La Ley Orgánica de Educación, es una ley que atañe a una gran parte de los ecuatorianos. Esta ley fue originalmente promulgada en el 2010, tras la implementación de la nueva constitución del 2008, y tuvo en aquella ocasión incluso la venia del entonces presidente Rafael Correa.
Su aprobación estuvo precedida de las justas demandas de la comunidad universitaria y sectores como la FEUE, FEPON, FEPUPE, entre otros gremios que anunciaban que la LOES violentaría el principio de la autonomía universitaria ganada en las luchas históricas del movimiento estudiantil, desde los inicios del siglo.
Controlar el pensamiento y la cultura de la población es la garantía para preservar la vigencia de un modelo de sociedad excluyente e inequitativa, que profundiza la brecha entre los que nada tienen y los grupos minoritarios de poder que se benefician de la riqueza nacional.
Desconocer el acervo cultural, resistencias y luchas populares, la interculturalidad y los saberes ancestrales es seguir manteniendo y reproduciendo el modelo de dominación colonial impuesto desde las grandes élites. Es por ello, que quienes conocen perfectamente esta estrategia, implementaron una normativa para controlar el desarrollo de la educación superior, a través del SENESCYT, como la única entidad que dirija la visión política y de planificación de la educación superior. Con ello, la educación superior perdió su autonomía y pasó a formar parte del único modelo neo-estructuralista del socialismo del siglo XXI.
La Universidad necesita forjar sus propios proceso de debate de manera libre, democrática, científica y armónica para guiar a la sociedad, una universidad al servicio de los pueblos que responda a las necesidades de un Estado con visión holístico del desarrollo de sus territorios, al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, al avance de la ciencia, tecnología e innovación, al fortalecimiento del mercado laboral, más no al servicio de las élites, ni de ningún modelo que trate de implementarse a la fuerza o por manipulación.
Por ello, la reforma a la LOES es urgente, para retomar e implementar una verdadera autonomía universitaria garantizando la independencia del Consejo de Educación Superior y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, como únicos organismos que rijan y controlen la política pública de la educación superior, delimitando el trabajo de la SENESCYT, a un trabajo eminentemente técnico, recuperar el derecho a un ingreso pleno y responsable de la juventud a la educación superior, superando las trabas de los exámenes de ingreso implementados por la SENESCYT, que ha sido un verdadero filtro para la elitización de la educación superior, dejando a más de medio millón de bachilleres fuera de las universidades.
