Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
El Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino, convocó a la sesión 280, para este miércoles 26 abril, a las 09:30. Continuará el análisis del Proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero, referente al tema de paraísos fiscales. Para el efecto, recibirá las observaciones de Paola Gachet y Bolívar Figueroa, presidente y miembro de la Asociación Fiscal Internacional, respectivamente.
Andino anunció que la Comisión prevé entregar el informe para segundo debate en los próximos días, a fin que pase a conocimiento, resolución y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional.
Destacó que se recibieron las opiniones del Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central, Contraloría, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Trabajo, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Servicio Nacional de Contratación Pública.
También el organismo, según el orden del día, procederá al debate de los proyectos de ley que reforman el Código Orgánico Integral Penal.
MG/pv
La Asamblea Nacional ratificó la decisión del pueblo del sector Las Golondrinas de pertenecer a la provincia de Imbabura, cantón Cotacahi. Con 85 votos resolvió la jurisdicción territorial provincial y cantonal de esta zona, que es esencialmente turística y agrícola, donde habitan más de 7.000 personas. De esta manera se fija el límite territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura.
En el segundo debate de este tema, se resaltó que el pronunciamiento popular es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Es una fecha histórica, no solo porque se definen los límites territoriales, sino porque los pobladores serán atendidos en sus necesidades insatisfechas.
La Disposición Transitoria Segunda establece que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 60 días, proporcionará al Ministerio de Finanzas, la información que le compete para el cálculo de la asignación presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, parroquial y del cantón Cotacachi. Las entidades públicas, en el ámbito de sus competencias, destinarán los recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de Las Golondrinas y compensar la falta de atención del sector.
Antonio Poso, asambleísta de Imbabura, indicó que el Gobierno Provincial tiene listo ese estudio, que facilitará la entrega inmediata de información y el desembolso de recursos para ejecutar obras que requiere la población de la zona.
El cuerpo legal establece que todos los organismos e instituciones del Estado que desarrollan sus funciones en la zona pasarán a la jurisdicción de la provincia de Imbabura y del cantón Cotacachi. Estos organismos transferirán los recursos institucionales necesarios para el cumplimiento de sus funciones y competencias.
Se garantizará la estabilidad de los servidores públicos, que al momento laboran en las entidades del sector público, con sede en dicha zona. De igual manera, se garantizará la adecuada e ininterrumpida provisión de servicios públicos.
En la sesión 446 del Pleno, se registró el pronunciamiento de los legisladores Mae Montaño, Pabel Chica y Pablo de la Torre. Los dos primeros recordaron que Esmeraldas tiene problemas económicos, de inseguridad ciudadana, contaminación ambiental, fenómenos de la naturaleza, como el caso de terremoto y es necesario apoyo con políticas públicas para ir hacia el desarrollo.
Pablo de la Torre dijo “es obvio que como esmeraldeños nos duele cuando se pude desmembrar la provincia, pero hay que entender que los habitantes resolvieron a qué sector pertenecer, porque quieren crecer y desarrollarse por tanto se debe respetar la decisión de un pueblo en la consulta del 3 de abril de 2016.
Previo a la votación, el Presidente de la Comisión, Richard Calderón, aclaró que no existe voluntad de afectar a la provincia de Esmeraldas. Recordó que existe la Ley de Limites Internos, que establece los mecanismos para la resolución de problemas limítrofes, entre ellos consta la consulta popular. De esta manera, se resuelve un problema de límites entre Esmeraldas e Imbabura, pero eso no quiere decir que se divide a los ecuatorianos. Hay que ver a Ecuador como un estado unitario y lo que se busca es la atención de los diferentes niveles de gobierno a las necesidades de todo el territorio, en este caso, Las Golondrinas.
JLVN/pv
La semana pasada rindió cuentas de su gestión y hoy expone esos avances en México. La Coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de la Asamblea de Ecuador, Marisol Peñafiel, fue invitada al Foro Interamericano de Sistemas Nacionales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí explicará sobre el Proyecto de Ley de su autoría para la protección de derechos de estos grupos sociales, así como los avances implementados en Ecuador.
