La Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño Arregui, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con la finalidad de garantizar presupuestos incrementales para salud y educación.
Existe un incumplimiento de las disposiciones constitucionales décimo octava y vidésgimo segunda que establecen que los presupuestos de salud y educación inicial, básica y bachillerato se incrementen en 0.5% del PIB hasta alcanzar el 4% y 6% respectivamente. Entre los años 2018 y 2022 a la salud se le redujo $761 millones y a la educación $1.059 millones. Esta propuesta busca normar las disposiciones constitucionales con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias antes mencionadas, en función del valor más alto entre el presupuesto inicial y el codificado, con lo cual se restringe la posibilidad de que los recursos para salud y educación disminuyan en el tiempo, como sucedió entre los años 2018 y 2022.
Así mismo, el proyecto define claramente qué rubros se deben computar en el cálculo de las preasignaciones para estos dos sectores, lo que hace más transparente en el Presupuesto General del Estado (PGE).
Además, se impide que los presupuestos de la educación superior sufran modificaciones presupuestarias a la baja a lo largo del año y permite que la Asamblea Nacional realice una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del PGE.
