La Comisión de Justicia y Estructura del Estado profundizó el estudio del proyecto de Código Orgánico General de Procesos, con la presencia de los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y del Consejo de la Judicatura: Carlos Ramírez y Gustavo Jalkh, respectivamente, autores de la propuesta, quienes presentaron una visión general de la normativa, que pretende avanzar en un mejor servicio de justicia a las y los ciudadanos. El legislador Mauro Andino dijo que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, tal cual es la norma de conducta permanente del organismo, se socializará el documento de manera amplia, tras recordar que en días pasados se avocó conocimiento de la temática, conformando subcomisiones para los diversos libros.
Además, mencionó la importancia del primer taller, donde los personeros de la Función Judicial, especialmente Néstor Arbito, informaron sobre los alcances del proyecto, que dejará atrás un obsoleto Código de Procedimiento Civil, cuya gestión se traduce a través de los expedientes escritos y no cumple con los mandatos de las constituciones de 1998 y 2008. La iniciativa apuesta por agilizar y transparentar los procesos judiciales, así como llegar al ejercicio pleno de la oralidad y darles a los notarios mayores facultades, enfatizó.
Simplificación
Gustavo Jalkh subrayó que el proyecto de Código General de Procesos es el resultado de un estudio técnico de un año entre el Consejo de la Judicatura y la Corte de Justicia, que pretende volver tangibles los principios constitucionales de inmediación y oralidad, para alcanzar la economía procesal en torno a la tramitación de causas, reduciendo más de 80 tipos de procesos judiciales a solo cuatro, estableciendo la posibilidad que en las audiencias se resuelvan los casos.
Argumentó que se plantea, basado en la oralidad, un proceso ordinario que contempla dos audiencias para que termine el proceso: una, de saneamiento y otra, de toma de decisiones, al reiterar que la oralidad no es una mera forma de tramitar procesos, sino una garantía ciudadana que fortalece la independencia del juez y, por tanto, la transparencia en la administración de justicia, con celeridad y certeza.
Precisó que el proceso escrito obliga a la Función Judicial a incurrir en una serie de costos, por ejemplo el almacenamiento de gran cantidad de papeles (ocho millones de hojas de papel mensuales, sin contar los papeles que presentan e introducen las partes procesales diariamente), que hacen costosos y engorrosos dichos trámites, agregó.
Deficiencias del sistema actual
Carlos Ramírez expresó que las deficiencias del sistema escrito actual están en la demora, quejas, el trámite propiamente dicho, al tiempo de insistir que el sistema es formalista y dualista, que permite un incidentalismo extremo que, incluso, provoca la deslealtad procesal.
Aseveró que el proyecto de Código de Procesos está sustentado en principios constitucionales relativos al debido proceso; de acceso a la justicia, con una sentencia en un plazo razonable y que sea eficaz; y, de tutela judicial, que implica que todos los ciudadanos puedan contar con un juez o jueza.
Formación académica - Especialista en Gerencia de Proyectos Universidad Regional Autónoma de los Andes Nacional - Diplomado Superior en Gerencia de Marketing Universidad Regional Autónoma de los Andes Nac..