Según sus organizadores, el objetivo del encuentro es generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Sistemas Nacionales de Protección de la Niñez, a fin de que abonen para potenciar y fortalecer las acciones que se desarrollan para la formulación, implementación, ejecución y evaluación de políticas de defensa de este sector social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Gobierno de México, entre otros, son los promotores del Foro.
Peñafiel, manifestó la necesidad de reconocer y visibilizar los problemas estructurales y de nuevas realidades que afectan de manera diferenciada a niñas, niños y adolescentes y que tienen un impacto en el presente y su proyecto de vida.
Expresó que el Sistema de Protección de la Niñez no debe responder a realidades institucionales, sino a necesidades de la tutela integral de los derechos humanos, que reclaman la efectividad de las instituciones, mecanismos expeditos y próximos a los sujetos, definiciones claras, procesos fáciles y con acceso real, para hacer efectiva dicha protección.
La legisladora acotó que la custodia de los derechos humanos solo es posible con un sistema integral. Dijo que ello significa que las instituciones que lo componen además de la eficacia, acceso y procedimientos acordes deben garantizar la singularidad de los derechos, acercarse de la particularización de los grupos humanos, asegurando que cada órgano, procedimiento y mecanismo sea regulado de forma que responda a esa diversidad.
Peñafiel explicó que el Proyecto, que propuso en la Legislatura, pretende establecer la estructura, organización y funcionamiento del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos Individuales y Difusos de las personas y colectivos, así como de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
Afirmó que también dispone las atribuciones y responsabilidades de sus órganos y los mecanismos de articulación en los diferentes niveles de gobierno y entre el régimen de desarrollo, con el propósito de que propicien la promoción y protección de los derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales.
En la Asamblea, según Marisol Peñafiel, el artículo 175 de la Constitución es una de las reglas claras que “nos ha permitido avanzar enormemente en la legislación nacional”. Especificó que en el período 2009-2017 se aprobaron 67 leyes a favor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
LILA/pv
En el marco del análisis y construcción del informe para segundo debate del Proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular sobre Paraísos Fiscales, la Comisión de Justicia receptó los criterios de Santiago Vásquez, director General del Servicio Nacional de Contratación Pública.
A criterio del asambleísta Mauro Andino, titular de la mesa, la persona que vaya a presentarse en un concurso para la adjudicación de una posible obra debería hacer una declaración jurada de que los recursos que podría invertir o con los que cuenta no tienen nada que ver con bienes o recursos que están en países considerados como paraísos fiscales.
Enfatizó que lo que se quiere, por todo lado, es evitar que en contratos públicos se utilicen dineros que pueden provenir del lavado de activos, cohecho, concusión, peculado, de una serie de actos de corrupción o también de una posible evasión del pago de impuestos o que estén involucrados en paraísos fiscales.
Dijo que en la ley se establece que los funcionarios públicos tendrán que hacer un alcance a la declaración juramentada, que se efectiviza cada año, en la que den a conocer que no tienen bienes o recursos en paraísos fiscales y si incurren caerían en falsedad y, como tal, en el delito de perjurio, cuya sanción está tipificada en el Código Penal, enfatizó.
Cruzar información
La entrega de información es un elemento fundamental para la elaboración de los contratos con el Estado, expresó Santiago Vásquez, al proponer que los proveedores del Estado realicen un desglose de sus accionistas para participar en los contratos y que en el mismo formulario indiquen si son o no funcionarios públicos y además si tienen cuentas en paraísos fiscales.
De esta forma, se conseguiría transparentar para que los funcionarios públicos, de manera informativa, indiquen claramente si participan como accionistas en contratos con el Estado, pero también si mantienen cuentas en paraísos fiscales. Inmediatamente se trasladaría a conocimiento de la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero, para que, de acuerdo con sus competencias, impongan las acciones del caso, haciendo respetar la voluntad del pueblo en la consulta.
