Oficina:
Sígueme en
Contáctame 
En la agenda de la Comisión de Biodiversidad a realizare el lunes 8 de marzo, a las 09h00, se registran varios temas para ser tratados con distintas autoridades del Gobierno Central y de organismos seccionales. Esta prevista la comparecencia de Johana Pesantez, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República; Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para que indiquen las acciones tomadas para la expedición del Reglamento de la Ley Amazónica.
La mesa legislativa también convocó a Freddy Carrión, defensor del Pueblo; Fabián Neira, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; Pablo Celi de la Torre, contralor General del Estado; y Paulo Proaño, ministro del Ambiente y Agua, quienes informarán las acciones que, en el ámbito de sus competencias, han realizado a fin de propender a la defensa de los derechos de los habitantes y de la naturaleza, de los sectores Santa Marta 2 y Agromache del cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Como se recuerda, en estos sitios se pretende realizar la construcción de un relleno sanitario y recientemente el gobierno autónomo municipal dio la autorización para iniciar la obra. Los pobladores de la zona explicaron que los habitantes se dedican a la agricultura siendo esta la forma de subsistencia, tomando en cuenta que las tierras son aptas para este trabajo.
En otro orden, la Comisión citó, por tercera ocasión, al Ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (CECMI), para que informe sobre la problemática de contaminación que afecta al bosque del Chocó. Así mismo, al Ministro de Economía y Finanzas, para que explique las razones del retraso de un año de las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, del Fondo de Desarrollo Sostenible.
Por último, está prevista la presencia virtual de los asambleístas Gabriela Larreátegui y Elio Peña, quienes sustentarán sus observaciones respecto de las reformas a la Ley de Minería que fueron incorporadas en el articulado del informe para segundo debate de este proyecto de ley.
En la Comisión de Biodiversidad, Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno, debía informar la situación de contaminación que afecta al bosque del Chocó; y, Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, le correspondía indicar las razones del retraso de transferencias de recursos a los GAD Amazónicos. Por segunda ocasión presentaron sus excusas, hecho que generó malestar de los parlamentarios porque constituye un agravio que afecta la facultad fiscalizadora de la Asamblea Nacional.
Los asambleístas resolvieron citar por tercera ocasión a los dos funcionarios de las Carteras de Gobierno y Finanzas, con la condición de que si no asisten al llamado de control político, iniciarían un proceso de juicio político por desacato a la Constitución e incumplimiento de funciones.
Además, la mesa legislativa comunicará a la Presidencia de la Asamblea Nacional las reiteradas inasistencias de los funcionarios en los procesos de fiscalización, así como el irrespeto a la Función Legislativa, a fin de que proceda como corresponda.
Relleno Sanitario
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad, con 10 votos, resolvió citar al Ministro de Ambiente; al Defensor del Pueblo; y al Contralor General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, señalen las acciones emprendidas para garantizar y proteger los derechos humanos de los pobladores de Santa Martha y Agromache del cantón La Concordia, donde se pretende construir un relleno sanitario.
Los parlamentarios recordaron la visita in situ que realizó la subcomisión integrada por los legisladores Liliana Durán y Xavier Casanova, quienes en su informe realizaron algunas recomendaciones y sugerencias a esas instituciones, además la preocupación de las comunidades porque se estaría violentando sus derechos humanos.
Por su parte, Ana Andrade, representante del recinto Santa Martha 2 y Agromache, recordó que estos sectores son eminentemente agrícolas. Pidió se investigue lo relacionado al nuevo contrato para la construcción del relleno sanitario porque existen inconsistencias, además por qué el Ministerio de Ambiente entregó las licencias ambientales y el GAD los permisos respectivos.
Sobre este particular, los parlamentarios consideraron oportuno que los funcionarios expliquen los fundamentos para entregar licencias ambientales y las acciones que está realizando la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de los pobladores.
