“Lo que corresponde y para eso tiene sentido la prórroga es que la Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político remita el informe al Presidente de la Asamblea, quien tendrá dos días para socializar el documento y luego en los cinco días siguientes convocar al Pleno para el enjuiciamiento político al Fiscal General del Estado”, dijo el asambleísta Virgilio Hernández, uno de los acusadores al funcionario.
En el marco del segundo encuentro Andino de Movimientos Ciudadanos por el Derecho a la Educación, el presidente de la Comisión Especializada Ocasional de Educación, César Rodríguez, señaló que la estrategia de las clases oligárquicas y burguesas del Ecuador, ha sido desproveer a los pueblos del derecho de una educación liberadora, a través del desmantelamiento del Estado, desde la privatización de servicio y la politización de la educación a sus máximos niveles de polarización.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, concedió dos días de plazo – hasta este sábado- a la Comisión de Fiscalización para que presente el informe correspondiente sobre la sesión de análisis del juicio político al ministro Fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz.
Esta decisión del titular de la Legislatura responde a la comunicación que le envió la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, en la que le informa que en la sesión 36 se registraron cinco votos a favor del juicio político y cinco por el archivo del proceso, a más de una abstención, por lo que el organismo pidió una prórroga de cinco días para la entrega del informe motivado, conforme lo dispone el Art. 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Dirigentes y representantes de organizaciones de jubilados como Batalla de Tarqui, Asociación de Transparencia para el Buen Vivir, Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, Asociación de Renovaciones, Asociación de Jubilados de la Tercera Edad; Asociación Siglo XXI; Jubilados del Ministerio de Obras Públicas, Frente de Defensa del IESS, Frente de la Dignidad, acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores interponga sus buenos oficios para exigir el pago de la deuda que tiene el Estado con el IESS.
La Comisión de Fiscalización y Control Político pidió cinco días de prórroga para presentar el informe sobre la solicitud del juicio político planteado en contra del ministro Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez.
Esta resolución la adoptó en razón de que ninguna de las dos tesis: el archivo o la continuación del juicio obtuvo mayoría de votos en la Comisión de Fiscalización.
Por el archivo de la solicitud votaron los asambleístas César Rodríguez, Gastón Gagliardo, Scheznarda Fernández, Abdalá Bucaram y Pamela Falconí, mientras que Betty Amores, Mauro Andino, Silvia Salgado, Ramiro Terán y Galo Lara votaron a favor de que el tema pase a conocimiento del Pleno. Marco Murillo se abstuvo de votar.
Frente a esta situación, es decir que no había mayoría absoluta para ninguna de las dos tesis, se decidió, por 10 votos a favor y 1 en contra, acogerse al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que le faculta solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales.
Esta decisión se adoptó luego de conocer los dos informes, el primero, presentado por César Rodríguez, que recomienda archivar la solicitud de juicio político al ministro Fiscal General del Estado, encargado, doctor Washington Pesántez, por considerar que las acusaciones no tienen el debido sustento. También determinó que el pedido de enjuiciamiento político se ha pretendido hacerlo girar alrededor de la figura de Bosco Solórzano, que no es funcionario público; que el testimonio rendido por Lucy Blacio, ex fiscal de la provincia de El Oro respecto de la supuesta presión para la emisión de dictámenes no puede ser considerado como cargo o descargo, por contravenir el debido proceso y carecer de eficacia probatoria; que el uso del vehículo Prosche Cayenne fue legítimo por parte de la Fiscalía.
Además se conoció el informe elaborado por la asambleísta Betty Amores, quien recomendó que se proceda al enjuiciamiento político del ministro Fiscal General del Estado en el Pleno de la Asamblea, argumentando que de los medios probatorios presentados y solicitados por los asambleístas proponentes se desprende que existe relación de causalidad directa inmediata entre los hechos imputados y las acciones y omisiones del Fiscal General, encargado, durante el ejercicio de su cargo.
Al finalizar la sesión la presidenta de la Comisión, Silvia Salgado, anunció que se volverán a reunir el lunes de la próxima semana en horas de la tarde. Allí analizarán si procede la dirimencia que prevé el Reglamento de las Comisiones Especializadas o proceder a una nueva votación.
MG/pv
La Comisión de Fiscalización, presidida por Silvia Salgado, avocó conocimiento y calificó la solicitud de juicio político presentada por el bloque del MPD con el respaldo de 43 asambleístas en contra del ex ministro de Educación, Raúl Vallejo, a quien le acusan de haber incurrido en presuntos delitos contra la fe y la administración pública, peculado y flagrantes violaciones a la Constitución, en cuestionamientos vinculados con la educación y, en especial, por la declaración como “Ecuador Patria Libre del Analfabetismo”.
La Comisión Ocasional de Comunicación se solidarizó con su presidenta, Betty Carrillo, cuyas oficinas, ubicadas en el tercer piso del edificio Dinadep, fueron violentadas e ingresaron para “rebuscar” la información existente. El hecho ocurrió el pasado lunes a las 12h00, aproximadamente.
Siete asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico se trasladarán a la provincia de Orellana para socializar con los sectores involucrados y la ciudadanía en general las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, recibió al intendente y al director del departamento Jurídico, de la Superintendencia de Compañías de Quito, Marcelo Icaza y Oswaldo Noboa, respectivamente, quienes solicitaron reformar el primer inciso del artículo 56 y segundo inciso del artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de poner fin a la serie de abusos por parte los socios mayoritarios que conforman compañías anónimas.
