Así se pronunció el asambleísta Fernando González, al señalar que el pasado lunes 23 de noviembre, presentó a la Comisión de Desarrollo Económico, el nuevo pliego de repreguntas que deberá contestar el Ministro de Transporte y Obras Públicas, David Ortiz, respecto de las irregularidades detectadas en la obra denominada “Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera Río Blanco – Ambato, en la provincia de Tungurahua, la cual fue adjudicada a la empresa Arévalo Palacios & Asociados Cia. Ltda.
Al reiterar que este organismo legislativo, luego de fijar la fecha en que debe comparecer el Secretario de Estado para explicar las razones por el incumplimiento de la obra, los comisionados deberán decidir si es pertinente o no el juicio político en contra de David Ortiz.
Fernando González indicó que busca por todos los medios posibles se sancione a quienes han actuado irregularmente y a las personas que no han realizado las acciones para vigilar que se usen correctamente los dineros del Estado.
Explicó que en este momento seis millones de dólares están en el aire, porque la garantía de fiel cumplimiento no está en vigencia, pues, según conoce la empresa ha solicitado un amparo constitucional para no renovarla, hecho que marca una nueva irregularidad a la serie de omisiones que tiene el contrato, situación que debe ser analizada, a fin de sancionar a los responsables.
Indicó que lo conveniente sería que luego del proceso que realice la Comisión de Desarrollo, los documentos sean entregados a la Fiscalía y a la Contraloría para que la investigación llegue a términos finales.
Agregó que la denuncia que presentó demuestra claramente las irregularidades cometidas en el contrato de dicha obra que se firmó el 20 de octubre de 2008 por un monto de 11´489.631,36 dólares y el anticipo fue entregado el 30 de octubre del mismo año por un valor de 5´714.815,68 correspondiente al 50% del total del contrato.
Precisó que el plazo contractual concluyó el 30 de junio de 2009 con un avance de obra del 5% sin que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tome ninguna medida, lo cual demuestra la negligencia e impunidad.
Además, señaló que gran parte de la maquinaria fue incautada por orden judicial y que se han iniciado nuevos procesos judiciales en contra de la Compañía Arévalo Palacios.
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