El Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidido por Guadalupe Llori Abarca, con 6 votos afirmativos, calificó dos nuevas propuestas de ley, que serán remitidas a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para su respectivo trámite. Se trata de los proyectos de ley para fortalecer el Sistema Penitenciario y reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado.
Sistema Penitenciario
El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para Fortalecer el Sistema Penitenciario de iniciativa del legislador Ángel Maita, propone mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, permitiendo su reacción positiva, corregir su comportamiento, readaptarse y reinsertarse con voluntad y conciencia a la sociedad
De igual forma, propone modificar el Sistema de Rehabilitación de las personas privadas de la libertad, en el sentido de desarrollar el derecho de asociación, reasignar una de las competencias del organismo técnico del sistema al órgano jurisdiccional, reformar el régimen sobre el lugar del cumplimiento de la privación de la libertad, incorporar un nuevo nivel de seguridad del sistema penitenciario, así como la incorporación de una condición para el régimen semiabierto.
Ley de Contraloría
El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, de iniciativa de los legisladores Rosa Mayorga y Humberto Alvarado, pretende fortalecer procesos y actualizar las referencias normativas existentes en la Ley de la Contraloría, a cuerpos normativos específicos que ya fueron derogados.
En otro orden, el CAL, también conoció el pedido de indulto y amnistías, para lo cual se solicitó a la Comisión Administrativa para que, a través de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) emita el informe de verificación de cumplimiento de requisitos, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
