Es indignante que la mentira sea una práctica común de su gobierno; frente a la acelerada baja de su popularidad, por sus desaciertos, negligencias, improvisaciones y aplicación de políticas neoliberales en contra del pueblo ecuatoriano, miente permanentemente; ahora Usted manifiesta que la Asamblea Nacional está legislando en favor de la delincuencia organizada, porque se ha reducido las penas que propuso en los delitos de terrorismo y delincuencia organizada.
Su propuesta de reforma del Artículo 366 del COIP que corresponde al delito de terrorismo, contempla el incremento de la pena privativa de libertad: en el primer inciso de 10 a 13 años por 19 a 22 años; en el segundo inciso de 13 a 16 años por 22 a 26 años y en el décimo segundo inciso de 26 a 30 años.
De la misma la reforma del Artículo 369 del COIP que se relaciona con la delincuencia organizada: en el primer inciso propone el incremento de pena de libertad de 7 a 10 por 22 a 26 años; en el segundo inciso de 5 a 7 por 10 a 13 años; en el tercer inciso de 10 a 13 años por 26 a 30 años y finalmente de 7 a 10 años por 19 a 22 años. Es decir, sus propuestas han sido incluidas en el informe para segundo debate de manera textual, por tanto, le invito a leer para que no siga engañando al pueblo.
En el mes de noviembre del año 2023, en mi calidad de asambleísta, presenté un Proyecto de Ley que reforma a 5 leyes, con el propósito de ofrecer al Estado y a su gobierno un marco jurídico para garantizar el derecho a la seguridad ciudadana desde un enfoque integral, algunos de los articulados de su proyecto de Ley son similares a la mía; sin embargo, gracias a su decisión de dejar sin cuórum, debido a que su consulta no tendría sentido, la sesión en la que se iba a aprobar está suspendida, usted, prefirió gastar 60´022.933,86 de dólares para reformar 16 artículos del Código Orgánico Integral Penal y 8 artículos de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, para incrementar las penas en algunos delitos, cuando esto se podía realizar sin generar dicho gasto.
Presidente deje de mentir y póngase a gobernar, no culpe a terceros de sus negligencias. Dé el ejemplo a los jóvenes, sobre el valor de la palabra, la honestidad y la de transparencia.
Dra. Mariana Yumbay YallicoSu formación académica es notable, destacándose como Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los tribunales por la Universidad Central del Ecuador.
Ha alcanzado diversos logros académicos, entre ellos, su especialización en Derechos Colectivos por la Universidad Andina Simón Bolívar, su título de Magíster en Derecho Penal y Criminología obtenido en la Universidad Autónoma Regional de los Andes-Ambato, y su diploma en Derechos Humanos y Democracia por la misma institución. Su experiencia académica también incluye una destacada participación como experta en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España.
A nivel profesional, la Dra. Yumbay Yallico ha dejado una huella significativa. Ha colaborado como asesora y consultora para importantes organismos como CARE ECUADOR, ECOLEX, AYUDA POPULAR NORUEGA, PROLOCAL, AME y el BANCO MUNDIAL. Además, ha brindado asesoría a diversas organizaciones campesinas, indígenas y no indígenas en todo el país.
En el ámbito judicial, la Dra. Yumbay Yallico ha marcado hitos importantes al convertirse en la primera mujer indígena Jueza de Garantías Penales y de Tránsito de Bolívar, así como la primera mujer indígena Jueza de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Su destacada trayectoria también la llevó a presidir la Sala de Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia.
A nivel gubernamental, ha ocupado el cargo de Subsecretaria Social y de Articulación del Recurso Hídrico en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
Su compromiso con la academia se refleja en su labor como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, la Universidad de Guayaquil y el Instituto para las Ciencias Indígenas Pacari. Además, ha compartido su conocimiento como ponente y conferencista en diversas universidades e instituciones en numerosos países, incluyendo Costa Rica, Canadá, España, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, México, Guatemala, Brasil, Panamá, Suecia, Estados Unidos, entre otros.
También ha sido reconocida como miembro del Consejo de Expertos sobre Consulta Previa, Libre e Informada de Latinoamérica, así como del Grupo de trabajo por el Pluralismo Jurídico de Latinoamérica (PRUJULA).
