El presidente encargado de la sesión, Rolando Panchana, acogiendo la sugerencia del titular de la Asamblea, Fernando Corderos Cueva, en el sentido que la Comisión de Régimen Económico y Tributario redacte una resolución que viabilice la aprobación de las preformas presupuestaria 2009, 2010 y la Planificación cuatrianual, dispuso un receso de 90 minutos para que el organismo legislativo recoja las sugerencias planteadas en debate. Por consiguiente, el Pleno se reinstalará a las 18H00.
Cordero indicó que si la Comisión 3, logra consensuar un resolución mandatoria, la someterá a votación esta misma noche, caso contrario, suspenderá la reunión hasta que se elabore un texto definitivo que recoja las observaciones de los diversos sectores.
Recordó que la Asamblea tiene dos posibilidades, la una es aprobar las pro formas tal como vinieron desde el Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas y, la segunda, formular observaciones, conforme lo previsto en la Constitución. Una vez planteadas las esas observaciones, el Presidente de la República tiene 10 días para ratificar su propuesta original o para aceptar la opinión de la Función Legislativa.
Si, en cambio, recibimos una nueva pro forma del Ejecutivo, tenemos 10 días para ratificarnos en nuestra propuesta o allanarnos a cualquier posición del Mandatario.
En tal sentido, “me parece que no es tarea de la Asamblea codificar partidas o identificar dónde estarán los fondos, pues la ley que está en pleno proceso de elaboración, es decir el Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, determinará el sistema de reparto a los organismos secciónales, pero lo que tenemos que verificar es que exista el dinero suficiente para cumplir el mandato de la Constitución, tanto en lo referente al 15 por ciento de de los ingreso permanentes, cuanto al 5% de los no permanentes, que corresponden al fondo para los gobiernos autónomos descentralizados”, agregó.
Subrayó que al hablar de un monto de 1 723 millones de dólares para estos organismos, se garantiza, por un lado, que se cumpla la Disposición Transitoria Decimocuarta de la Constitución y, por otro, un incremento para los gobiernos autónomos descentralizados, incluidas las juntas parroquiales.
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