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Este 9 de abril, la comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Alberto Zambrano, recibió información de las autoridades, sobre la utilización de recursos del Fondo Común para la Circunscripción Amazónica; y de presuntos delitos contra la flora y fauna silvestre.
Sobre el primer caso, el contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, informó que para el control del buen uso de los fondos hacen seguimiento continúo en Pastaza, Napo, Sucumbíos, Orellana y Morona Santiago con exámenes especiales, considerando los elementos de calidad en el gasto, en función a la planificación integral que proteja los derechos de las pueblos, la naturaleza, los ecosistema y la biodiversidad como un derecho concurrente.
Explicó que han realizado cinco exámenes generales que tienen que ver con recursos. Los exámenes se realizan al Fondo de Desarrollo Sostenible Amazónico y otros más amplios a los fondos de los organismos que son auditados. En Sucumbíos se realizaron dos exámenes al GAD municipal y provincial.
En la ejecución, durante el primer trimestre, se encuentran 11 exámenes, en donde se considera el análisis del uso y destino de dichos fondos a las provincias de Morona Santiago, Orellana, Pastaza y Sucumbíos. El estudio del uso de los fondos se está realizando en relación a un conjunto de operaciones administrativas, financieras, contractuales y anticipo de fondos realizados por las entidades parroquiales y municipales. Espera en los próximos 30 días concluir los exámenes.
En cuanto a la planificación para el resto del 2021, están considerados el análisis de los fondos en 25 exámenes. De forma general, dijo, han encontrado algunas responsabilidades de tipo administrativo, que están en procesamiento y por ello no las detalla.
El asambleísta Henry Romero, tras mencionar que los recursos del fondo común capitalizan 55 millones anuales, planteó ampliar el abanico de auditorias que se realizan a aquellos recursos provenientes de este fondo, su uso y distribución. El parlamentario Freddy Alarcón se refirió al Fondo para el Desarrollo Sostenible y al fondo común. Señaló la importancia de determinar si estos recursos se utilizaron únicamente para lo que dictamina la Ley Amazónica.
Se excusaron de asistir a esta reunión el presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Alex Cristóbal Hurtado Borbúa; y la secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Julia Landázuri, a quienes se les volverá fijar nueva fecha y hora para su comparecencia.
Frente a los pedidos justos, legítimos y legales, Marcelo Mata, ministro de Ambiente y Agua, en la Comisión de Biodiversidad, se comprometió a iniciar el régimen sancionatorio a los responsables del daño ambiental en El Dorado, activará el proceso de remediación ambiental, las respectivas compensaciones a los habitantes de las comunidades y el cierre inmediato del botadero de basura a cielo abierto de la provincia de Orellana. Esta decisión, a consecuencia de las acciones de fiscalización que lleva adelante la mesa legislativa.
Además, el ministro de Ambiente acogió el pedido del asambleísta Alberto Zambrano, presidente de la mesa legislativa, y se comprometió a visitar personalmente las comunidades para enfrentar este problema ambiental ocasionado por el botadero de basura.
Mata recordó que, el 16 de abril de 2019, el Ministerio dispuso el cierre técnico del botadero de basura por incumplimiento de la normativa ambiental de parte del GAD municipal. En el análisis técnico se encontró sedimentos en la aguas naturales, residuos sólidos al descubierto y se determinó un plazo de 24 meses para cumplir la disposición que se cumple el 16 de abril de 2021.
El 25 de marzo de 2021 se realizó una nueva inspección, determinando que no hay celdas para el tratamiento de lixiviados. A partir del 17 de abril de 2021 se aplicará las sanciones administrativas y se notificará a la Fiscalía para que actúe desde la via penal.
Por su parte, Marco Dávila, coordinador general Defensorial Zonal 2 de la Defensoría del Pueblo, señaló que la institución hizo seguimiento a la denuncia de los pobladores. Verificó que existe contaminación por efecto del botadero de basura a cielo abierto, generando afectación a cuatro comunidades, razón por la cual se exigió las debidas compensaciones, la remediación ambiental de esteros y fuentes de agua.
Dijo que se presentó una acción jurisdiccional de protección a las cuatro comunidades, en virtud de que el GAD municipal de Orellana ha incumplido con la respectiva compensación y remediación correspondiente.