MG/pv
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado iniciará este lunes el estudio de las observaciones que realizaron los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional durante el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017.
Según la propuesta ningún funcionario público ni dignatario de elección popular puede tener bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales. También se fija los mecanismos para el control y sanción a quienes incumplan esta disposición.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, convocó a la sesión No. 345, para las 15h30 de este lunes, en la que recibirá al director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, Santiago Vásquez, quien expondrá sus observaciones sobre el informe para primer debate del proyecto en referencia.
Como se recuerda, en el primer debate en el Pleno intervinieron 14 asambleístas. Allí coincidieron en que el capital que yace en paraísos fiscales afecta la inversión en áreas importantes del país, como salud y educación.
En la agenda de la comisión también consta el debate de diversos proyectos que reforman el Código Orgánico Integral Penal.
PV
Así manifestó la asambleísta por PAIS, Marisol Peñafiel, durante la rendición de cuentas del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, del período legislativo 2013-2017. El evento denominado Avances, Nuevos Retos, se desarrolló en el Salón de Ex Presidentes del Palacio Legislativo, con la participación de las legisladoras Mauro Andino, Mariangeles Muñoz, Octavio Villácres, Irma Goméz, Mary Verduga, José Eduardo Torres, Ximena Peña, Mónica Alemán, Gina Godoy, Pamela Falconí, María Eugenia Gutierrez, María Augusta Calle, los Asambleístas electos Silvia Salgado, Franklin Samaniego así como Ludimila Palazzo, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Noelia Rivas, vocera adolescente, master Rossana Viterí representante de Plna Internacional en Ecuador, Sixto Zotaminga vicepresidente de la Red de jóvenes de Pichincha, Gabriel Camacho miebro del Frente Amplio de la Universidad Central del Ecuador, Nicky Bravo Presidente del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la niñez y adolescencia del Ecuador, Henry Manzano presidente del Consejo Consultivo Nacional de niños, niñas, adolescentes, Dr. Patricio Aguirre director nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión, entre otros invitados.
Marisol Peñafiel, coordinadora en Ecuador del Grupo Parlamentario, resaltó que este Parlamento es la evidencia de la construcción de un espacio de ciudadanización, con la posibilidad histórica de construir leyes que trascienden la mirada adultocéntrica, a favor de la defensa y protección de estos sectores de la sociedad.
Peñafiel, explicó que el Grupo Parlamentario constituye un mecanismo de participación multipartidista, conformado por asambleístas que trabajan en la construcción de proyectos que incentivan la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Además, aseguró que persiguen la erradicación de la violencia, protección integra y derecho a la identidad y acceso a empleo, en el caso de jóvenes.
Noelia Rivas, en representación de los voceros adolescentes, manifestó que el Grupo Parlamentario gestó la oportunidad a los jóvenes y adolescentes, para la protección de sus derechos, desde las bases.
Gina Godoy, aseguró que si bien la reforma al Código Civil establece el matrimonio a partir de los 18 años de edad, es fundamental que en el nuevo período legislativo,se enfoque la tarea en la creación de políticas públicas que apunten hacia una sexualidad responsable, para prevenir el embarazo adolescente.
En esta línea, Palazzo, de la Unicef, manifestó que esta realidad es un problema social, pues los y las adolescentes no disfrutan plenamente cada período de la vida. Acotó que el rol de un grupo parlamentario es construir espacios de diálogo en donde participan los sujetos sociales para la protección de los derechos, así como creación de códigos de convivencia.
El Parlamento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reconoció el compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad de Fausto Cayambe, quien falleció el pasado 30 de octubre. En su representación, Andrés Pantoja, de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, evocó su labor legislativa y dijo que la emprendió con responsabilidad social y equidad, sobretodo, orientada hacia el ´mundo amarillo´, como denominaba el asambleísta, a los sectores invisibilizados y discriminados. “Para ellos y con ellos, trabajó Fausto Cayambe”, expresó.
La agenda del Grupo Parlamento, para el próximo ciclo, contempla el debate de temas como el castigo físico, embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos, interculturalidad y género.
