La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en nueve meses de gestión, priorizó las reformas legales para reforzar los mecanismos para el efectivo ejercicio de los derechos de participación y la normativa que regula las acciones de personas y entidades relacionadas con el voluntariado. Así mismo, fiscalizó diversas temáticas y ejerció control político al Acuerdo firmado por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y realizó el seguimiento a la aplicación del decreto de condonación de deudas de BanEcuador hasta por cinco mil dólares, entre otras acciones que le fueron delegadas por el Pleno de la Asamblea.
Entre sus primeras acciones, el organismo fiscalizó los procesos de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado y de la primera autoridad de la Defensoría Pública, para lo cual recibió a varios postulantes a dichos cargos, quienes detallaron las irregularidades registradas en el concurso de méritos y oposición, seguido a través de la Comisión Ciudadana de Selección. También, los asambleístas escucharon los argumentos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y a los veedores de los respectivos concursos.
De la misma manera, tras un amplio tratamiento de la temática, con la presencia de sectores sindicales, sociales, expertos y la comparecencia de autoridades económicas, la mesa aprobó el informe sobre el proceso de supervisión vinculado al Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Estado ecuatoriano. El documento abarca el trabajo realizado, las audiencias, las solicitudes de información, los análisis legales sobre las condiciones del préstamo y sus repercusiones en diversas áreas, así como las conclusiones y recomendaciones. En el texto, la mesa legislativa propone iniciar un juicio político contra el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, por presunto incumplimiento de funciones.
También analizó los problemas del sector eléctrico, sobre todo en lo que atañe a los avances en la construcción de nuevos proyectos de generación de hidroelectricidad, que derivaron en la aplicación de racionamientos desde octubre del año anterior. A tal efecto, contaron con la presencia de autoridades del ramo, así como de profesionales, académicos y expertos en energía, a fin de determinar las afectaciones de la medida, tanto al sector productivo, como a la ciudadanía en general.
En cumplimiento de las resoluciones del Pleno de la Asamblea, adoptadas en marzo y mayo de 2023, referentes a las acciones planificadas y ejecutadas para mitigar los efectos del invierno en varias provincias, recibió a los gobernadores de Chimborazo; Santo Domingo de los Tsáchilas; Esmeraldas; a los prefectos de Los Ríos; Santa Elena; y a los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de Alausí, en Chimborazo; y de San Miguel de Los Bancos, en Pichincha, entre otras autoridades.
Igualmente, en torno a la resolución 054 del Pleno de la Asamblea Nacional, sobre el seguimiento a las acciones realizadas por el Gobierno ante los eventos ocurridos en el cantón de Alausí y sus resultados, se requirió información a los ministerios de Ambiente; Salud; Vivienda; Educación; Agricultura; y, Transporte.
En torno al cumplimiento del Decreto Ejecutivo 317, que trata sobre la condonación de créditos coactivos de hasta 5.000 dólares, la Comisión de Participación Ciudadana recibió comentarios de diversos representantes de organizaciones productivas de todo el país, a las autoridades de la banca pública, entre otros sectores.
En otro orden, recibió a autoridades sobre irregularidades y posibles incumplimientos legales por parte del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, incluyendo la designación del Director de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) sin seguir los procedimientos establecidos. Y, a la vez, escuchó a los perjudicados por la Compañía de Viviendas del Colegio de Arquitectos, VIDCAE S.A., que comprendía un total de 967 lotes de terreno, de los cuales solo en el caso de 525 se han entregado las correspondientes escrituras; un problema que lleva más de 25 años sin solución.
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