De inmediato, los parlamentarios escucharon a Manuel Méndez, presidente y Franklin Flores de Participación Ciudadana y Control Social del GAD Parroquial de El Dorado; Alonso Jaramillo, María Robles y María Ogoña, representantes de las comunidades afectadas, quienes mostraron su indignación por la falta de sensibilidad de las autoridades del Gobierno Municipal de Orellana al no cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Ambiente ni de la Defensoría del Pueblo Zonal 2. Pidieron al ministro Mata inicie las acciones legales correspondientes.
Luego, la Comisión conoció el informe de la visita in situ que realizaron los legisladores Alberto Zambrano, Fredy Alarcón y Eddy Peñafiel, que concluye con 13 recomendaciones. Entre otras, piden que la Fiscalía inice un proceso investigativo de los proyectos botadero a cielo abierto de desechos sólidos y relleno sanitario de desechos sólidos del GAD municipal de Orellana, con el fin de determinar los responsables de la contaminación ambiental y la vulneración del derecho a vivir en un ambiente sano de los habitantes de las comunidades El Oro, Los Laureles, 6 de Octubre y la Paz. El documento fue aprobado con 10 votos.
Relleno sanitario La Concordía
En su segunda intervención, Marcelo Mata, al referirse a la posible contrucción del relleno sanitario en Santa Martha 2 y Agromache, del cantón la Concordía, precisó que se abrió un proceso investigativo sobre la base de las denuncias de los habitantes de los sectores que podrían ser afectados y por efecto del control político que lleva adelante la Comisión de Biodiversidad.
Alcaró que hasta el momento no existe ninguna construcción del relleno sanitario; sin embargo, como acción inmediata, la Cartera de Ambiente dispuso la comparecencia del alcalde de la Concordía para que expllique sobre el proceso y dónde se va a ubicar el nuevo relleno sanitario. Acción que se realizará esta semana.
Por su parte, el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias, dijo que la institución inició el seguimiento de este caso por efecto de la deuncia de los pobladores. Se comprometió a reformar los procesos internos para lograr mayor eficiencia de investigación de estos hechos que podrían incurrir en acciones de violación de uso de suelo; conformar mesas de diálogo con los pobladores y evaluar su situación para iniciar acciones inmediatas.
La mesa legislativa escuchó a Ana María Andrade y Luis Felipe Buenaño, representantes de los sectores afectados, quienes señalaron que no es conveniente construir un relleno sanitario donde hay afluentes de agua, tierras agrícolas y pobladores en sus alrededores, por ello solicitaron al Ministro de Ambiente que retire la licencia otorgada al GAD de la Concordia.
Marcelo Mata se comprometió a revocar la licencia ambiental porque el sector donde se pretende construir el relleno sanitario es una zona agrícola y exigirá la búsqueda de un nuevo sitio para la construcción del botadero de basura. Además, dijo que hará una visita al lugar para constatar la denuncia de los habitantes de esos cantones.
Declaratoria de Interés Nacional
La Comisión de Biodiversidad conoció el informe No. 14 de la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní, preparado por el equipo asesor, por el cual recomienda aprobar el informe y solicitar al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, contrate un equipo técnico para la actualización oportuna del Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní en el que se incluya la sostenibilidad financiera, un adecuado modelo de gestión y coordinación interinstitucional.
Comparecencias
La próxima semana la mesa legisaltiva convocará a Presidente y Secretaria de la Circunscripción Amazónica para que informen sobre temas relacionados con los ingresos al Fondo Común, desde la creación de la Ley Amazónica hasta la fecha.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zabrano, señaló que el lunes 29 de marzo, a las 09h00, la mesa legislativa recibirá de forma virtual a Marcelo Mata, ministro del Ambiente y Agua; Marco Dávila, coordinador general de la Defensoría del Pueblo, Zonal 2, quienes explicarán las implicaciones de contaminación del botadero de basura a cielo abierto y del relleno sanitario para la gestión de desechos sólidos de la parroquia El Dorado, responsabilidad del gobierno municipal del cantón Francisco de Orellana, en la provincia de Orellana.