Reglamento Ley Amazónica
Ante la preocupación por la falta de promulgación del Reglamento a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, la Comisión de Biodiversidad, con 10 votos, resolvió insistir, por segunda ocasión, al Presidente de la República que lo promulgue antes de la culminación de su mandato presidencial. Los comisionados recordaron que hubo un compromiso del Gobierno Central de hacerlo hasta septiembre de 2020.
El pedido lo formuló el legislador Henry Moreno, quien a su vez pidió la comparecencia de Alex Hurtado, presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica, para que indique las acciones ejecutadas para conseguir dicha promulgación. Así mismo, de la secretaria general de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, quien informará las acciones tomadas y el estado actual de construcción del Reglamento referido. Los comparecientes serán citados en la próxima sesión de la Comisión.
Reformas Ley Minería
La Comisión inició el estudio de las observaciones entregadas por varios asambleístas durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los comisionados resolvieron revisar artículo por artículo las sugerencias planteadas.
En el artículo 9, por el cual se propone que la Agencia de Regulación y Control Minero realice la inscripción o emita informes de otras modalidades de contratación minera, distintas a las permitidas y determinadas, tanto en la ley como en su Reglamento. El parlamentario Absalón Campoverde señaló que se dejaría la puerta abierta a que se creen modalidades de contratación minera por cualquier vía e incluso dejando a los operadores mineros en libertad para, a su criterio, suscribir instrumentos jurídicos que sean contrarios a la norma.
Además, indicó que esta entidad deberá contar con personal técnico necesario para los proyectos a gran escala, lo que desembocaría en incremento de personal y presupuesto. Por su parte, el legislador Eddy Peñafiel mencionó la necesidad de actualizar la información y escuchar a los representantes de los ministerios encargados y a los actores de la cadena de minería.
El asambleísta Fredy Alarcón, vicepresidente de la Comisión, indicó que es necesaria una Ley de Minería que beneficie al país, por tanto, es importante la participación de diferentes actores como el Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales no renovables, Academia, Agencia de Regulación y Control Minero, para que den sus criterios sobre las reformas.
Los parlamentarios acogieron la sugerencia y resolvieron que los representantes de las instituciones mencionadas envién a la Comisión, por escrito, sus observaciones y solicitarán su comparecencia para que las expliquen. Igualmente, invitarán a los asambleístas que propusieron algunas reformas a la Ley de Minería.
Otro tema analizado fue la incorporación del Registro, Catastro Minero y del Sistema Único de Registro y Castastro Minero. El parlamentario Absalón Campoverde señaló que la propuesta es viable porque permitirá centralizar la información referente al registro de actos mineros como del catastro; sin embargo, no se incluye bajo qué formato o plataforma se implementaria este Sistema Único de Registro.
Fredy Alarcón, encargado de la conducción de este tema, suspendió la sesión con el fin de convocar a los titulares de las instituciones mencionadas para que expongan sus observaciones que servirán de base para construir una normativa que beneficie al país.
En la Comisión de Biodiversidad, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, informará sobre el retraso de un año en las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Amazonía, del Fondo de Desarrollo Sostenible, previsto en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La mesa legislativa sesionará, el miércoles 3 de marzo, a las 09h00.
En el oficio dirigido a la Comisión, Andrés Bonilla, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), menciona que el monto que adeuda el Gobierno Central es de alrededor de 221 millones de dólares, valor que corresponde al periodo enero- noviembre de 2020, según el reporte de la Dirección Económica y Comercio Internacional de Petróleo del Viceministerio de Hidrocarburos.
En otro orden, la mesa legislativa citó por tercera ocasión, al general Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, para que exponga los últimos datos sobre la problemática de contaminación que afecta al bosque del Chocó y aportará en la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de Biodiversidad que visitará los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. En ocasiones anteriores, el funcionario de Gobierno se excusó por tener que cumplir funciones inherentes a su cargo.
