El presidente de
El proyecto, que forma parte de los nueve que debe aprobar
Define las potestades, competencias y obligaciones del Estado en este ámbito y establece los fundamentos de la política pública orientada a proteger y promover la diversidad cultural, la memoria social y el patrimonio cultural; fomenta la creación, circulación y puesta en valor de los bienes y servicios culturales y artísticos; garantiza el acceso al espacio público y a la esfera mediática, a la formación en arte y cultura y determina las relaciones de la cultura con el derecho de autor, la ciencia y la tecnología, el ambiente y el turismo.
Sobre la base de estos principios prevé tres niveles de protección del patrimonio cultural: un nivel básico que ampara a todos los bienes; y, dos niveles específicos y progresivamente severos que se aplican a los bienes que han pasado por un proceso de catalogación o de registro. En materia de Patrimonio Cultural se procura la identificación de los bienes de especial relevancia y estimula el estudio y la puesta en valor de los mismos, sin descuidar la atención especializada sobre los ámbitos generales de protección que comprende, además de los bienes antiguos y monumentales, nociones contemporáneas como el patrimonio industrial y el relativo a los bienes culturales que circulan en el ciberespacio.
Con este objetivo, se estructura tres institutos: de Memoria Social y del Patrimonio Cultural; de Museos y Sitios Patrimoniales; y, de las Bibliotecas y Archivos. Estos institutos estarán adscritos al Ministerio encargado de la cultura, asumirán la dispersa institucionalidad que actualmente tiene la potestad de salvaguardar el patrimonio o de custodiarlo, permitiendo que estas responsabilidades públicas sean implementadas de forma coherente. De esta manera se fomenta el libre sistema de información patrimonial, permitiendo la consulta del público, y que la ciudadanía, comunidades, pueblos y nacionalidades conozcan tanto el registro como la medida de salvaguarda implementada en cada momento a favor del Patrimonio Cultural y actuar consecuentemente en caso de amenazas a su conservación.
En materia de fomento a la creación, distribución y circulación de bienes y servicios culturales y artísticos, el proyecto acoge las principales recomendaciones de los tratados internacionales, relativas a la protección de la diversidad cultural y al fomento de las industrias culturales y viabiliza así la efectiva garantía del derecho de acceso a la cultura.
En lo referente al fomento de las artes se crea el Instituto Nacional de las Artes que se ocupará de todas las disciplinas artísticas, exceptuando el sector cinematográfico y audiovisual. Entidad que estará adscrita al Ministerio de Cultura, pero conformado por consejos participativos donde tienen voz y voto los representantes de los sectores culturales y artísticos del país.
La normativa reserva para
JLVN/pv