Valor Agregado para la importación y transferencia de bienes.
En la agricultura el problema que visualizan sus representantes, como Kléver Zúñiga, de la Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, es el alto costo de producción y que este proyecto los beneficia, porque se establece una tarifa cero al IVA en importaciones y transferencias de insumos del sector agropecuario, acuícola y pesquero.
LILA/pv
En algo están claros: el proyecto de Ley para la Reactivación de la Producción es beneficioso para el país y, además, perfectible. Esa fue la premisa que marcó las exposiciones realizadas por representantes de ocho sectores productivos del país en la Comisión de Desarrollo Económico, que estudia la propuesta, calificada como urgente.
Otro de los temas en los que coincidieron fue en su preocupación por fijar mecanismos para que crezca el empleo. Katerine Costa, de la Federación de Industriales del Ecuador, resaltó que el proyecto cambia la receta para el crecimiento productivo, que le apunta al sector privado, como generador de empleo.
Girando en ese mismo espectro, Patricio Alarcón y Pablo Arosemena de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil, respectivamente, plantearon que la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), que se establece por 10 y 15 años para las áreas industrial e industrias básicas, se extienda a la actividad comercial.
En el debate, los asambleístas consideraron que se debería citar a las autoridades del Ministerio de Finanzas para que expliquen qué alcance tendría esta propuesta.
La liberación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue otro de los aspectos que analizaron. Creen que debe ser para cualquier producto o materia prima que se importe y no solo para las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión. Y fueron más allá. En el futuro, plantean que se elimine.
La estabilidad y sostenibilidad fiscal también es otro aspecto que apoyaron los dirigentes. Juan Francisco Pozo, del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, felicitó la propuesta que establece un período de estabilización fiscal para alcanzar el equilibrio hasta 2021, así como alcanzar un nivel de endeudamiento inferior al 40 % del PIB.
Que se amplíen las zonas de desarrollo, que incluyan a conglomerados, sedes y parques industriales; que se impida que el Estado tome recursos del Seguro Social, que se elimine el anticipo del IR, fueron otros de los elementos que sugirieron se analice en la mesa.
Quienes fueron menos optimistas fueron los representantes de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez; de la Confederación Nacional de la Economía Popular y Solidaria (EPS), Lucía Calderón; y de la Pequeña y Mediana Empresa, Marco Carrión.
Estos portavoces consideraron que a estos sectores solo se los ha tomado en cuenta de manera puntual. Calderón hizo referencia a la propuesta del proyecto para crear un Fondo de Garantías para el fomento productivo, con énfasis en el sector asociativo, pero que “hace falta muchos más (temas) en el proyecto”.
Pidió que se respete el catálogo dinámico productivo para que que el Estado pueda adquirir sus productos, que se viabilice un proyecto de encadenamiento productivo, que se aterrice el modelo de trabajo asociativo y créditos con intereses de un solo dígito.
Para el representante de la Cámara de Agricultura la simplificación de trámites y la facilidad tributaria son claves para reducir los costos de producción y planteó como alternativa que se aplique la tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los insumos y repuestos agropecuarios, entre otras medidas.
Por su parte, Marco Carrión, hizo énfasis en la necesidad de impulsar, con incentivos, los emprendimientos, sobre todo, con base tecnológica.
Los asambleístas mostraron su preocupación por las inquietudes de estos últimos sectores y dejaron en claro que constituyen un importante aporte para el desarrollo del país, por lo que analizarán con detenimiento sus criterios y observaciones.
Los resultados se verán en dos años
La reactivación del sector de la construcción no será inmediata, tomará unos dos años, advirtió Enrique Pita, de la Cámara de la Construcción. Explicó que ningún proyecto se desarrolla en menos de un año y medio, desde la aprobación hasta la venta, por lo tanto, “cualquier decisión de fortalecer a este sector no puede verse al corto plazo”.
Uno de los beneficios del proyecto para el sector inmobiliario es que no habrá IVA para los servicios de construcción de viviendas de interés social, simplifica trámites y devuelve el IVA a sociedades que desarrollen proyectos de este tipo.