Por otra parte, los parlamentarios analizarán y resolverán sobre el pedido realizado por los moradores de los sectores Santa Martha 2 y Agromache del cantón La Concordia, respecto del contrato que el Municipio de esta circunscripción ha firmado recientemente para la construcción del relleno sanitario en los terrenos ubicados en los antes citados sectores.
De allí, los comisionados revisarán y aprobarán el articulado incluido en la matriz de trabajo del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Minería.
Con 10 votos a favor, la Comisión de Biodiversidad resolvió que el ministro de Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, en la próxima sesión virtual, entregue cifras de la producción diaria de petróleo que se extrae de la Amazonía; además de un cuadro comparativo del cálculo de pago de la asignación diaria del mercado interno y externo entre el 2019 y 2020 que ingresa al Fondo de Desarrollo Sostenible.
También, conformarán una mesa de trabajo interinstitucional en la que participarán los asambleístas de la mesa legislativa, el presidente del Comaga, Andrés Bonilla, y el ministro de Recursos Naturales no Renovables. El objetivo es esclarecer las dudas generadas por las transferencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la región, del Fondo de Desarrollo Sostenible previsto en la Ley Amazónica.
El ministro René Ortiz aceptó el pedido formulado por los asambleístas Eddy Peñafiel y Gabriela Cerda, y fue él quien planteó realizar la mesa de trabajo para esclarecer datos. Por reiteradas ocasiones indicó que, en el marco de sus competencias, se ha cumplido con lo que establece el artículo 60 de la Ley Amazónica.
Indicó que en todo el 2020, excepto enero, el petróleo se vendió en menos de 50 dólares, razón por la cual se aplicó lo que determina la ley, la entrega de mínimo de 2 dólares por cada barril de petróleo y solo en enero se aplicó el 4 % porque el precio del barril de petróleo fue de 52 dólares. Valores que entraron al Fondo de Desarrollo Sostenible.
En el detalle de la información, Rene Ortiz precisó que la empresa Petroamazonas (extinta) generó un total de 93,03 millones de barriles en el 2020; mientras que las operadoras Crudo Oriente y Napo un total de 33,36 millones de barriles, es decir, un total de 126,39 millones de barriles, lo cual generó un total de 254,09 millones de dólares que fueron transferidos al Fondo de Desarrollo Sostenible, por aplicación de la Ley Amazónica.
Amplio debate generó los datos expuestos por el ministro Ortiz, por parte de los parlamentarios y del presidente del Comaga, quienes discreparon con la información ya que existe una deuda al Fondo de Desarrollo Sostenible. Manifestaron su preocupación al no tener la liquidación interna, lo que genera un retraso y perjudica al progreso de la Amazonía ecuatoriana, dijeron.
De su lado, Jhon Arroyo, delegado del Banco Central, expuso el monto del Fondo de Desarrollo Sostenible, distribuido en los años 2019, 2020 y 2021. Precisó que en el 2019 se entregó 251 677 679 21 dólares; en el 2020 un total de 173 663 491 50 dólares; y en enero de 2021 el monto es de 16 213 771 12 dólares. Dijo que los valores distribuidos se encuentran en las cuentas de los GAD, hasta el 10 de cada mes.
El legislador Eddy Peñafiel indicó que las cifras expuestas por el representante del Banco Central no concuerdan con los datos proporcionados por el Ministro de Recursos Naturales no Renovables. Solicitó, se convoque a la gerente del Banco Central para que absuelva algunas dudas.
Por su parte, Gonzalo Maldonado, gerente general de Petroecuador, dio a conocer el esquema de comercialización, procesos y la línea de tiempo estimado de recepción y distribución de recursos, que se lo hace en los primeros 10 días de cada mes, de conformidad con lo que determina el artículo 61 de la Ley Amazónica.
En su turno, Alex Hutado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Amazónica, indicaron que su labor es evaluar y transparentar el destino de los recursos económicos del Fondo. Mencionaron que la inversión de los GAD deben ir en función del cierre de las brechas insatisfehas en la región.
