La asambleísta por la provincia de Chimborazo, María Fernanda Araujo presentó el proyecto de Ley Orgánica de Discapacidades que tiene como objetivo procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
El legislador por la provincia de Sucumbíos, Amado Chávez presentó una iniciativa reformatoria a la Ley Amazónica, para garantizar que, en todos los procesos de contratación pública realizados en la circunscripción, los proveedores tengan su sociedad matriz en la Amazonía.
La asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, Patricia Nogales presentó el proyecto de Código Orgánico de Contratación Pública Socialmente Responsable, que tiene por objeto regular los procedimientos de contratación para la adquisición, arrendamiento o suministro de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y prestación de consultoría, desde una perspectiva socialmente responsable.
En el marco del proceso de fiscalización del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión de Participación Ciudadana llevó a cabo la sesión N.° 45, en la que se contó con la comparecencia de Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, quien abordó diversos aspectos laborales y sus impactos en las relaciones productivas del país.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, propuesto por el asambleísta Roberto Cuero.
La Comisión de Fiscalización y Control Político, este martes, 9 de julio, inició un proceso de investigación de un posible caso de corrupción que involucraría al Banco del Pacífico, para lo cual recibió a la superintendente de Bancos subrogante, Antonieta Cabezas; y, a la gerente general de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Vilma Rossi.
Los asambleístas José Luis Vallejo, Blasco Luna, Cristhian Vega, Juan Pablo Molina, Katiuska Miranda y Lenín Lara, presentaron el proyecto de Ley Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, con el propósito de promover un efectivo cierre de la crisis financiera de 1999, tutelando derechos de acreedores y deudores, con el objetivo de cerrar un capítulo muy doloroso en la historia del país.
La legisladora María Teresa Pasquel presentó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que pretende que el rector y vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) sean elegidos mediante procesos democráticos internos, alineándose con los principios de autonomía universitaria y cogobierno.
La legisladora por Manabí, Gabriela Molina presentó una iniciativa legal para regularizar la estabilidad laboral de los servidores públicos, en la que se establece la obligatoriedad de realizar concursos de mérito y oposición para aquellos puestos ocupados, por más de cinco años por servidores de contrato ocasional o nombramiento provisional.
El Pleno de la Asamblea Nacional, con 77 votos afirmativos, aprobó el Acuerdo de Marrakech Relativo a la Inclusión del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), una vez conocido el informe elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales.