Pero para Pita, no es suficiente. Planteó que las deudas que mantiene el Estado con los constructores puedan canjearse para cruzar obligaciones con el SRI y la Seguridad Social.
Más comparecientes
La Comisión del Desarrollo Económico seguirá receptando más propuestas. A las 16:00 de mañana, 5 de junio, escuchará a las principales autoridades de la Superintendencia de Compañías, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Cámara Nacional de Pesquería, entre otros.
LILA/pv
La Comisión del Desarrollo Económico continuará hoy, 4 de junio, con la socialización del proyecto de Ley de Fomento Productivo. A partir de las 15:30, recibirá a seis actores del sector productivo privado.
La mesa legislativa escuchará a representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción; Cámaras de Agricultura del Ecuador, de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, así como de la Economía Popular y Solidaria de Pichincha y de Comercio de Guayaquil. También estará presente la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador.
Esteban Albornoz, presidente de la comisión, subrayó que se deben garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales, “por lo que no se descarta debatir un candado legal”.
La semana pasada comparecieron autoridades del Frente Económico y Productivo, quienes explicaron los alcances del proyecto, los beneficiarios, beneficios y la forma cómo se aplicarán.
Con ello, la mesa, en dos días, jueves y viernes, ha logrado contar con los elementos que motivaron al Ejecutivo para presentar este proyecto, con el carácter de urgente en materia económica. Los funcionarios aclararon que el objetivo es fomentar la producción, generar empleo, atraer divisas y garantizar la estabilidad fiscal.
Hasta el momento han comparecido los ministros de Economía, Richard Martínez; de Comercio Exterior, Pablo Campana; de Industrias, Eva García; la gerente del Banco Central, Verónica Artola; así como los directores del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade y del Servicio Nacional de Aduanas, Carlos Andretta.
La Comisión pedirá información al SRI para conocer las empresas que ya han sido beneficiadas de la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras.
LILA/eg
BOLETÍN DE PRENSA
Esteban Albornoz Vintimilla, Presidente de la Comisión del Desarrollo Económico concluyó la tercera sesión para el debate del proyecto de Ley de Fomento Productivo de carácter económica urgente con la comparecencia de la mayoría de ministros, directores y gerentes del Frente Económico del Gobierno. El día de hoy estuvieron convocados oficialmente, la Ministra de Industrias, el Ministro de Hidrocarburosy el Ministro de Trabajo.
La Ministra Eva García respondió alrededor de treinta preguntas de los asambleístas miembros de la Comisión y dosasambleístas de otras comisiones y de distintos partidos políticos, donde se resaltó la necesidad de apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, así como dar seguridad jurídica a la ciudadanía sobre las condiciones para el comercio, la industria y el pleno empleo.
La Comisión del Desarrollo Económico ha logrado en dos días tener elementos para comprender las motivaciones del Ejecutivo y los primeros pasos para la ejecución del plan económico que atraiga inversiones y promueva nuevos emprendimientos.
La Comisión tomó varias resoluciones como la conformación de grupos de trabajo que reciban a quienes tengan interés en el proyecto de ley y solicitar al Sistema de Rentas Internas información para conocer las empresas que ya se han beneficiado de la remisión de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales y aduaneras.
La Comisión en pleno lamentó la ausencia del Ministro de Hidrocarburos y el Ministro de Trabajo, quienes fueron convocados formalmente para que comparezcan sobre las reformas que propone el proyecto de ley económica urgente.
El Asambleísta Albornoz señaló que se debe garantizar los derechos de la ciudadanía y las empresas que son responsables con el cumplimiento de sus deberes tributarios y son quienes sostienen los ingresos fiscales por materia de impuestos, por lo que no se descarta debatir un “candado legal”.
Los equipos asesores mantendrán jornadas extendidas de trabajo sobre el proyecto de ley y el día lunes a las 15h30 se ha convocado a Sesión para recibir a cámaras de comercio, la Cámara de Economía Popular y Solidaria y otros representantes del sector productivo que han solicitado ser recibidos ante los asambleístas de la Comisión.