Julia Landázuri enfatizó que no todos los GAD entregan información de los gastos que realizan con los recursos del Fondo de Desarrollo Sostenible. Alex Hurtado sostuvo que, debido a esta situación, el Consejo de la CTEA notificó a la Contraloría para que inicie las investigaciones del caso. Los comisionados cuestionaron el incumplimiento de entrega de información de ciertos GAD.
Entre tanto, Andrés Bonilla, presidente del Comaga, destacó la importancia de la resolución tomada por la Comisión de Biodiversidad. Pidió que nuevamente se convoque al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, para que informe sobre el retraso de un año de entrega de recursos a los GAD de la Amazonía.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Alberto Zambrano, indicó que para la próxima sesión será nuevamente convocado el Ministro de Finanzas.
Visita in situ
Por otra parte, la Comisión de Biodiversidad resolvió suspender la visita in situ, hasta que existan las condiciones, garantías y facilidades de viaje, a los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, prevista de 26 al 28 de febrero, a fin de fiscalizar las denuncias presentadas por los habitantes de esos catones, por la contaminación del bosque del Chocó, producto de la minería ilegal y legal. Particular que será puesto a conocimiento de los habitantes de los sectores indicados.
En la Comisión de Biodiversidad, de forma virtual, María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador; Roque Bustamente y Andrés Ycaza, del comité legal de esta institución, sugirieron la consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades, previo a la aprobación de las refermas a la Ley de Minería. Además, consideran que es necesaria una ley específica en materia de consulta previa, donde se determine con claridad a quién se le consulta, cuándo y quién debe desarrollar este proceso.
Este pronunciamiento lo formularon en el marco de la recepción de observaciones para la construcción del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Minería, que lleva adelante la mesa legislativa. Los representantes de la Cámara de Minería dijeron no estar de acuerdo con algunas reformas que se plantea en el informe para primer debate.
Señalaron su desacuerdo en cuanto a la prohibición adicional de realizar actividad minera responsable en las áreas que tienen como objetivo conservar el agua, el suelo, la flora, la fauna silverstre, que consta en el artículo 16 del proyecto de reformas. Roque Bustamente mencionó que la propuesta es demasiado genérica y difícil de saber cuáles van a ser esas áreas protegidas, por lo que sugirió eliminarla. Pidió que no se creen zonas intangibles en donde ya se otorgaron concesiones mineras.
Así mismo, mencionó que no se debería obligar a los concesionarios mineros a conceder un área en beneficio de la pequeña minería o minería artesanal. Igualmente, dijo no estar de acuerdo con la reparación del daño ambiental a perpetuidad. Planteó que en las reformas se establezca que las patentes de conservación minera se paguen directamente a los gobiernos autónomos descentralizados en donde se encuentren las concesiones mineras, con la finalidad de que su población tengan un beneficio real.
Los parlamentarios también recibieron, a la bióloga Eliza Levy y al investigador de la Universidad Andina, William Sacher, quienes apoyaron las reformas a la Ley de Minería, tomando en cuenta que Ecuador es megadiverso, tiene ecosistemas frágiles muy susceptibles a cualquier intervención de carácter antrópico.
Dijeron que hay que proteger la calidad del agua, los páramos, la biodiversidad para garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos y las futuras generaciones. Sacher señaló que en el país hay 30 megaproyectos mineros que generan impactos por la exploración minera, pues se produce la contaminación por descarga de productos tóxicos, drenaje de ácido de mina, movilización de metales pesados, liberación de sedimentos, además de contaminación por fugas o descargas repentinas de grandes cantidades de contaminantes.
Informes
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad conoció el informe de la Unidad de Técnica Legislativa y de la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, respecto de la pertinencia de la consulta prelegislativa del proyecto de reformas a la Ley de Minería, en el que concluyen que es pertinente, a fin de no afectar los derechos colectivos que constan en el artículo 57, numerales 4 al 11 de la Constitución.
