La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales recibió al presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Pablo Beltrán, quien informó que en sesión extraordinaria efectuada ayer, martes 30 de julio, se aprobó la reforma al Reglamento de Reconocimiento de Títulos, que recoge las demandas y la protección de derechos de los profesionales que obtuvieron su formación universitaria en el exterior.
Indicó que la reforma fue construida de manera participativa con los aportes de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre otras instituciones públicas y privadas. Específicamente dijo que, con el objetivo de garantizar los derechos de todos los profesionales de la odontología, se incluyó un artículo relacionado con los títulos obtenidos en la República Federativa de Brasil.
Al respecto, Karina Ramírez, representante de los más de un millar de odontólogos que esperan el registro de sus títulos, agradeció el apoyo de la Comisión y del CES para desarrollar la reforma al Reglamento de Reconocimiento de Títulos. “Este es un paso histórico, reivindica los derechos de cientos de profesionales que mantuvimos una lucha por más de cuatro años para que se dé el reconocimiento de los títulos obtenidos en Brasil”, enfatizó.
En otro orden, la mesa legislativa recibió a padres y madres de niños y adolescentes con discapacidad, quienes relataron el viacrucis que deben enfrentar en la búsqueda de cupos para sus hijos, ya que son víctimas de discriminación del sistema educativo general, pese a que la Constitución y la ley garantizan una educación inclusiva. Añadieron que han acudido al Ministerio de Educación y no han tenido respuesta, por cuanto en la mayoría de los casos se trata de establecimientos privados y, al parecer, no hay norma que obligue a estos colegios a cumplir con la ley.
Dijeron que no saben por qué no se cumplen con los derechos de los niños con discapacidad o con condiciones especiales, como el caso de niños con autismo, pues es recurrente que las instituciones de estudios, tanto públicos, cuanto privados, niegan los derechos de estos niños. Se trata en particular de los derechos al acceso a la educación inclusiva, la permanencia en el sistema educativo y de contar con un aprendizaje de calidad.
Universidad
La Comisión recibió a la asambleísta Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea, quien indicó que junto con los legisladores Amy Gende y Geovanny Benítez, que representan a distintos sectores de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, lleva adelante el proceso de fiscalización de la creación de la Universidad pública para su provincia, que es una deuda del Gobierno con la juventud santodomingueña. Aseguró que faltan algunos elementos importantes, como la creación de la Junta Promotora o definir el terreno donde se va a construir la universidad, pues el terreno que se había previsto ya no sería utilizado, con lo cual volvería a cero lo poco que se ha avanzado.
Por eso, se solicitó la comparecencia del titular de la Senescyt, César Vásquez, para que rinda cuentas sobre esta temática. “Nosotros hemos requerido información cada quince días, cada mes, lo cual puede resultar cansino, pero es lo que nos corresponde de acuerdo con nuestras facultades constitucionales y legales. Por eso, nos parece un despropósito y una irresponsabilidad que las autoridades se excusen y no comparezcan, porque el no dar respuesta a los jóvenes de nuestra provincia es dejar en el limbo este anhelo”. Finalmente, solicitó que se vuelva a convocar al Titular de la Senescyt, para que informe acerca de la creación de la Universidad para Santo Domingo de los Tsáchilas.
EG/am
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