El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate las reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sobre la base del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Esta iniciativa pretende subsanar la grave crisis constitucional, en torno al abuso y la desnaturalización de las garantías constitucionales, fenómeno más evidente respecto de las medidas cautelares y acciones de protección que se interponen para sustituir a la justicia ordinaria.
Previamente, en comisión general, Lorena Molina, secretaria técnica de la Corte Constitucional (CC), aseguró que varias de las preocupaciones del máximo órgano de justicia constitucional fueron subsanadas. Destacó que se consolida la autonomía de la CC y sugirió se considere que esta institución tiene más de 38 competencias que deben ser resueltas únicamente por el Pleno del organismo, por lo cual se deben comprender los períodos para su tratamiento, puesto que bajar los tiempos de resolución podría afectar a la calidad de los fallos.
Ximena Rodríguez, jueza de Garantías Penales y Jurisdiccionales, destacó que la mesa legislativa incluyó en la discusión del proyecto a todos los sectores y también a los jueces y juezas quienes, al final del día, toman las decisiones en materia de garantías constitucionales. Aseguró que era necesario establecer reformas al ejercicio de las acciones de protección, medidas cautelares, entre otras, para que estas se ajusten a la Constitución y la ley.
De su lado, Amilcar Barahona, docente universitario, subrayó que las garantías constitucionales no fueron creadas como una válvula de escape de los procesos judiciales, sino para quienes han sido afectados realmente en sus derechos en materia económica, laboral y derechos humanos. La mayor parte de las garantías sirve y ha servido para atender a los ciudadanos frente a violaciones de sus derechos; la excepción es el abuso de estos mecanismos, añadió.
Adrián Castro, ponente del informe de la Comisión, indicó que en el proyecto se recogen aportes de diversos sectores y de quienes deberán aplicar esta normativa, a través de 60 comparecencias, hecho que da cuenta del acercamiento de la Comisión con la sociedad. Uno de los aspectos que se consideraron fue el excesivo incremento de demandas de hábeas corpus; acciones de protección; y, medidas cautelares, especialmente a partir de 2022, las cuales permitieron la salida de personas sentenciadas por delitos graves. Por ello, aseveró, que es necesario establecer un candado a los abusos y proteger las decisiones judiciales legítimas.
En el debate, en el cual intervinieron 10 asambleístas, coincidieron en la necesidad de frenar el abuso de las garantías constitucionales, que parten de una politización de las referidas acciones. Dijeron, además, que esta realidad responde a la debacle del sistema judicial y que las reformas se ajustan a la sentencia de la Corte Constitucional sobre esta temática.
Al cierre del debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Kozhaya dispuso que el proyecto regrese a la Comisión para la sistematización de las observaciones y la elaboración del correspondiente informe para segundo debate.
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