Sobre este particular, el asambleísta Eddy Peñafiel, al referirse a la magnitud de los impactos que causa la minería a nivel mundial, adviritó que con esta reforma se afectaría el contenido de la Ley Amazónica, especialmente, en lo económico.
El presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, dispuso continuar con el tratamiento de las reformas a la Ley de Minería hasta elaborar el informe para segundo debate y preparar la consulta prelegislativa, en caso de que el Pleno resuelva llevarla adelante.
Fondo de Desarrollo Sostenible
La Comisión de Biodiversidad conoció la comunicación enviada por el presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), Andrés Bonilla, referente al retraso de pago de las transferencias del Fondo de Desarrollo Sostenible, previsto en la ley Amazónica, que asciende a 221.190.170,90 dólares.
El vicepresidente de la Comisión, Fredy Alarcón, dijo que hay que conocer los motivos de la demora en la transferencia de recursos, tomando en cuenta que afecta a los ciudadanos que esperan se cumplan con los planes, programas y proyectos públicos.
En este marco, la Comisión de Biodiversidad, con 11 votos, resolvió convocar a los ministros de Finanzas, de Recursos Naturales no Renovables, a la Gerente del Banco Central del Ecuador; al gerente de Petroecuador, a los presidentes del Comaga; del Consorcio de Gobiernos Provinciales; del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales, así como de los representantes de la Consejo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Los comparecientes deberán explicar sobre el incumplimiento de las transferencias previstas en la Ley Amazónica. La actividad se desarrollará el miércoles 24 de febrero.
La Comisión de Biodiversidad, en el marco del control político y de fiscalización, resolvió insistir en la comparecencia del ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (Cecmi), Patricio Pazmiño, para que actualice la información sobre la problemática de contaminación que afecta al Bosque del Chocó.
En la sesión virtual, los parlamentarios destacaron que el propio funcionario de Estado fue quien solicitó ser recibido en la mesa legislativa, además, para aportar en la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de legisladores que visitarán los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, tomando en cuenta que varias comunidades denunciaron impactos negativos producto de la actividad minera legal e ilegal.
Patricio Pazmiño, a través de una misiva dirigida al presidente de la Comisión, Alberto Zambrano, se excusó de asistir a la sesión virtual de hoy por tener que cumplir actividades inherentes a su cargo, en cuanto a la seguridad ciudadana y de orden público. Los comisionados aceptaron su inasistencia y coincidieron en la necesidad de su comparecencia, la próxima semana, para concretar el traslado a los cantones afectados por la contaminación minera.
Cabe recordar, que la mesa legislativa, luego de escuchar a representantes de comunidades de pueblos y nacionalidades afectados, resolvió que los legisladores: Xavier Casanova, Liliana Durán, Fredy Alarcón y Gabriela Larreátegui realicen una visita in situ para hacer un recorrido de constatación de la afectación al medio ambiente, naturaleza y salud de los pobladores que habitan en ese territorio donde se realiza minería.
Los parlamentarios adoptaron esta resolución debido a las denuncias de afectación del ecosistema del Bosque del Chocó que se está destruyendo progresivamente por la minería que se ejecuta en el lecho de los ríos. Además, del incumplimiento de las medidas cautelares establecidas desde el 2011, por el Juzgado Muticompetente de San Lorenzo.
La Comisión, el lunes 22 de febrero, aprobará el cronograma de trabajo en territorio para la visita a los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la que se espera el acompañamiento del Ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.
La Comisión de Biodiversidad, tiene previsto sesionar de manera virtual el miércoles 17 de febrero desde las 09h00, con el fin de recibir a María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, quien dará observaciones al proyecto de reformatoria a la Ley de Minería, en el marco de la construcción del informe para segundo debate.