Por su parte, Ricardo Ramírez, alcalde del cantón Francisco de Orellana, informará sobre el funcionamiento del actual botadero de basura a cielo abierto y del relleno sanitario que el gobierno autónomo municipal de este cantón prevé ubicar en la parroquia El Dorado.
Mientras, Manuel Méndez, presidente y Franklin Flores, de Participación Ciudadana y Control Social del GAD parroquial El Dorado; y Liber Cobos, María Robles y María Ogoña, representantes de las comunidades explicarán la problemática que enfrentan.
Seguidamente, los parlamentarios tomarán una resolución respecto del informe emitido por la subcomisión integrada por los asambleístas Alberto Zambrano, Eddy Peñafiel y Fredy Alarcón, quienes realizaron la inspección in situ el 24 de marzo de 2021.
Por otra parte, el ministro del Ambiente y Agua, Marcelo Mata y el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias, indicarán las acciones, en el ámbito de sus competencias, para defender los derechos de los habitantes y de la naturaleza de los sectores Santa Martha 2, Agromache y San Daniel, del cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en riesgo de ser afectados ante la inminente construcción de un relleno sanitario, en tierras agrícolas.
Por este tema, Ana María Andrade y Luis Felipe Buenaño, representantes de los sectores Santa Martha 2, Agromache y San Daniel, presentarán sus inquietudes a las autoridades.
Finalmente, la Comisión revisará el Informe semestral 14 emitido por el Ejecutivo para la Declaratoria de Interés Nacional de la explotación petrolera de los Bloques 31 y 43 dentro del Parque Nacional Yasuní.
En el marco del tratamiento del segundo debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente, en la Comisión de Biodiversidad, Franklin Rivera, director técnico de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de los cantones de Cañar, Biblian, El Tambo y Suscal de la provinia del Cañar, señaló que se debe emprender un manejo adecuado de los desechos peligrosos por parte de quienes lo generan, conforme lo determina el Covenio de Basilea al cual Ecuador está adscrito, pero no le corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados hacerse cargo de su tratamiento.
Rivera expuso el modelo mancomunado de gestión integral de residuos y desechos sólidos del pueblo Cañari, a considerarse en la reforma del Código de Ambiente. Recordó que en el CODA y su Reglamento se establecen las atribuciones a los Gobiernos Autónomos Descentalizados sobre los desechos sanitarios, lo cual contraviene el Covenio de Basilea, por tanto, sugirió eliminar del artículo 231 de la ley la frase: desechos sanitarios.
En otro orden, con 9 votos a favor, la mesa legislativa resolvió unificar el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Ambiente y al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de iniciativa de la asambleísta Liliana Durán, proyecto que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) a trámite.
Comparecencias
Con nueve votos a favor, la Comisión de Biodiversidad acogió el pedido de los moradores de Santa Martha 2 y Agromache del cantón La Concordia, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que comparezcan, en la próxima sesión, el ministro actual de Ambiente y Agua, Marcelo Mata; y, el superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), Pablo Iglesias. El objetivo es que se comprometan a dar solución a la problemática que enfrentan los habitanes de esos sectores por la construcción de un relleno santirrio en tierra agrícolas.
Así mismo, con nueve votos a favor, los parlamentarios conformaron una subcomisión integrada por los legisladores Eddy Peñafiel, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano, quienes verificarán el estado actual del botadero a cielo abierto y relleno sanitario para la gestión de desechos sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Francisco de Orellana, ubicado en la parroquia El Dorado, provincia de Orellana.
Por este tema, la Comisión resolvió citar, en 15 días, al Ministro de Ambiente y Agua, al Alcalde del GAD municipal del cantón Francisco de Orellana y al Coordinador General de la Defensoría Zonal 2, con quienes se analizará la investigación realizada por los parlamentarios y denunciada en la Comisión por Manuel Méndez, presidente de la parroquia El Dorado, quien señaló que existen varias comunidades afectadas.
Méndez dijo que la mayoría de pobladores tienen enfermedades respiratorias y gastrointestinales, sufren dolores de cabeza debido al mal olor que emana el botadero.