Dato
Este Grupo Parlamentario nació en el 2010, a fin de defender y respetar la Constitución de Montecristi, así como los derechos humanos de la niñez, adolescencia y juventud, para que se garanticen en instrumentos internacionales, suscritos en el país.
Desde el 2011, salió al aire el programa radial “Lo dices tú, lo digo yo”, con apoyo del área de comunicación y asistencia técnica de Unicef, en Ecuador. Se trata de un espacio destinado a entrevistas, con temas de la agenda del Grupo Parlamentario. Se transmite los jueves, a las 15:00, por La Radio de la Asamblea Nacional.
PAU/pv
El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, coordinado por la asambleísta Marisol Peñafiel y que se formó en 2011, informará los logros alcanzados en este período legislativo, que se traducen en leyes, declaraciones, debates y seguimiento a políticas públicas. La Parlamentaria contó que alrededor del 50% de las normas aprobadas en la Asamblea tienen un enfoque generacional.
El evento empezará a las 08:00, con las palabras de bienvenida por parte de la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira; posteriormente, Marisol Peñafiel, expondrá los avances ganados en esta última década y los retos. También intervendrá la Ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, quien hablará de la política pública generacional; mientras que la Ministra de la Política, Paola Pavón, rendirá un homenaje al ex legislador, Fausto Cayambe, como ejemplo de liderazgo juvenil.
La rendición de cuentas concluirá a las 11:00. Habrá otras exposiciones, entre ellas la del representante en Ecuador del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Grant Leaity y líderes juveniles. Al encuentro acudirán estudiantes de varios colegios de Quito; representantes de la Red de Jóvenes de Pichincha; Frente Amplio de la Universidad Central; instituciones públicas, privadas, organismos internacionales, entre otros invitados.
La asambleísta Peñafiel, adelantó que desde el grupo se promueve una agenda legislativa basada en los principios constitucionales y metas del Plan Nacional del Buen Vivir, que involucra la temática de estos sectores sociales. De igual forma, se desarrollaron actividades basadas en los ejes temáticos del Grupo, con énfasis en la erradicación de la violencia, protección integral, derecho a la identidad, acceso a empleo, en el caso de jóvenes, derechos sexuales y reproductivos, interculturalidad, movilidad y género.
La Ley Reformatoria al Código Civil sobre la edad mínima del matrimonio a los 18 años; Ley de los Consejos Nacionales de la Igualdad, a través de la cual se creó un Consejo de Igualdad Intergenaricional; Ley de Comunicación; Código Integral Penal; Ley de Educación Intercultural; Leyes de creación de algunas universidades; metodologías de análisis de la ejecución presupuestaria y las proformas presupuestarías desde el enfoque de niñez y adolescencia; eventos de capacitación; procesos de fiscalización; son algunos de los resultados alcanzados.
Enfatizó que esta instancia trabajó en conjunto con la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales locales y nacionales, agencias de las Naciones Unidas y otros organismos de cooperación internacional, ecuatorianos en el exterior, entre otros actores e instituciones. Dijo que se desarrollaron mecanismos participativos de discusión y elaboración de iniciativas legislativas que promuevan los derechos y participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La representante por Imbabura, explicó que los grupos parlamentarios son mecanismos de participación multipartidista conformados por asambleístas que se organizan para promover acciones de solidaridad, cooperación, asistencia técnica e intercambio de conocimiento sobre temas puntuales de interés común.
LILA/pv
El Presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, expuso los alcances y contenido del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017, por el que ningún funcionario público o dignatario de elección popular pude tener bienes o capitales en países considerados paraísos fiscales.
Subrayó que no es procedente, ni justo, ni correcto, que mucha gente que hizo su riqueza en el Ecuador tenga sus recursos económicos en paraísos fiscales, donde no se paga impuesto, en donde no se puede acceder a ningún tipo de información para conocer quiénes son los titulares de esos recursos y qué montos tienen.
