El presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tras recordar que el Jefe de Estado tiene facultad constitucional y legal de colegislador, dijo que por reuniones mantenidas con el asesor Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, ha conocido que el Ejecutivo alista un veto parcial al proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Posibles objeciones
Expresó que el Pleno se pronunció porque temas como la no afiliación al IESS tengan carácter de contravención con sanciones económicas, sin embargo, el mandatario sería del criterio que se eleven a categoría de delito.
Asimismo, dijo, el texto concerniente al homicidio culposo por mala práctica profesional surgió como resultado de un amplio debate en el organismo legislativo, recogiendo, además, lo que establece el artículo 54 de la Constitución y las preocupaciones de la clase médica, pero hoy, lamentablemente, expresa su inconformidad.
En todo caso, el Presidente Rafael Correa puede vetar ese y otros aspectos, señaló Andino, al explicar que de producirse la objeción la Comisión de Justicia tiene ocho días para presentar un informe no vinculante, para el allanamiento o la ratificación de lo inicialmente aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Sostuvo que los parlamentarios aceptaron la aplicación de las sanciones de carácter económico a todos los delitos, pero que al parecer el Ejecutivo propondría una rebaja de las multas para ciertos tipos de delitos, por ejemplo, el hurto y otros que no tienen mayor trascendencia.
También, sugeriría una modificación en lo atinente al procedimiento para las sanciones a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Puntualizó que “solo el Código Orgánico Integral Penal tiene 730 artículos, cerca de 200 reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, reformas a la Ley de Tránsito y otras normas, por lo tanto, el trabajo de socialización y recepción de aportes de más de dos años fue serio y responsable, pensando en las víctimas y, lo que es más, en su reparación integral, porque jamás estaremos ni vamos a estar de lado de la delincuencia”.
Si bien, hay que garantizar los derechos de los procesados o de los sentenciados, fundamentalmente tenemos que estar de lado de las víctimas y conseguir su reparación integral, expresó, al reiterar que espera que la normativa se convierta en la herramienta para que los jueces, los fiscales, la Policía, los abogados en el libre ejercicio puedan utilizarla de una manera adecuada, ágil, transparente y así seguir combatiendo la impunidad, concluyó.
Formación académica - Especialista en Gerencia de Proyectos Universidad Regional Autónoma de los Andes Nacional - Diplomado Superior en Gerencia de Marketing Universidad Regional Autónoma de los Andes Nac..