Reglamento Ley Amazónica
Los parlamentarios conocieron el informe del equipo asesor sobre el Reglamento de la Ley Orgánica de la Amazónica que contiene la sugerencia de comparecencias de varias autoridades; así como, el sustento del pedido al Presidente de la República de reformas a dicho Reglamento, tomando en cuenta que no se recoge el espíritu del contenido de la ley.
En el marco del tratamiento y construcción del informe para segundo debate del proyecto de reformas al Código de Ambiente, la Comisión de Biodiversidad invitó de forma virtual, a Franklin Rivera, director técnico de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral, de los cantones de Cañar, Biblián, El Tambo y Suscal de la provincia del Cañar, para que exponga sus comentarios al proyecto, el lunes 22 de marzo, a las 09h00.
Luego los parlamentarios analizarán y tomarán una resolución acerca del pedido formulado por las comunidades de Santa Marta 2, Agromache y San Daniel, del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, para que comparezcan el nuevo ministro del Ambiente y Agua, Marcelo Mata Guerrero y el recientemente posesionado Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, Pablo Iglesias Paladines.
El objetivo es exponerles la problemática suscitada en cantón La Concordia respecto de la construcción de un relleno sanitario recientemente contrado por el Gobiero Autónomo Descentralizado de esta circunscripción, e informen cuáles van a ser las acciones que, en el ámbito de sus competencias, prevén realizar a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza de esos cantones que están en riesgo de ser afectados, ante la inminente construcción en las tierras agrícolas en las que desempeñan sus actividades de subsistencia.
Por otra parte, la mesa legislativa conocerá el informe preparado por el nivel asesor respecto del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) y al Código Orgánico del Ambiente (Coda), presentado por la asambleísta Liliana Durán, que fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, a trámite en la Comisión de Biodiversidad.
Por último, los comisionados aprobarán una resolución sobre el contenido del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, cuyo Decreto Ejecutivo N° 1264 fue publicado en el Registro Oficial, el 12 de marzo de 2021.
Para recibir información sobre la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza de los sectores Santa Martha 2 y Agromache, del cantón La Concordia, la Comisión de Biodiversidad convocó al Contralor, Pablo Celi de la Torre, quien informó que la institución realiza un examen especial al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La Concordia respecto a la planta de reciclaje y otro al relleno sanitario que cuenta con financiamiento del Banco del Desarrollo, cuyo trabajo concluirá el 20 de abril de 2021.
Precisó que el examen especial obedece al pedido planteado por la Comisión de Biodiversidad. Se realiza una aduditoría a las etapas preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago de los procesos de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría por el período comprendido ente el 13 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2020, respecto del relleno sanitario en los sectores mencionados.
Líneas de crédito
Lupe Velasco, gerente General de BanEcuador, detalló las operaciones de crédito entre mayo de 2017 al 10 de marzo de 2021, a nivel nacional. Al hacer una descripción de los valores entregados a cada sector productivo, por destino, precisó que el 58 % de la colocación ha sido destinada al sector agropecuario, acuícola, pscícola y pesquero artesanal. Más de 41 millones de dólares se han entregado a alrededor de 4000 beneficiarios a nivel nacional; y más de nueve millones de dólares a 1100 beneficiarios de las provincias de la Amazonía, agregó.
Los parlamentarios, Fredy Alarcón, Eddy Peñafiel y Juan Pablo Velín, solicitaron a la gerente de BanEcuador amplié la información de lo solicitado por los sectores productivos de la Región Oriental y lo entregado por BanEcuador, así como los montos de mora y cartera vencida. Recordaron que en la Ley Amazónica se establece la generación de líneas de crédito especiales y preferenciales que no se cumplen.
Así mismo, expresaron su preocupación por la situación porque los créditos del Banco del Pacífico nunca llegaron a la provincia. Existen proyectos pero no hay recursos y los trámites se demoran para su aprobación, precisaron.
Por otra parte, la mesa legislativa escuchó a Fausto Rayo, representante de los gremios piscicultores de la Amazonía, quien indicó que los créditos se aprueban conforme a las políticas de los bancos y no a las necesidades de los productores.
