El Consejo de Administración Legislativa, presidido por Guadalupe Llori Abarca, con el voto unánime de los cinco presentes, calificó dos nuevas iniciativas legales, que iniciarán su trámite en las comisiones de Gobiernos Autónomos y de Desarrollo Económico. Se trata de los proyectos de Ley para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, sobre pagos en plazos justos, primero las Mipymes.
Asignaciones
El proyecto de Ley Orgánica para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y no Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de iniciativa de los asambleístas Henry Kronfle y Johnny Terán, propone que el Banco Central del Ecuador sea el responsable de retener mensualmente los ingresos del Presupuesto General del Estado, el monto correspondiente a las asignaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de transferirlos automáticamente dentro de los diez primeros días de cada mes.
El ente rector de las finanzas públicas establecerá el monto que les corresponde y en el caso de que no lo haga, el Banco Central del Ecuador aplicará la retención que aplicó en el mes inmediato anterior, sin perjuicio de que en el siguiente mes se reliquide el monto, de ser necesario.
Mipymes
Entre tanto, el proyecto de Ley Orgánica de Pagos en Plazos Justos, primero las Mipymes, auspiciado por la asambleísta Wilma Andrade, tiene como finalidad desarrollar un marco de protección para las personas naturales y jurídicas de posibles condiciones contractuales que afecten al pago de las micro, pequeñas y medianas empresas.
La normativa crea una indemnización por cobros tardíos, pudiendo ejecutarse una indemnización por el vencimiento del plazo. Se trata de normas consagradas como imperativas sobre posibles acuerdos entre las partes. Además, dispone que el Estado reconozca la norma y la aplicación de plazos, siendo de carácter obligatorio su posterior reglamentación.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
