Con la presencia del ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internaciones y Seguridad Integral, analizará la situación del sicariato en el país.
La presencia del funcionario, prevista para mañana, a las 15h00, fue requerida por el titular del organismo legislativo, Fernando Bustamante Ponce, en respuesta a la preocupación ciudadana por la serie de crímenes violentos ocurridos en los últimos meses, en distintas provincias del Ecuador.
El asambleísta nacional indicó que en esta reunión de trabajo abordarán, también, los problemas que ha causado la reciente erupción del volcán Tungurahua y, en general, las medidas que ha adoptado en régimen para enfrentar los fenómenos naturales.
Incluso, dicha problemática dio lugar a que la Asamblea aprobara el pasado 03 de junio, un proyecto de resolución, mediante la cual exhortó al presidente de la República, Rafael Correa Delgado, a declarar el estado de excepción para las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Guayas, Los Ríos, afectadas por el proceso eruptivo que provoca constante emisión de ceniza.
En este marco, se pidió el establecimiento de lugares que permitan albergarse y dotar de alimentos a los animales de propiedad de las personas afectadas, a través de los ministerios de Finanzas, de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en coordinación con la población.
También solicitó implementar programas de reactivación productiva, por medio del Banco Nacional de Fomento, incorporar a las poblaciones en los distintos planes de protección del Ministerio de Inclusión Económica y Social; considerar los proyectos elaborados como resultado de la expedición de los Decretos Ejecutivos 245 y 246, de 8 de febrero 2010, a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo, en coordinación con las demás carteras de Estado.
Finalmente, Fernando Bustamante destacó que “es necesaria una rendición de cuentas permanentes de los actores de la política nacional que certifiquen las acciones que se desarrollan para prevenir actos violentos y contar con un Plan Nacional de Riesgos que evite consecuencias fatales para la ciudadanía”.
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