La Comisión de Fiscalización y Control Político se reunió con el representante de la Contraloría General del Estado, José Ignacio Villavicencio, para conocer y analizar el informe especial realizado por ese organismo al contrato y construcción del cuarto puente sobre el Río Babahoyo.José Villavicencio presentó el informe de Contraloría sobre esta obra, que está siendo ejecutada por la empresa china Guangxia Road, en el que se detalla que no se acogen las observaciones realizadas en los informes de ley, emitidos previo a la suscripción del contrato de construcción, por lo que el coordinador de licitaciones no revisó los coeficientes de las formulas polinómicas del reajuste de precios, al rubro campamento y obras conexas, incumpliendo las observaciones de la Contraloría, por lo que esta documentación fue enviada al Procurador General del Estado para su análisis y acciones pertinentes.
La contratista no cuenta con el equipo necesario para la normal ejecución de los trabajos, por consiguiente, en aplicación de la cláusula décimo segunda, fue sancionada con una multa de un millón 530 mil 999 dólares, calculada con fecha 31 de diciembre del 2008
Así mismo, no incorpora al proyecto el personal técnico extranjero ofertado, por lo que se sanciona con una multa que asciende a un millón 704 mil 513 dólares.
Explicó también que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no entregó el anticipo reajustado para cubrir las obligaciones del contrato de construcción, por un monto de 55 millones de dólares, incumpliendo los numerales 7.01 y 13.01 del contrato de construcción y el Reglamento General de la Ley de Contratación Pública.
No se efectuó una objetiva valoración de las ofertas para el contrato de fiscalización; los procesos precontractuales de construcción y fiscalización no se realizaron simultáneamente ni se suscribe oportunamente el contrato de fiscalización, por lo que se evidencia que el viceministro de Obras Públicas y demás funcionarios encargados de planificar y llevar a cabo los procesos contractuales, no realizaron una adecuada coordinación de estos dos procesos, impidiendo que los trabajos de construcción se iniciara con el personal y medios necesarios par efectuar una fiscalización adecuada y oportuna que permita garantizar un control efectivo del avance de la obra.
Se evidenció un retraso en el avance del proyecto y en el trámite de las planillas de obra, por lo que la contratista al no haber ejecutado al menos el 90% de las cantidades de obras programadas, incumplió lo establecido en el contrato de obra; así mismo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no cuenta con las áreas expropiadas.
El informe también determina que no se realiza el análisis del cumplimiento de compromisos de la licencia ambiental para ratificar que se encuentra vigente, por lo cual incumple con la normativa de la licitación ambiental, más aún cuando no existía la garantía de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, incumpliendo las responsabilidades en los procesos de estudios, contratación y ejecución de la Ley Orgánica de la Contraloría.
Se evidenció el incumplimiento del plan de manejo ambiental y de especificaciones técnicas relacionadas, por no haber ejecutado las medidas establecidas en el plan de manejo ambiental, al no contar con equipos contra incendio, dispensario médico personal, entre otros.
Transparencia
Mientras tanto, Silvia Salgado, presidenta del organismo parlamentario, precisó que no existe de ningún miembro de la comisión la decisión de tapar o no dar paso a la fiscalización. “Un informe lleno de incumplimientos debe ser analizado y evaluado técnica, jurídicamente, así como la responsabilidad que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo cual permitirá llevar adelante, con voluntad política de todos, encontrar la transparencia del proceso precontractual y contractual de la obra y, de haber responsabilidades, llevar adelante un proceso de juicio político.
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