A las 20:35 de ayer, la Comisión especializada de Comunicación dio por concluido el análisis previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
Con la finalidad de que informen sobre las presuntas ilegalidades en la contratación del Campo Sacha, la Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, citó para mañana, 30 de junio de 2010, a las 11H30, a Hugo Coronel y Marco Noruega, representantes de la Compañía de Economía Mixta Río Napo.
Los representantes del Consejo de la Judicatura asistirán este miércoles 30 de junio, a las 15H00, a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió que la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside el asambleísta Francisco Velasco, tramite el proyecto económico urgente de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno.
El presidente de la FEUE de la U. Central, reconoce el derecho que tiene el Ejecutivo de estar representado en el Consejo de Educación Superior.
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El Derecho de los ecuatorianos en el exterior; el ejercicio profesional de la comunicación, en su literal a); la destitución; el derecho a la rectificación, réplica o respuesta; la temática sobre noticias y opiniones; y la responsabilidad ulterior, fueron reconsiderados con el apoyo de seis asambleístas presentes en la sesión 49, convocada por el presidente de este organismo legislativo, Mauro Andino, para continuar con la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación.
En la sesión 47 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para mañana, 1 de julio de 2010, se prevé el primer debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal y el conocimiento y resolución de la objeción parcial del Presidente de la República al proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la Depuración de la Normativa Legal.
Además, según la agenda, se analizará el informe de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en torno a la Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna, Flora y Vida Silvestre.
Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a través de su informe favorable, propone la depuración de 159 decretos, tomando en cuenta que éstos, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicha derogatoria se refiere a leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
Objeción al proyecto de Ley Derogatoria No.1
La depuración del primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una objeción parcial en el sentido de que se revise lo concerniente al Abono Tributario, ya que crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
Convención
Ecuador se adhirió a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y Vida Silvestre (CITES) el 3 de marzo de 1973, como parte integrante de la ONU. La Enmienda al Art. XXI se incorporó el 30 de abril de 1983, la cual permitía a organismos internacionales - la Unión Europea, o en el futuro la Unasur -, participar plenamente con derechos y obligaciones, y representar a los países partes, asumiendo su derecho al voto.
El mayor objetivo de este tratado es la protección de más de 30 000 especies de animales y plantas a nivel mundial, con el compromiso de que los países ejerzan estrictos controles y optimizar medidas de protección.
MG
La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, mantuvo un conversatorio con los representantes de la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria quienes insisten en ser parte del conjunto articulado de instituciones de derecho público, encargada de promover, organizar y coordinar los procesos de debate y deliberación de propuestas de políticas públicas y leyes conexas con esta materia, generadas desde la sociedad civil.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, en cumplimiento del artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presentó el informe para primer debate de la Ley Derogatoria No. 2 para la depuración de la normativa.En esta ocasión, el organismo propone la depuración de 159 decretos, considerando que tales normas, aunque forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley; por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, cuanto porque los presupuestos establecidos en ellas han sido recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
Dicho informe plantea la derogatoria de leyes, decretos legislativos, decretos supremos y codificaciones referentes, principalmente, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes, sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes, fósforos y tabaco, entre otros contenidos legales, que actualmente han perdido eficacia.
El 12 de enero 2010, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió al titular de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de Ley de Depuración de la Normativa Legal, que comprendía alrededor de 700 normas caducas.
En razón de la extensión y complejidad del tema, la Comisión de Justicia logró del Consejo de Administración Legislativa, CAL, la autorización para tratar el proyecto en partes, es decir que se aprueben como leyes diferentes, a fin de realizar un exhaustivo análisis del contenido de cada una de las normas.
El primer paquete de 107 cuerpos legales obsoletos fue aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de mayo. No obstante, el Ejecutivo, a solicitud de la ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely Suárez, presentó una objeción parcial en el sentido de que se exceptúe de la depuración lo atinente al Abono Tributario, pues crea un instrumento de política exterior idóneo para compensar a los productores que se vean perjudicados por medidas impuestas por terceros países, lo que resulta indispensable para mantener y atraer la inversión productiva.
MG/eg
El presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional, esta tarde, el proyecto de Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, con la calidad de urgente en materia económica.Tal cual lo dispone el artículo 140 de la Constitución, la Asamblea deberá aprobarlo, modificarlo o negarlo dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción
El titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, trasladó dicho documento a la Secretaría General, para que sea difundido a las y los asambleístas y a la ciudadanía, a través del portal Web, y sea remitido al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para el trámite correspondiente, en cumplimiento del artículo 55 de la LOFL.
Contenido y alcances de las reformas
En la Exposición de Motivos, el Ejecutivo señala que desde el año 1971 hasta la presente fecha, se han producido cambios sustanciales en la vida social, económica y política del país, a lo que se ha sumado el extraordinario desarrollo científico y tecnológico. En este período, el petróleo como recurso natural agotable, no renovable y estratégico, se ha constituido en la principal fuente de ingresos estatales, cuyo manejo requiere la adopción de un marco jurídico e institucional, que acorde a la nueva Constitución de la República, permita un mayor control y participación del Estado ecuatoriano.
Argumenta que es fundamental introducir disposiciones que permitan impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros, dentro de un esquema contractual de prestación de servicios, que devuelva la titularidad de la totalidad de la producción nacional a favor del Estado, estableciendo únicamente el reconocimiento de una tarifa por barril producido a favor de las contratistas, que no fluctúe en función del precio del crudo, del cual se han beneficiado desproporcionadamente las compañías petroleras.
El proyecto dispone que el Estado explorará y explotará los yacimientos en forma directa a través de las Empresas Públicas de Hidrocarburos. De manera excepcional, podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras, de probada experiencia, capacidad técnica y económica, para lo cual la Secretaría de Hidrocarburos podrá celebrar contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para explotación y exploración o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana.
La propuesta gubernamental crea la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), como un organismo técnico administrativo, que regulará, controlará y fiscalizará las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera.
MG
