Alrededor de 400 personas de organizaciones sociales creyentes, entre ellos Manuel Chugchilán, presidente de la FEINE, el Alcalde Guamote, Juan de Dios Roldán, representantes de la Confraternidad Evangélica ecuatoriana, cuerpo de Pastores de Quito, las iglesias Metodista del Ecuador, Anglicana, Nazareno, acudieron a la sede de la Asamblea Nacional, a fin de respaldar la entrega del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa, de autoría del asambleísta Marco Murillo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos.
El documento fue entregado a la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas. Fueron recibidos por el Secretario General, Francisco Vergara, la titular de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, los asambleístas Thomás Cevallos, Rosa Ponce.
Marco Murillo señaló que la propuesta tiene concordancia con los convenios, pactos, tratados y declaraciones internacionales referentes a Derechos Humanos emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estado Americanos (OEA); y, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que se garantiza la libertad de conciencia y de religión como un derecho a conservar su religión o cambiar de creencia.
Igualmente a profesar y divulgar su religión o su creencia individual o colectivamente; a recibir una educación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones; a celebrar sus ritos y prácticas religiosas; a proteger el patrimonio, valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos coexistentes en el país; a eliminar toda forma de intolerancia y discriminación fundada en la religión o las convicciones religiosas, dijo.
El cuerpo legal que contiene cinco títulos, 15 capítulos, 61 artículos y seis disposiciones finales tiene por objetivo garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos a practicar, conservar, profesar o cambiar su religión o creencia religiosa; garantizar la pluralidad y tolerancia a las prácticas religiosas de conformidad con los principios de libertad e igualdad
También busca regular las relaciones entre el Estado y las entidades religiosas en el marco del laicismo; normar la legalización de las entidades religiosas y transparentar la información para la rendición de cuentas no al Estado sino a sus feligreses; y, garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República, tratados, pactos y convenios internacionales.
Se determina la conformación de un Consejo Nacional de Libertad e Igualdad religiosa que estará integrado por la entidad estatal encargada de cultos quien lo preside, con voto dirimente; y cinco representantes de las entidades religiosas legalmente constituidas en el país, que serán escogidos de un concurso de méritos y oposición que será llevado adelante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De entre los cinco representantes de las entidades religiosas, los dos primeros serán los mejores puntuados; además, al menos uno debe ser de las minorías religiosas, otro de las entidades indígenas, afroecuatorianas o montubias y el tercero al menos debe tener la representación de género, aseguró Marco Murillo al sostener que bajo ningún criterio ninguna entidad religiosa puede accceder a más de una representación en el Consejo.
Manuel Chugchilán manifestó que el proyecto es el resultado de un amplio proceso de consulta y de consenso con las diferentes entidades religiosas y producto de los talleres que se dieron en diversas provincias donde se analizó la necesidad de redefinir las nuevas formas de expresión religiosa, garantizando sus derechos, garantías y perspectivas en el marco de libertad e igualdad consagrados en la Constitución de la República.
La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, indicó a los asistentes que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) en las próxima reunión conocerá este proyecto de ley, lo calificará y será remitido a una de las comisiones para que inicie el trámite respectivo, pero con una gran garantía: entregar una normativa que esté a la altura de nuestra Constitución y de los ecuatorianos, pues la gran diferencia de este nuevo proceso de la Función Legislativa es puertas abiertas a la participación ciudadana y sus propuestas.
JLVN/pv