El Legislador argumentó que debido al sigilo bancario, que caracteriza a los paraísos fiscales, es muy difícil determinar con precisión el monto que se encuentra en dichas jurisdicciones. Sin embargo, según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre 5 y 7 billones de dólares se ocultan en paraísos fiscales a escala global, mientras que en América Latina el 22% de la riqueza se encuentra en empresas offshore, lo que implica que cada año se dejan de recaudar 320.000 millones de dólares por evasión y elusión fiscal, lo que equivale al 6.3% del PIB regional.
En lo que respecta a Ecuador, señaló que el informe sobre Depósitos Bancarios Externos por Países del Centro Bancario Internacional de Panamá, publicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, determina que, hasta el primer trimestre de 2016, nuestro país registraba depósitos por 2.134,78 millones de dólares en el país centroamericano.
Sin embargo, Mauro Andino dijo que hay otras fuentes, como la del fallecido asambleísta Fausto Cayambe, que sostenía que los depósitos ecuatorianos en paraísos fiscales ascienden a 30.000 millones de dólares, lo cual tiene un fuerte impacto en nuestra economía y desarrollo.
Explicó, como ejemplo, que si una empresa domiciliada en Ecuador recibe 1 millón de dólares de utilidades debe pagar 23% de Impuesto a la Renta (230.000 dólares), 5% de impuesto a la Salida de Divisas (50.000 dólares) y 15% de utilidades a los trabajadores (150.000 dólares). Si lo multiplicamos por los 2.134,78 millones de dólares que la Superintendencia de Bancos de Panamá dice que los ecuatorianos tienen en esa nación, nuestro país dejaría de recibir 597,7 millones en impuestos y los trabajadores 320 millones de dólares en utilidades.
Si la cifra efectivamente fuera de 30.000 millones, (como decía el exasambleísta Cayambe), la evasión tributaria sería de 8.400 millones de dólares en impuestos y 4.500 millones en utilidades para los trabajadores, lo cual sumado equivale a la tercera parte del Presupuesto General del Estado ecuatoriano para el 2017.
En cuanto a la relación de los funcionarios públicos con los paraísos fiscales, expresó que el Director del Servicio de Rentas Internas, dio a conocer a la Comisión que de 809.414 servidores públicos, repartidos en 3.518 instituciones, alrededor de 20.288 realizaron transferencias desde y hacia paraísos fiscales o países de menor imposición. Señaló que sobre este tema se desinforma, porque muchos de esos funcionarios son padres de familia que tienen estudiando a sus hijos en diversos países y algunos se pueden considerar paraísos fiscales.
Indicó que el Presidente de la República, Rafael Correa, propuso el combate frontal a los paraísos fiscales en diferentes países del continente y que recibió el apoyo de varios Estados. Y de allí nace la pregunta, de la que el pueblo respondió que está de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales en paraísos fiscales.
Cambios
Explicó que la Comisión modificó el texto del Artículo 1 del Proyecto sobre el ámbito de aplicación, a fin de adecuarlo al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano del 19 de febrero del 2.017, de modo que la ley se aplique para las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidor público.
En el mismo sentido, se señala que el objeto de la prohibición de la norma es la tenencia de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, tal como lo recoge la pregunta consultada.
Mauro Andino expresó que, también incluyen un artículo para que el Servicio de Rentas Internas sea la entidad encargada de emitir la lista de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, no solo en materia tributaria, sino también en lo que respecta al ámbito de esta ley.
Se redactaron de mejor manera los artículos que otorgan la competencia a la Contraloría General del Estado para verificar el cumplimiento de esta norma. En esa línea, disponen que todas las entidades públicas y privadas entreguen información cuando la Contraloría así la requiera, dentro de una auditoría o examen especial. Se aclara que la Contraloría se encargará de solicitar a la autoridad competente, la destitución del servidor público infractor, caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de 10 días contados a partir de la culminación del procedimiento respectivo.
Por otro lado, y con el propósito de garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica, otorgan un período de gracia de un año para que los servidores públicos o dignatarios de elección popular, cumplan las disposiciones previstas en el Proyecto de Ley cuando el SRI incorpore a un nuevo territorio o jurisdicción dentro del listado de paraísos fiscales.