Esteban Albornoz, quien es asambleísta por el Azuay, señaló la necesidad de convocar a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, para que esta ley abone al desarrollo local.
Con nuevas propuestas llegó la ministra de Industrias, Eva García, a la Comisión del Desarrollo Económico, mesa que tramita el proyecto urgente, con el cual se quiere fomentar la producción, generar empleo y estabilidad fiscal.
La funcionaria explicó los mecanismos que plantea la iniciativa legal para lograr estos objetivos, dentro del área productiva y de industrias, que es de su competencia. Incluye las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, a la economía popular y solidaria (EPS), así como a los emprendimientos.
Incentivos
Los incentivos son una alternativa. Hay algunos. Para la EPS y los emprendimientos, la banca pública, de sus utilidades, creará un Fondo de Garantías, explicó la Ministra.
En el sector exportador, la ministra también compartió un dato novedoso, y es que se agrega como sector priorizado las exportaciones de servicios. A las exportaciones habituales y al turismo receptivo se les amplía el límite para la deducción del Impuesto a la Renta (IR) en costos y gastos de promoción al 100 %.
Lo mismo ocurrirá con las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes) cuando inviertan en capacitación, investigación tecnológica, desarrollo de software, desarrollo de mercados. Con ello se espera mejorar la productividad.
La construcción de vivienda de interés social es otro de los sectores que se benefician de los incentivos, explicó García. Ellos no pagarán el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en bienes y servicios. Además, se simplificarán los procesos, por ejemplo, para aprobación de proyectos.
Con esta medida se espera la reducción de costos de construcción de viviendas, mayor generación de empleo, liquidez para constructores y más oferta inmobiliaria. Con el Plan Casa Para Todos se invertirá, aproximadamente, 4.000 millones de dólares y se emplearán a unas 130.000 personas.
La atracción de inversiones es otra ficha con la que el gobierno quiere atraer divisas, fortalecer la dolarización, generar empleo y reactivar las zonas fronterizas. Para ello, una de las opciones es la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por 10 años para inversiones fuera de Quito y Guayaquil, así como para el sector industrial. Se puede aumentar cinco años más, si son en cantones fronterizos. En cambio, al interior de estas dos ciudades el beneficio será durante ocho años.
Perdón de intereses y multas
Otro de los pilares se basa en el perdón del 100% de intereses, multas y recargos de obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y con el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Con ello, según la Ministra, se dará liquidez al Estado y un alivio a las pequeñas y grandes empresas.
El fundamento está en las condiciones y los tiempos. Para acceder a este beneficio las empresas grandes deben pagar todo el capital en 90 días, mientras que las pequeñas lo podrán hacer hasta en dos años.
Con la misma remisión se quiere lograr el mismo efecto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus aportantes, en obligaciones patronales pendientes. Aquí el beneficio es gradual.
Si los deudores pagan el capital en 90 días, el perdón de los intereses, multas y recargos será del 99 %; de 91 a 150 días la condonación será del 75 %; y de 151 a 180 días la remisión será del 50 %. Con esos recursos se pueden ejecutar nuevas actividades productivas y una reactivación inmediata.
Nuevas propuestas
Una de las temáticas nuevas que planteó la Ministra tuvo que ver con incentivos para el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en la elaboración de cerveza artesanal, si se usa cebada o arroz producido en Ecuador, a fin de generar mayor encadenamiento con los productos agrícolas.
También propuso estímulos en el IVA, ICE e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), de manera temporal, diferenciada y con límites de valor para el uso de vehículos eléctricos livianos y sin límites de valor para vehículos comerciales y de transporte público.
A fin de facilitar la introducción de vehículo eléctricos sugiere que se exija a las comercializadoras que cubran en su venta un cierto cupo de este tipo de vehículos. Con ello se lograría un efecto ambiental y un mejor aprovechamiento de nuestra energía eléctrica.
Otro de los conceptos que planteó fue la eliminación del carácter redimible del Impuesto a las Botellas Plásticas no Retornables.
LILA/eg