Natacha Benítez aseguró que en la sucursal de BanEcuador, en Lago Agrio, le indicaron que no hay líneas de crédito para un proyecto piscícola. David Balcazar, productor de maíz, de la provincia de Orellana, dijo que tiene un crédito, pero se enteró que debe pagar más por beneficiarse del período de moratoria por la pandemia.
Entre tanto, Ángel Pazmiño, integrante del Consejo Consultivo del Maíz, de Sucumbíos, recordó que en los bancos exigen garantes y patrimonio de parte del peticionario, razón por la cual no se pudo culminar el trámite de crédito de una mujer emprendedora para un sembrío de ciclo corto.
La gerente General de BanEcuador, luego de escuchar los plantemientos tanto de los parlamentarios como de los sectores productivos de la Amazonía, se comprometió a realizar las investigaciones del caso, tomando en cuenta que esta institución está dirigida a generar créditos oportunos, con servicio de calidad, descentralización y posibilidades de pago de acuerdo a los ciclos productivos.
Reformas Código Ambiente
La Comisión inició el tratamiento del proyecto de reformas al Código de Ambiente, de iniciativa de la asambleísta Liliana Durán, calificado por el Consejo de Administración Legislativa. La propuesta está orientada a establecer planes, programas y proyectos sobre el reciclaje, desechos sólidos y atribuciones en esta materia, por parte de los gobiernos municipales y provinciales que tendrán la facultad de crear ordenanzas con incentivos a quienes intervienen en la gestión integral de los desechos sólidos.
Liliana Durán señaló que el reciclaje de desechos desde el hogar, así como la actuación de las industrias permitirá generar acciones que contribuirán a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Dijo que su propuesta reforma el Cootad y el Código de Ambiente.
El presidente de la mesa legislativa, Alberto Zambrano, resaltó la importancia de la propuesta de la parlamentaria Durán e indicó que la próxima semana iniciarán con el tratamiento del articulado.
Reglamento Ley Amazónica
Finalmente, la Comisión de Biodiversidad rechazó el contenido y alcance del Reglamento de la Ley Amazónica, publicada el 12 de mazo de 2021. Los parlamentarios argumentaron que el documento fue publicado al apuro, sin un estudio técnico jurídico. Dijeron que se incumple con la Disposición Transitoria Séptima que determina que, en un plazo de 120 días, las entidades financieras deben establecer líneas de crédito preferente para los sectores productivos de la Amazonía
Tampoco se regula las tarifas eléctricas con políticas de promoción; no se establece las sanciones para quienes contaminen la naturaleza y el ambiente; ni se toma en cuenta el trato preferencial para la contratación de servicios, entre otros aspectos.
En este marco, la mesa legislativa exigirá al Ejecutivo una reforma al Reglamento. Para el efecto, la Comisión conformará un equipo técnico jurídico para revisar que el contenido del Reglamento de la Ley Amazónica estén en concordancia con la normativa.
Para que informen sobre las líneas de crédito para productores agropecuarios, ganaderos y acuicultores, en particular para los piscicultores de la Región Amazónica, la Comisión de Biodiversidad convocará a Xavier Lazo, ministro de Agricultura y presidente del Directorio de BanEcuador; y a Lupe Velasco, gerente general de BanEcuador B.P. La cita será el lunes 15 de marzo, a las 09h00.
Por este tema, también están citados los representantes de los gremios piscicultores, ganaderos y productores de maíz amarillo, de las provincias de Sucumbíos y Orellana, quienes informarán la situación en la que se encuentran estos sectores productivos por el azote de la pandemia del COVID-19 y la falta de incentivos para su sostenimiento y desarrollo.
También está prevista la comparecencia de Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado, quien indicará las acciones que ha realizado a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza, de los sectores Santa Marta 2 y Agromache del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ante la inminente construcción de un relleno sanitario recientemente contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, a ser ubicado en las tierras agrícolas donde desempeñan sus actividades de subsistencia.
Luego, los comisionados iniciarán el tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) y al Código Orgánico del Ambiente (Coda), presentado por la asambleísta Liliana Durán, calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Finalmente, se realizará la lectura, análisis y resolución sobre el contenido del Reglamento General a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica publicado con fecha 9 de marzo de 2021 y que entrará en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial.