Respecto de la acción popular, se faculta que las personas que conozcan de hechos que supongan una infracción a esta ley presenten su denuncia a la Contraloría General del Estado, cumpliendo los requisitos mínimos que garanticen el principio de inocencia y el de contradicción. En tal virtud, se incluyó también que el denunciante responda por la presentación de una denuncia maliciosa o temeraria, de conformidad con la ley.
RSA/pv
Al resaltar los resultados de la consulta popular del 19 de febrero, en la que el pueblo se pronunció por la prohibición para los dignatarios de elección popular y servidores públicos de tener bienes o capitales en paraísos fiscales, los legisladores enfatizaron el paso histórico que da Ecuador para que las personas transparenten sus recursos.
Hay que impedir la evasión de impuestos, lograr justicia y equidad social y cortar de raíz la corrupción. Los paraísos fiscales generan problemas éticos y estructurales, dijeron durante el primer debate del proyecto, que crea herramientas para evitar la salida de recursos del país.
El legislador, Carlos Viteri, indicó que los paraísos fiscales permiten que los más ricos evadan impuestos, lo que genera desigualdad en el mundo y de eso no se escapa Ecuador. Aseveró que, paradógicamente, mientras nuestros migrantes, que salieron del país por la crisis bancaria, envían remesas para sostener nuestra economía, las élites sacaban sus fortunas a cuentas offshore, evadiendo impuestos.
La Asamblea Nacional, respetando la voluntad popular, tramita el Proyecto que apuntala como norma referente la lucha contra la corrupción. "Eso marca un paso trascendental para ubicar a Ecuador en el primer país en el mundo que lucha contra la salida de recursos a paraísos fiscales", afirmó.
La Legisladora Soledad Vela, resaltó la decisión del pueblo para reforzar la ética y transparencia de la democracia en la lucha contra la corrupción. "El país demuestra que tiene iniciativas que pueden ser un referente a nivel mundial y regional", subrayó, al sugerir que en el Proyecto se considere a los funcionarios y servidores públicos.
Respecto al plazo de un año para el retorno del dinero que encuentren en los paraísos fiscales, dijo que no está claro cuáles son las consideraciones para mantener el mismo requisito cuando la entidad nacional encargada de la recaudación tributaria incorpore nuevos países identificados como paraísos fiscales.
Vethowen Chica, dijo que el pueblo en la consulta se pronunció a favor de la prohibición de tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.
Según explicaron, los paraísos fiscales facilitan el aumento de la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades, pues habilitan a los que más poseen para mover sus riquezas a lugares donde no tienen que declarar y así evitar cargas impositivas en favor de la colectividad en perjuicio de los ciudadanos para ganar menos en proporción a su renta, contribuyendo así a agravar la desigualdad en los diferentes países.
En la realidad ecuatoriana, los paraísos fiscales generan dos problemas: éticos y estructurales. Los éticos ocasionan corrupción, actividades ilícitas, evasión, concentración de riqueza, por ende desigualdad para la mayoría del pueblo; mientras que los problemas estructurales generan dentro del Estado, debilidad del régimen institucional como tal, ineficiencia en el uso de asignación de recursos, incentiva la economía sumergida, crea violencia social y costos asociados a la seguridad, problemas de déficit público, favorece a que el 1% más rico sea cada vez más rico y polariza la situación de redistribución, añadió Chica.
Mientras que el Parlamentario, César Umajinga, indicó que es necesario transparentar la lista de personas que tienen cuentas en paraísos fiscales y cuánto dinero fue transferido al país.
El legislador, Oswaldo Larriva, subrayó que el pueblo tuvo una reacción positiva ante tanta corrupción. Si bien Ecuador será un referente a nivel mundial, dijo que no hay que seguir emitiendo leyes, sino señalar los causantes de la corrupción en nuestro país como en el caso Coopera, que generó lavado de activos.
JLVN/pv
