El Pleno de la Asamblea Nacional iniciará esta tarde, a las 15h30, el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que fue remitido por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, mismo que tiene tres objetivos: reformar la estructura institucional del sector hidrocarburífero; viabilizar el nuevo modelo de contrato de prestación de servicios; e, introducir reformas complementarias para el marco regulatorio.
En cumplimiento cabal del mandato constitucional, la Asamblea Nacional emitió su segundo programa de rendición de cuentas, como ejercicio práctico de democracia, a través de Radio Pública del Ecuador.
Hoy, se analizaron las motivaciones jurídicas, sociales y constitucionales para la concesión de las inmunidades otorgadas a los miembros de las Comisiones de la Verdad y la encargada del caso Angostura.
En esta oportunidad, participaron la asambleísta Marisol Peñafiel, vocal de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preparó los correspondientes informes para conocimiento del Pleno; y, el secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad, Cristian Bahamonde.
Los entrevistados coincidieron en destacar que este tipo de comisiones han sido reconocidas por la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como mecanismo idóneo para luchar contra la impunidad.
Además, precisaron que en Chile, Argentina, El Salvador, Ghana, Guatemala, Panamá, Sudáfrica, entre otros países, se han establecido comisiones para la verdad, pero en la mayoría de casos se han presentado contra sus miembros, colaboradores y testigos acciones intimidatorias, amenazas a su integridad personal y la persecución judicial por medio de procesos penales y civiles, sin fundamento.
Por tanto, las inmunidades constituyen una garantía para que el trabajo de los comisionados se desarrolle con total transparencia y responsabilidad, enfatizaron.
Así los integrantes no serán responsables por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de investigación, conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en sus informes finales y cualquier otro documento hecho público como resultado de las indagaciones, explicaron.
MG
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por María Paula Romo, presentó el informe favorable para segundo debate del proyecto de Ley Derogatoria No. 2 para la Depuración de la Normativa Legal.
Este nuevo paquete comprende 159 decretos que se derogarían, los cuales se refieren, entre otros aspectos, a la destilación de aguardientes; impuestos a las ventas de alcoholes; sal y cigarrillos para financiar obras públicas como escuelas, colegios, puentes, carreteras, edificios estatales; regulación para el manejo del monopolio fiscal de aguardientes; fósforos y tabaco.
Los decretos, aunque forman parte del ordenamiento jurídico del país, han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, cuanto por haber cumplido la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o porque los presupuestos considerados en estas normas han sido recogidos por otros cuerpos legales.
Sin mayores objeciones, el primer debate se registró el jueves 1 de julio.
Cabe recordar que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitió el pasado 12 de enero de 2010 a la Asamblea Nacional dicha iniciativa, con alrededor de 700 normas obsoletas.
Al respecto, la Comisión de Justicia, luego que el CAL calificó el documento y lo remitió al organismo especializado, solicitó al titular de la Función Legislativa, Fernando Cordero Cueva, autorice que el proyecto se trate por partes, en virtud de la necesidad de efectuar un análisis del contenido de cada una de las normas a eliminarse, considerando que la temática es extensa y compleja.
MG
Con la presencia del asambleísta Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y Andrés Arauz, director General del Banco Central, la Asamblea Nacional emitió su primer programa de rendición de cuentas al país, a través de la señal de Radio Pública del Ecuador.
Esta semana, dos acciones de protección, la presentada por la presidenta del Movimiento Indígena de Cotopaxi y la planteada por el asambleísta Galo Lara Yépez, fueron negadas por los jueces, lo cual es una demostración que la Asamblea Nacional actúa apegada a lo establecido en la Constitución de la República, según el asesor jurídico de la Función Legislativa, Juan Alvear Bautista.
La Secretaría de la Asamblea Nacional receptó, en las últimas horas, dos proyectos de Ley orientados a regular la pesca en Galápagos y a legalizar terrenos en el Cantón Playas, de iniciativa de los legisladores Juan Carlos Cassinelli y Andrés Páez, respectivamente.
Reformas a la Ley Orgánica de Galápagos
Dentro del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, Páez propone que la persona natural o representante legal de la persona jurídica que realice actividades pesqueras no autorizadas en la Reserva Marina de la región Insular, será sancionada con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados del trabajador en general.
Además, se efectuará el comiso especial, de acuerdo con lo que dispone el Art. 65 del Código Penal, del cargamento y la nave de cualquier tipo, siempre que no hayan sido aplicadas estas sanciones en el ámbito administrativo, por las autoridades del Parque Nacional Galápagos u otra autoridad provincial en el área de su competencia.
