Uno de los ofrecimientos del Gobierno de la Revolución Ciudadana fue el de consolidar una administración pública eficiente, eficaz, transparente y participativa para resolver cualquier demanda de la sociedad. Para lograr este objetivo necesitamos, por un lado una moderna y ágil ley de los servidores públicos, y por otro, un código de la administración pública que cumpla con las actuales expectativas del derecho administrativo. Ambas leyes nos mantendrán en la vanguardia de la legislación regional y mundial.
En el 2015, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció los avances alcanzados en Ecuador en materia de derechos de los trabajadores, siendo uno de los elementos más valorados la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar.
A partir de la aprobación de la Enmienda Constitucional se abrió una oportunidad histórica en materia de legislación laboral para lograr la igualdad y eliminar la discriminación en el sector público, acabar con esa obsoleta distinción entre trabajadores manuales y aquellos que realizan labores intelectuales, teniendo estos últimos mayores beneficios.
Con la Ley Reformatoria a las leyes que rigen el sector Público (LOSEP), la cual debatimos en la Asamblea Nacional, y luego de intensos debates y diálogos en la mesa de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, proponemos un paquete de reformas que constituyen un evidente avance en el fortalecimiento legal y garantizan equidad, igualdad y justicia laboral para las y los servidores públicos del país.
Entre los principales avances de esta ley Reformatoria a las leyes que rigen el sector Público constan:
Ya la OIT reconoció el avance internacional que vive nuestro país en materia laboral y que muchos, casa adentro, no quieren reconocerlo porque defienden determinados intereses y grupos económicos que no aceptan los avances en materia de derecho laboral de nuestros trabajadores.
El tiempo nuevamente nos dará la razón.
Fausto Cayambe
Asambleísta