Representantes y voceros de organizaciones de protección al medio ambiente y del movimiento animalista del Ecuador realizaron observaciones al proyecto de reformas al Código de Ambiente, en el marco del tratamiento del informe para primer debate preparado por la Comisión de Biodiversidad. Las intervenciones se realizaron en la sesión 695 del Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 9 de marzo.
El primero en intervenir fue Hugo Echeverría, representante de la organización de protección al medio ambiente CDER. Resaltó la importancia de la reformas legales ya que estas garantizan los derechos de la naturaleza, enmarcados en los preceptos constitucionales. Dijo que los cambios a la norma representan derechos a la seguridad jurídica porque establecen aspectos que no están legislados.
Señaló que las modificaciones dotan de contenido esencial a un derecho que consta en la Constitución como es el respeto integral de la naturaleza. Así mismo, resaltó que se definen requisitos claros para el ejercicio de los derechos constitucionales de la naturaleza, además de que la reforma abarca los componentes de ambiente, agua y minería. Indicó que la misma tiene un enfoque de derechos ya que esta incluye sectores estratégicos.
Estuvo también Cristina Cely, representante de One Health en Ecuador, quien se refirió al problema generado por la pesca incidental en el mar territorial. Habló sobre la vigencia de la Ley de Pesca e hizo alusión a que la misma presenta inconvenientes por la falta de reglamentación. Dijo que la pesca incidental genera millones de pérdidas económicas en todo el mundo y es un grave perjuicio para la fauna marina, especialmente de Ecuador.
Hizo un recuento del caso de las 26 toneladas de aletas de tiburón que fueron incautadas y las enormes pérdidas que generan esos actos ilegales. Enfatizó que dentro del marco legal se establezcan mecanismos de prohibición sobre la comercialización de pesca incidental y conminó a que esta debe tener un reglamento que permita la sanción a quien efectúe ese tipo de captura marina.
Por su parte, Cristina Alarcón, del Movimiento Animalista Nacional (MAN), se refirió a la fauna urbana y exótica. Dijo que los animales de estas características deben ser considerados como animales que sienten, por lo que precisó tomar en cuenta temas sobre maltrato y tener como referencia los elementos de la Declaración de Cambridge sobre conciencia animal.
Finalmente estuvo Shady Heredia, de Protección Animal Ecuador (PAE), que respaldó el trabajo de reformas al Código de Ambiente. Manifestó que con las reformas se amplía y mejora el marco legal que busca dotar de mayor protección a la fauna silvestre y exótica. Añadió que dentro de la norma no se puede establecer a los animales como seres inmuebles o semovientes, pues en la actualidad, los conceptos como el bienestar animal garantizan marcos legales para su protección y cuidado, dijo.
Una vez concluidas las intervenciones, el presidente encargado de la sesión del Pleno, César Solórzano, clausuró las comisiones generales dentro de la sesión 695.
El Pleno de la Asamblea Nacional, en la continuación de la sesión 695, tramitó en primer debate el proyecto de reformas al Código de Ambiente que tiene como ejes, la conservación y remediación de la contaminación de ríos; mejores estándares de defensa de áreas protegidas; protección de fauna urbana, marina y exótica; el reconocimiento de los animales como seres sintientes; la inclusión del modelo de gestión de geoparques de la Unesco; y la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos, según indicó Alberto Zambrano, presidente de la Comisión de Biodiversidad.
El parlamentario señaló la necesidad de establecer un equilibrio ambiental para proteger la naturaleza. Dijo que en Ecuador apenas el 12 % del agua que se usa para consumo humano recibe el tratamiento adecuado previo a su descarga en ríos y quebradas. Por ello, en la reforma se determina las obligaciones de los GAD municipales y provinciales para la remediación de los ríos por contaminación; y a los GAD municipales y metropolitanos la prohibición de efectuar descardas de aguas residuales en estos cuerpos de agua.
Precisó que para generar mayores estándares de protección en manglares y áreas protegidas, se prevé que el Estado recuperará los espacios naturales degradados; lo mismo harán los ciudadanos, dentro de los predios de su propiedad, cuando es su responsabilidad directa. Además, no se autorizarán ni ejecutarán obras, proyectos o actividades en zonas en las que existan ecosistemas frágiles, sitios críticos o estratégicos de importancia biológica para la conservación de especies de vida silvestre, endémicas o migratorias amenazadas de extinción.