Por este mismo tema, los comisionados recibirán a delegados de la Organización Red Antiminera “Caminantes”, también a la bióloga Elisa Levy, coordinadora de Investigación de la Estación Científica “Los Cedros” y experta en áreas prioritarias para la conservación de ecosistemas frágiles, además de William Sacher, profesor e Investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar del área de Ambiente y Sustentabilidad.
De inmediato, los parlamentarios analizarán la resolución sobre los informes emitidos por la Unidad de Técnica Legislativa (UTL) y la Coordinación Jurídica de la Asamblea Nacional, respecto de la pertinencia o no de la realización de la consulta prelegislativa del proyecto de reformas a la Ley de minería.
En otro orden, la Comisión de Biodiversidad recibirá al general Patricio Pazmiño Castillo, ministro de Gobierno y presidente de la Comisión Especial para el control de la Minería Ilegal (CECMI). La autoridad brindará información actualizada sobre la problemática de contaminación que afecta al Bosque del Chocó y aportará en la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de asambleístas que visitará los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas, en razón de que varias comunidades denunciaron impactos negativos de las actividades de minería legal e ilegal.
Por otra parte, la mesa legislativa analizará y resolverá el pedido suscrito por Andrés Bonilla Abril, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), referente al retraso de un año que el Gobierno Nacional mantiene respecto de las transferencias del Fondo de Desarrollo Sostenible previsto en la Ley Amazónica.
En la Comisión de Biodiversidad, Alex Hurtado y Julia Landázuri, presidente y secretaria de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA), respectivamente, informaron que el Consejo de la CTEA destinó 10 % de recursos del Fondo Común para el Fondo Indígena.
Señalaron que esos recursos semilla permitirán impulsar, en marzo de 2021, una mesa de donantes, con la participación de empresas privadas, para captar más recursos y ejecutar con éxito el Plan Integral Amazónico, dirigido a mejorar la calidad de vida de pueblos y nacionalidades de las seis provincias orientales.
Los funcionarios recordaron que el proceso de elaboración de los planes de vida de pueblos y nacionalidades se inició en el 2018, con la inclusión de actores y representantes de varias organizaciones e instituciones. Dijeron que el costo para la ejecución de 22 planes es de 8 millones 901.666 dólares, con un plazo de 18 meses que culmina en 29 de mayo de 2021. La empresa Ikiam EP es la encargada del proyecto; y, hasta este momento, se le ha entregado 7 millones 391.934 dólares, agregaron.
Por su parte, Gustavo Camelos, gerente de la empresa Ikiam EP, informó que los beneficiarios serán 272.044 habitantes. Se estableció como objetivos específicos: el diagnóstico dirigido al modelo de vida actual, actualización de planes, modelo de gestión y elaboración de la agenda intercultural.
Camelos, al referirse al incumplimiento de obligaciones a los profesionales que trabajaron para los planes de vida, aseguró que se preparan 19 convenios de pago para honrar con las obligaciones pendientes. Dijo que existen proveedores impagos especialmente de temas logísticos, razón por la cual la empresa Ikiam ha realizado varias reuniones y capacitaciones a fin de poder verificar el servicio prestado. Estos expedientes se encuentran en elaboración en cada una de las organizaciones y una vez que el coordinador general del proyecto con su equipo técnico y administrativo culmine este trabajo se establecerá el convenio de pago.
El legislador Henry Moreno lamentó la falta de concreción de los planes de vida. Dijo que la Contraloría debe hacer una revisión exhaustiva de cómo se gastan los recursos que deben estar dirigidos a cubrir las necesidades básicas de pueblos y nacionalidades. Por su parte, los parlamentarios Eddy Peñafiel y Juan Pablo Velín solicitaron socializar los avances del proyecto con los beneficiarios.