Igualmente, Páez Benalcázar (ID) se muestra partidario de aplicar reclusión menor extraordinaria de tres a seis años y multa de dos mil salarios básicos unificados a las personas naturales o el representante legal de la persona jurídica que utilice métodos no permitidos por las leyes ecuatorianas, o capture especies en veda o cuya pesca esté expresamente prohibida en la Reserva Marina de Galápagos.
Plantea una sanción de dos a cinco años de prisión y multa de cien salarios básicos unificados y el decomiso del producto para quien destruya o altere las áreas protegidas, abandonen desperdicios o desechos en las bahías, playas o riberas; arrojen al agua desperdicios u objetos que deterioren gravemente el ecosistema o, sin la autorización, extraigan materiales áridos o pétreos de las zonas protegidas. Quien, sin autorización, transporte por cualquier medio materiales geológicos de las islas hacia el continente o el extranjero.
La misma sanción se contempla para aquel que autorice la concesión de cupos de operación turística o de pesca en los períodos de moratoria que se señalen expresamente o en contravención grave de las normas vigentes. Además, será o serán sancionados con la cancelación de su cargo e inhabilitación de por vida de acceder al desempeño de cualquier función pública.
Legalización de terrenos
Considerando que la Constitución, en su artículo 30, consagra a los habitantes el derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica, el asambleísta Juan Carlos Cassinelli (AP) presentó el proyecto de Ley de Legalización de terrenos a favor de los moradores y posesionarios de los predios que se encuentran ubicados dentro de la jurisdicción del cantón Playas.
Cassinelli pide que, con fines de orden social, se declare de utilidad pública y se expropie a la Municipalidad de Playas, con la obligación de que ésta venda y adjudique a los actuales posesionarios, los predios ubicados en el referido cantón, en beneficio de un total de 67 barrios.
MG/eg
En el marco de la visita del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, a Washington DC, mantuvo un diálogo con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ante quien destacó los avances en la nueva institucionalidad del Ecuador, a raíz de la vigencia de la Constitución, redactada en Montecristi y aprobada por el 64% de los ecuatorianos, mediante referéndum.
Con la firme convicción de que en la nueva era legislativa las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a una información oportuna, veraz y objetiva, en cumplimiento del mandato constitucional de rendir cuentas de su gestión ante el país, la Asamblea Nacional iniciará este jueves, a partir de las 17:30, un ciclo de 12 programas, a través de Radio Pública del Ecuador, en el cual se desarrollarán ampliamente las 16 leyes aprobadas durante el primer año de labores.
El legislador Paco Fierro Oviedo, representante de la provincia del Chimborazo, puso a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal para Adolescentes Infractores, con las respectivas firmas de respaldo, de conformidad con el numeral 6 del Art. 120 de la Constitución y los artículos 54, 55 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La propuesta regula la responsabilidad penal de los adolescentes por los delitos que cometan, el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad, la determinación de las sanciones y la forma de ejecución de éstas.
En este marco, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones contenidas en el Código Penal; la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Para la aplicación de la norma legal, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les son reconocidos en la Constitución, las leyes, la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, que se encuentran vigentes.
La presente ley se aplicará a quienes, al momento en que se inicie la ejecución del delito, sean mayores de dieciséis y menores de dieciocho años, los que se considerarán adolescentes. En caso que el delito tenga su inicio entre los 16 y los 18 años del imputado y su consumación se prolongue en el tiempo más allá de los 18 años de edad, la legislación estipulada será la que rija para los procesados mayores de edad.
Sanciones
En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal, a las personas condenadas con esta ley solo se les impondrá la siguiente escala general de sanciones penales para adolescentes: internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social; internación en régimen semicerrado, con programas de reinserción social; libertad asistida especial; libertad asistida; prestación de servicios en beneficio de la comunidad; reparación del daño causado; multa; y, amonestación.
Tendrán, además, como penas accesorias el decomiso de los objetos, documentos e instrumentos de los delitos, de acuerdo con lo establecido en los códigos Penal, Procesal Penal y las leyes complementarias.
MG
El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio Hernández, insistió en que este organismo cumplió con el mandato constitucional contenido en su Art. 57, numeral 17, que garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias a ser consultadas antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar derechos colectivos, en este caso, en torno al establecimiento de las Circunscripciones Territoriales Indígenas, CTI, en el trámite del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Cootad.
