Comisión de Fiscalización calificará solicitud de juicio político contra ex ministro de Transporte, Jorge Marún

Sábado, 12 de junio del 2010 - 17:15 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, sesionará mañana lunes, a las 15:00, con el propósito de calificar el trámite de la solicitud de juicio político en contra del ex ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún Rodríguez, presentada por el asambleísta Galo Lara Yépez.

De conformidad con lo previsto en el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro del plazo de cinco días, al organismo le corresponde avocar conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político y verificar que cumpla lo dispuesto en el Art. 131 de la Constitución de la República (que cuente con el respaldo de al menos una cuarta parte de los miembros de la Asamblea y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley).

Calificado el trámite, la Comisión de Fiscalización notificará al funcionario sobre el inicio del juicio político, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa, en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual forma notificará a los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

Acusaciones

Según el asambleísta de Los Ríos, Galo Lara, existen siete causales para el juicio político al ex ministro Marún, entre las cuales están entrega arbitraria de altos porcentajes de anticipos en contratos, los cuales llegan hasta el 75 por ciento, evadiendo cualquier tipo de control, así como la falta de sanciones a las contratistas por el retraso en el avance de obras, que ha sido evidente en un importante número de vías, a nivel nacional.

A criterio de Lara, las ilegalidades cometidas por el funcionario determinan que a más de ser enjuiciado políticamente, habría indicios de responsabilidad penal por el presunto delito de peculado, ya que incluso la Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la suscripción de varios contratos.

EG/pv

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