Por su parte, Antonio Vargas, en representación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, señaló que por falta de pago a los proveedores se les sigue un juicio a las organizaciones indígenas, razón por la cual sugirió que Ikiam atienda con agilidad los pagos respectivos. Mientras que, Romaneli Carrillo, técnico especialista de las nacionalidades, dijo que lo conveniente sería establecer convenios con cada una de las nacionalidades para trabajar de mejor manera los planes de vida, pero que a su vez se realice el pago a tiempo.
Emergencia sanitaria
En otro orden, Alex Hurtado y Julia Lanzázuri indicaron que el Consejo de la CTEA apoyó con siete millones de dólares al Ministerio de Salud y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las provincias amazónicas para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, pero lamentablemente, algunos GAD no presentaron los respectivos planes y proyectos para este fin, por lo que los recursos regresaron al Fondo Común, que podrían ser destinados a la misma provincia, pero para otros proyectos.
Medidas cautelares
De forma virtual, en la Comisión de Biodiversidad, Óscar Cuenca, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, al referirse a las medidas cautelares dictadas a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro por la contaminación del bosque del Chocó, señaló que en el 2020 se envió una consulta a la Corte Constitucional sobe este particular, pero hasta la presente fecha, no existe ninguna notificación de resolución.
Por su parte, Moises Quiñonez, miembro de la Coordinadora de Organizaciones sociales del Norte de Esmeraldas, mencionó que hasta el momento no se cumple con las medidas cautelares ni tampoco se concreta la remediación ambiental, lo cual provoca enfermedades a los pobladores, así como la desaparición de peces por la grave contaminación de los ríos.
En cambio, Fred Larreátegui, asesor jurídico, indicó que ya existe una resolución de la Corte Constitucional, pero parece que el juez Óscar Cuenca desconoce de la misma. A su criterio, es necesario que salgan las empresas mineras del territorio, a fin de cumplir con las medidas cautelares establecidas.
El legislador Juan Cárdenas dijo que la Comisión de Biodiversidad debería presentar una queja al Consejo de la Judicatura por falta a la verdad, ya que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo afirma que hasta el momento no existe notificación alguna respecto de las medidas cautelares a favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Comparecencia
La Comisión de Biodiversidad resolvió convocar al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, a fin de que en su calidad de presidente de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, entregue información actualizada que permita aportar a la planificación de las actividades a cargo de la subcomisión de asambleístas que visitará los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas, tomando en cuenta que varias comunidades han denunciado impactos negativos de las actividades de minería ilegal y concesiones mineras dentro del ecosistema del bosque del Chocó.
Además, la mesa legislativa determinó que los parlamentarios: Xavier Casanova, Liliana Durán, Fredy Alarcón y Gabriela Larreátegui, son los encargados de realizar la visita in situ, probablemente el 26 de febrero, en la que estará presente el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño.
El proceso de fusión por absorción de Petroecuador y Petroamazonas se cumple en medio de una transición ordenada, tranquila y continua, que dio la impresión que no ha pasado nada, dijo René Ortiz Durán, Energía y Recursos Naturales no Renovables, en su comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad, que preside el legislador Alberto Zambrano, en el marco de la sesión virtual 68 de este organismo.
Según el Secretario de Estado, para la concreción de este proceso no fue necesario contratar una empresa consultora internacional, pues se utilizó el gran talento humano con que cuentan las referidas empresas. “En este momento nos encontramos en la etapa de optimización, que cuenta con el apoyo de la academia, a través de una consultoría técnica, imparcial e independiente”, afirmó.
Reiteró que la fusión busca darle mayor valor agregado a la actividad petrolera y es que Petroamazonas solo producía el petróleo, pero no lo transportaba, no lo vendía; lo que se ha hecho es unificar las dos empresas para vincular la cadena de valor y contar con una empresa que produzca, transporte, procese y comercialice el petróleo.
