El proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales fue aprobado hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional con 98 votos a favor. En el artículo 15 referente a la prioridad en la redistribución de tierras rurales, se incorpora en el literal j) a las y los migrantes ecuatorianos en proceso de retorno o retornados al país, para que previamente organizados tengan prioridad en la redistribución de tierras rurales.
La normativa busca regular la propiedad de la tierra rural, asegura el acceso equitativo a la propiedad de la tierra, así como a conservar, proteger y mejorar la fertilidad de los suelos que sin duda van a mejorar los ingresos económicos y el desarrollo de los sectores poblacionales que se dedican al cultivo, producción y cuidado de la tierra. Para ello se establece la creación del Fondo Nacional de Tierras, previsto en la norma constitucional.
La asambleísta Dora Aguirre Hidalgo, representante de los ecuatorianos en la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, propuso que se incorpore en la normativa, que en la redistribución de las tierras rurales estatales y las demás que ingresen al patrimonio estatal, se incluya entre los beneficiarios a las organizaciones de migrantes con personas retornadas o en proceso de retorno.
La legisladora señaló que el retorno de compatriotas se ha incrementado en los últimos años a partir de la crisis financiera e inmobiliaria que viven países como Estados Unidos, España e Italia, a los que mayoritariamente emigraron miles de compatriotas, y que ante esta nueva realidad migratoria, es necesario institucionalizar las políticas implementadas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que han impulsado varios programas entre ellos el plan piloto “Retorno Productivo Ciudad Rural “AYALÁN”, para la comunidad migrante en España.
Recordó que el programa AYALAN incluye a 14 asociaciones de personas migrantes y 417 socios, así como a 1.583 miembros de sus familias. Este plan para el aprovechamiento de tierras rurales por parte de migrantes ecuatorianos que retornan al país, impulsa la asociatividad, la propiedad colectiva, producción, comercialización, generación de empleo, crédito productivo, infraestructura integral, entre otros.
Por lo expuesto, destacó que es indispensable insertar en las actividades agrícolas, pecuarias, recreativas y ecológicas, a las personas migrantes retornadas o en proceso de retorno, miembros de los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución.
Por otra parte, se simplifican los trámites administrativos para que quien tiene en posesión tierra productiva estatal, pueda obtener de manera ágil su adjudicación y el título de propiedad sobre éstas. Se regula mediante titulación, el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad comunitaria de las tierras y territorios en posesión ancestral y se establecen procedimientos y formas de resolver los conflictos con particulares sobre tierras comunitarias.
Se reconoce el derecho de uso y usufructo del comunero y su familia sobre la parte de la tierra comunitaria que le ha sido asignada, para garantizar operaciones de crédito especial para vivienda rural o para producción, además de garantizar el derecho hereditario de los familiares del comunero.
Asambleísta por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Desde muy joven me desempeñé como activista social en mi provincia natal Imbabura. Posteriormente en España como migrante, fui fundadora y presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, trabajé en la defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, trabajo altamente reconocido que me llevó a ser elegida en 2009 como asambleísta representante de las y los ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía y reelecta para el periodo 2013-2017. Desde entonces hemos visibilizado el trabajo de las personas en situación de Movilidad Humana e incorporado la migración como eje transversal en más de 20 leyes aprobadas en la Asamblea Nacional.
