Con el objetivo de mejorar la gestión y la transparencia en las empresas públicas del país, la reforma a Ley Orgánica de Empresas Públicas termina con distorsiones económicas en enormes sueldos, pone fin a los puestos heredados y ordena su estado jurídico, acorde a la normativa.
Esta reforma marca el fin de los latisueldos, los sueldos dorados y otros pagos que han sido motivo de escándalo a nivel nacional, garantizando que las empresas públicas se adapten y se ajusten a la escala salarial vigente.
La nueva ley establece que ninguna persona podrá ganar más que el Presidente de la República, en concordancia con la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Asimismo, se prohíbe el nepotismo, evitando la herencia de puestos a familiares y las contrataciones de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Esto corrige distorsiones en los contratos colectivos que injustamente beneficiaban a unos pocos a costa del Estado y en detrimento del país.
Al ser entidades públicas, es lógico que estas empresas se apeguen a la Ley de Superintendencia de Compañías. Además, la responsabilidad administrativa se compartirá entre el Directorio de las Empresas Públicas con la Gerencia de cada entidad. Este cambio promueve decisiones más acertadas para el bien del país, las empresas públicas y las arcas del Estado.
La reforma abarca 20 artículos, de los cuales 9 han sido mejorados para facilitar su comprensión y evitar confusiones debido a su redacción original poco clara. Esto aporta precisión legal al texto normativo.
La normativa propone la creación de un Reglamento a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, algo que no existe desde la creación de estas entidades en 2008. Esta ley se aplicará a la Función Ejecutiva, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y las universidades que tengan empresas públicas.
Para asegurar la eficiencia y evitar la paralización de las actividades, se obliga a nombrar un Gerente subrogante y/o encargado por hasta dos meses. Además, las empresas públicas que actualmente son sociedades anónimas y cuyo único accionista sea el Gobierno Central o los GAD, deberán transformarse en empresas de economía mixta o públicas en un plazo no mayor a un año. Estas empresas, al recibir fondos del Estado, estarán sujetas al control de la Contraloría General.
Las filiales y subsidiarias de las empresas públicas deberán cumplir con las atribuciones establecidas y reportar sus disposiciones tanto al Directorio como al Gerente General de su entidad.
La Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Empresas Públicas representa un avance significativo hacia una mayor transparencia, eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos, asegurando que las empresas del Estado trabajen en beneficio de todos los ciudadanos. Fue presentada con el respaldo de 14 firmas.
Asambleísta por la provincia de Chimborazo
