En virtud de que los derechos de participación ciudadana revisten vital importancia para los destinos de la nación, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que tiene por objetivo regular, propiciar y garantizar el ejercicio de este derecho, que tienen los ciudadanos de manera protagónica en la toma de decisiones, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía.Para ello es necesario instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.
Por tanto, esta normativa garantiza la participación de las personas y los colectivos en el debate y la toma de decisiones durante el ciclo de desarrollo y seguimiento de las políticas y los servicios públicos, en los diferentes niveles de gobierno y funciones del Estado; así como, el control de las personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos, manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público.
Son sujetos de los derechos de participación ciudadana los individuos, colectivos, comunidades, pueblos y nacionalidades y demás formas de organización que puedan promover libremente las personas en el Ecuador y ecuatorianos en el exterior.
El informe presentado por la Comisión Especializada de Participación Ciudadana contiene 96 artículos, una disposición general única y una final. Aborda temas relacionados con la naturaleza y el ámbito de aplicación, democracia directa; de las organizaciones sociales, el voluntariado y la formación ciudadana; de la participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno; mecanismos de participación y de control social.
El presidente de la Comisión, Luis Morales señaló que los principios contenidos en el proyecto fomentan y facilitan que la voz de la ciudadanía se escuche a todo nivel en la función pública. De esta manera el mandato popular se ve cumplido, en la medida en que las organizaciones sociales puedan acceder a los espacios que requieran para observar, exigir e incidir en la decisiones del poder público, tanto en lo local y regional, como en lo nacional.
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