Sobre fauna urbana, marina y exótica, Alberto Zambrano subrayó que se prohibe introducir al territorio nacional fauna silvestre exótica; además, se regula el bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción y la adopción de animales de compañía por parte de los municipios; permite la reproducción de animales de compañía y venta de estos a través de licencias o permisos para evitar la reproducción en condiciones insalubres y de maltrato animal.
Además, se prohibe de manera temporal la comercialización de la pesca incidental hasta que se mejoren las normas de inferior jerarquía sobre artes de pesca y pesca incidental que consta en el propio Código Orgánico del Ambiente y la vigente Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca que aún no cuenta con su reglamento.
Explicó que en el informe se agrega un Libro Tercero sobre la reducción del uso de fundas y sorbetes plásticos; así como la inclusión del modelo de gestión de Geoparques de la Unesco, orientado a la conservación del patrimonio geológico, biológico y cultura; la sostenibilidad ambiental, social y económica; la investigación y divulgación científica, así como el conocimiento del territorio.
Alberto Zambrano destacó la participación de diferentes sectores que contribuyeron a estructurar el informe para primer debate y pidió a los legisladores pronunciarse sobre el articulado del mismo, lo cual permitirá mejorar el texto para segundo debate.
Debate
En el debate, el asambleísta Tito Puarchir resaltó la inclusión de artículos sobre la conservación y protección de la fuentes de agua y ríos. Pidió incluir en la normativa la opinión de la población en la determinación de los geoparques.
Por su parte, el parlamentario Juan Cárdenas indicó el interés de varios actores por los avances de la reforma al Código de Ambiente; sin embargo, afirmó que no está clara la sanción para las “mafias” autoras y beneficiarias del contrabano de aletas de tiburón.
Mientras que, el legislador César Rohón dijo que existe una confusión en la reforma al Código de Ambiente, en lo que respecta a los conceptos de trazabilidad de productos y pesca incidental. Indicó que no se puede judicializar todo, por tanto pidió revisar los textos sobre este tema.
El asambleísta Fafo Gavilanez señaló que es necesario identificar geográficamente las extensiones de los páramos para que de manera equitativa se asignen recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados muncipales, para que puedan ejecutar un plan permanente de conservación de las fuentes de agua. Pidió que la Comisión realice una mesa técnica con los estamentos correspondientes para identificar los páramos y que se les dé la compensación respectiva.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, dio por terminado el debate de este tema, tras agotarse todas las solicitudes de palabra por parte de los legisladores.
La Comisión de Biodiversidad fiscaliza la denuncia sobre vulneración de derechos humanos y ambitentales con la posible construcción del relleno sanitario en Santa Martha 2 y Agromache del cantón la Concordia. Fabián Neira, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, afirmó que presuntamente se estaría inobservando las normas de calidad ambiental. El ministro de Ambiente, Paulo Proaño, se comprometió a realizar una inspección técnica, la próxima semana, a fin de verificar que no se violente los derechos de los pobladores, así como el cumplimiento de normativa ambiental.
Neira dijo que, luego de varias inspecciones, se concluye que la zona debe ser protegida por ser agrícola y productiva; que se estaría inobservando las normas de calidad ambiental. Sugirió que el GAD municipal debería realizar una nueva inspección, a fin de evitar una infracción por mal uso y gestión de suelo. Por otra parte, recomendó la socialización de todo el proceso con los pobladores inmersos en estos temas y precisó que, luego de la inspección técnica, la zona no es compatible para hacer la construcción del relleno sanitario.
De su lado, Ana María Andrade, representente del sector Agomache, considera que la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial debe intervenir y detener el avance del proyecto de construccuón del relleno sanitario en el cantón La Concordia que tiene un registro ambiental de 2018.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, informó sobre la visita realizada al sector de Santa Martha 2 y Agromache, sugerida por la Subcomisión de Biodiversidad. Dijo que se evidencia que hay empresas privadas que demuestran el permiso con las debidas licencias, pero que hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo. Manifestó la necesidad de un relleno sanitario tomando en cuenta que están por colapsar las celdas emergentes de relleno. Para no afectar los derechos de las personas, planteó que se realice una consulta ambiental, en el marco de los derechos de la naturaleza.
