Al inicio de la sesión 40 de la Asamblea, en comisión general, los representantes de las juntas de regantes, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie; de la Ecuarunari; y, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin, expusieron sus puntos de vista en torno al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, cuyo informe para segundo es conocido por el Pleno.
Diálogo tripartito
Carlos Pazmiño, presidente de la Juntas Generales de Riego, subrayó que la apertura de la Asamblea debe ser el inicio de un giro radical hacia el diálogo entre el Ejecutivo, Legislativo y las juntas de regantes del país, a fin de superar muchos de los conflictos, mediante la activa participación de los diversos sectores organizados. “Necesitamos juntar fuerzas para construir el país y el mundo que soñamos, con el apoyo decidido de los organismos del estado y la ciudadanía”, dijo.
Indicó que comparten parcialmente el proyecto de ley, al tiempo que insistió en la necesidad de desprivatizar el agua, para romper el acaparamiento del este recurso en pocas manos. “Creemos que la participación es un elemento clave en la gestión y control del agua, pero ésta no puede ser meramente formal, sino decisiva y vinculante”, añadió.
Que se escuchen nuestras peticiones
De su lado, Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie, aseguró que para el movimiento indígena es importante acudir a la Asamblea para proponer cambios verdaderos en la legislación, “esperando que nuestras peticiones sean escuchadas”.
Ratificó que, hasta el momento, las garantías legales y constitucionales para los pueblos originarios no se han cumplido, por ejemplo en el caso de comunas como las de Cangagua y Quisapincha, donde reciben riego solo una vez al mes, cuando el agua es un derecho humano al cual deben acceder todos los ciudadanos, sean blancos, negros, indígenas, cholos, montubios, en igualdad de condiciones, sin ningún privilegio para nadie.
Igualmente, demandó que se fiscalice la redistribución del agua para combatir el acaparamiento. “Queremos ser incluidos en la Ley del Agua, si no hay inclusión, no habrá cambio”, sentenció.
Cinco puntos
Entre tanto, Delfín Tenesaca, de la Ecuarunari, explicó que las bases del movimiento indígena plantean cinco puntos para que sean tomados en cuenta por la Asamblea, en el debate de la Ley de Recursos Hídricos: la Autoridad Única del Agua, que a su criterio debe ser plurinacional e intercultural, con plena capacidad de control y rectoría del sector; la redistribución del agua, de manera que no haya sectores que se beneficien de este recurso, en desmedro de otros; garantizar el riego para los cultivos, que a su vez inciden en la soberanía alimentaria, porque son los comuneros y pequeños productores los que abastecen el mercado nacional; la desprivatización del agua; y, la participación activa de los usuarios en la toma de decisiones de los órganos de administración y control del agua.
Debate profundo
Para Luis Andrango, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin, la Asamblea debe abrir un profundo debate, no solo de la Ley de Aguas, sino del modelo de desarrollo que se pretende aplicar en el país, que debe partir desde reconfigurar lo público, que va más allá del Estado, porque lo que existe en la actualidad es una visión estadocéntrica. “Lo importante es recuperar el concepto de participación, sustancial y vinculante”.
Invitó a los asambleístas a agotar los mecanismos de debate y construcción de consensos, aunque esto signifique postergar la aprobación de la ley por 30 días más, tiempo en el cual la Comisión de Soberanía Alimentaria podría recoger las observaciones, planteamientos y propuestas de los distintos sectores sociales.
Desprivatización
Mientras, José Gualichico, de las juntas de Agua Potable y de Riego del Ecuador, reiteró que la lucha de las organizaciones sociales busca una efectiva desprivatización del agua, pero no solo de aquellas concesiones legales que se han realizado, sino de un sinnúmero de casos de apropiación de hecho de los recursos hídricos.
Hay que desprivatizar, por ejemplo, la concesión del agua para Guayaquil, a través de Interagua, porque no se puede dejar una puerta abierta para que otros municipios deleguen su responsabilidad en la dotación de el servicio de agua potable a empresas privadas.
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