De su lado, Gonzalo Maldonado, gerente General de Petroecuador, confirmó que se han cumplido todos los pasos previstos en el cronograma para la fusión de las dos empresas. Resta, únicamente, hasta el 20 de mayo de 2021, dictar y actualizar la normativa interna, de procesos y políticas de la Nueva Petroecuador.
En torno al estado en que se encuentra el Boque Petrolero 10, concesionado a la empresa Plus Petrol, el funcionario indicó que sobre la consulta previa, libre e informada hay dos momento: uno, cuando la consulta la hace el Gobierno; y la otra, que lleva a cabo la compañía. Al respecto, María Elena Hurtado, del Ministerio, dijo que tratándose de un campo que está en operación desde más de 20 años, la consulta que fue determinada en la norma legal con posterioridad, no tiene carácter retroactivo, por tanto, se han realizado procesos de socialización; sin embargo, hay mecanismos como asambleas comunitarias, que no se ajustan a la virtualidad, que se ha convertido en un medio recurrente por la pandemia de COVID-19.
De otro lado, Hernán Caride, gerente de Plus Petrol, aseguró que en diversas oportunidades se han efectuado las consultas y la socialización del proyecto, pero no ha sido posible que haya encuentros en territorio con la población, debido a las estrictas medidas de bioseguridad. “Inclusive yo, que soy el gerente, no puedo ingresar al campo el momento que quiera”, agregó.
Una vez concluidas estas comparecencias, Alberto Zambrano, como titular de la mesa, formuló un llamado al ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables y al gerente General de Plus Petrol, para que establezcan un espacio en sus respectivas agendas de trabajo, puedan visitar la zona del campo 10 y dialoguen con la comunidad, a fin de que se les informe sobre los beneficios que rendirá para la ciudadanía la operación de este campo petrolero.
Amplia agenda de trabajo desarrollará la Comisión de Biodiversidad el lunes 8 de febrero, a partir de las 09h00, con la presencia de distintas autoridades de Estado. Está prevista la comparecencia virtual de René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no renovables y de Gonzalo Maldonado, gerente general de Petroecuador. Los funcionarios deberán informar sobre las acciones, políticas, gestiones, financiamiento, presupuesto, cronogramas y demás aspectos relacionados con la fusión por absorción de las Empresas Públicas Petroamazonas y Petroecuador.
Las autoridades también indicarán sobre la monetización del bloque 60, campo Sacha, ubicado en el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, así como el estado en el que se encuentra el Bloque Petrolero No. 10, situado en la provincia de Pastaza, actualmente concesionado a la empresa Plus Petrolsi. Así mismo, detallarán si efectuaron el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades asentadas en el área de influencia de esta concesión.
Los comisionados también invitaron a Hernán Caride, gerente general de la Empresa Plus Petrol, concesionaria del Bloque Petrolero N° 10, para que informe las actividades que esta empresa realiza en el bloque petrolero; y, si previamente realizó la consulta previa, libre e informada.
En otro orden, la Comisión escuchará a Alex Hurtado, Julia Landázuri, presidente y secretaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respectivamente y a Gustavo Camelos, gerente de la Empresa IKIAM E.P., para que el ámbito de sus competencias, indiquen sobre los Planes de Vida de las Nacionalidades.
En otro orden, la mesa legislativa convocó a Óscar Cuenca, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, quien informará lo ocurrido con las medidas cautelares dictadas por ese Juzgado en favor de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro ante la contaminación del bosque del Chocó.
Por este tema también participarán Moisés Quiñonez, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Norte de Esmeraldas y Fred Larreátegui, asesor jurídico, quienes indicarán aspectos relacionados con la temática legal de la contaminación del bosque del Chocó ecuatoriano.
Finalmente, los parlamentarios tomarán una resolución respecto del pedido de Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno y Presidente de la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, quien solicitó que la mesa legislativa establezca una planificación de las actividades de la subcomisión que viajará a los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, para constatar la situación de contaminación que afronta el bosque del Chocó.