Entre tanto, Paulo Proaño recordó que la competencia para desarrollar este proyecto le corresponde al GAD municipal de la Concordia, conforme las competencias establecidas en la Constitución. La autoridad aseguró que el Ministerio de Ambiente velará porque se cumpla la normativa actual vigente para alcanzar la calidad ambiental requerida.
El presidente de la mesa legislativa, Alberto Zambrano, solicitó al ministro entregue copia certificada de todo el proceso de inspecciones sobre el relleno sanitario. Recordó que muchos pobladores denuncian que no es factible realizar dicho por ser zonas eminentemente agrícolas y se estaría violentando sus derechos humanos. El ministro Proaño se comprometió a verificar, medir y realizar una inspección técnica, personalmente, con el acompañamiento de los pobladores, para emitir un informe.
El ciudadano Luis Felipe Buenaño, de la Comisión Anticorrupción local, solicitó una inspección personal de las autoridades de Ambiente y Defensoría del Pueblo para que verifiquen la cercanía de los asentamientos humanos y las lagunas y vertientes que serían afectados si se permite la construcción del relleno sanitario en Agromache y Santa Martha 2.
Por este tema, también debía comparecer el contralor, Pablo Celi, quien presentó su excusa por tener compromisos adquiridos con anterioridad. La mesa legislativa resolvió citarle nuevamente para la próxima sesión.
Reglamento Ley Amazónica
Johanna Pensántez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, de forma virtual, señaló que el borrador del Reglamento de la Ley Amazónica fue enviado por el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), y luego de realizar algunos ajustes al documento, por reiteradas ocasiones, solicitó al Ministerio de Finanzas envié el informe del dictamen presupuestario para su expedición, pero que hasta el momento no cuenta con el mismo.
Los parlamentarios recordaron que en el 2018 se aprobó la Ley Amazónica y hasta el momento no se cuenta con el Reglamento. Además, el Ejecutivo se comprometió a su expedición hasta septiembre de 2020, lo cual evidencia su negligencia con la consecuencia de perjuicio a los ciudadanos. Pidieron que en la presente administración se expida el Reglamento, porque a falta del mismo no se puede aplicar parte de la Ley.
Alex Hurtado, presidente del CTEA, recordó el borrador del Reglamento se socializó en los cuatro gabinetes sectoriales y por reiteradas ocasiones ha insistido sobre la necesidad de su expedición.
Resolución
Con 7 votos, la Comisión de Biodiversidad acogió el pedido del legislador Henry Moreno, a fin de exigir el Presidente de la República la expedición del Reglamento a la Ley Amazónica, e iniciar el proceso de juicio político contra el Ministro de Finanzas, por incumplimiento de funciones al no emitir el dictamen correspondiente; así como del Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA que, administrativamente, tiene rango de ministro.
Transferencia GAD Amazónicos
Por tercera ocasión, la Comisión de Biodiversidad convocó al Ministro de Finanzas para que explique sobre el retraso de entrega de recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible a los GAD amazónicos; sin embargo, envío su excusa. La mesa legislativa resolvió enviar un comunicado al Presidente de la Asamblea Nacional, indicando la inobservancia a los procesos de control político, a fin de que inicie las acciones pertinentes.
Reformas Ley Minería
Los asambleístas Gabriela Larreátegui y Elio Peña explicaron el alcance de sus propuestas de reformas a la Ley de Minería. Larreátegui dijo que es necesario realizar esfuerzos para reducir el impacto ambiental de la minería y minimizar la huella de sus actividades a lo largo del ciclo minero.
Por su parte, el parlamentario Elio Peña explicó la necesidad de incluir en la Ley el registro minero y el silencio administrativo positivo.
Nuevas Comparecencias
Por pedido del asambleísta Fredy Alarcón, con 10 votos, la Comisión de Biodiversidad citará, la próxima semana, al Presidente del Directorio y Gerente de BanEcuador B.P, para que informen sobre las líneas de crédito para productores agropecuarios, ganaderos y acuicultores, en particular para los psicultores de la Región Amazónica.
