La Comisión de Educación recibió en su mesa de trabajo a Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior (CES), para escuchar sus observaciones al proyecto reformatorio a la LOES.
Durante su intervención, la autoridad del CES realizó puntualizaciones sobre la pertinencia de mantener la potestad de su institución en la aprobación de carreras, programas, extensiones y sedes de las Instituciones de Educación Superior (IES). “En los últimos tres años hemos pasado de 6.573 carreras y programas, a 9.239, lo que significa un incremento de casi el 40 %. Esta potestad nos permite asegurar la calidad de las nuevas carreras”, señaló.
Además, se refirió a la propuesta de retirar el requisito de tener doctorado para ser rector de una IES. “El doctorado tiene una formación enfocada en el avance del conocimiento a través de la investigación científica, por lo que no es pertinente retirarlo, ya que busca el desarrollo de todas las funciones integrales de la academia, docencia, investigación y vinculación con la sociedad, como lo exige la LOES”, dijo.
En otro orden, la comisión conoció, a través de Pablo Beltrán, el estado del informe de las supuestas irregularidades ocurridas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
“El 9 de julio del 2024, el CES inició el periodo de recolección de información previa por los supuestos incumplimientos en la convocatoria a elecciones y el de velar por la integración legal de los órganos de cogobierno. El rector y los miembros del Consejo Universitario tienen 10 días para responder los requerimientos de información”, dijo la autoridad.
También informó que, “una vez recibida la información, la Procuraduría del CES realizará un análisis y emitirá el informe con la resolución de iniciar o no un proceso sancionatorio, en el plazo de hasta 40 días”.
Sobre el estado del proceso de revisión de las elecciones desarrolladas en la Universidad Central, Beltrán informó que, “con fecha 22 de mayo del 2024, el Pleno del CES dispuso realizar nuevas elecciones para el período 2024-2029, sobre la base del informe de la Senescyt que determinaba la existencia de irregularidades e incumplimiento normativo en el proceso electoral del 27 de mayo”.
“Luego de presentada una acción de protección contra de CES y Senescyt, para dejar sin efecto esta resolución, se dispuso a la Senescyt, como medida de reparación, realizar un informe ampliatorio del caso, en el que se determinó nuevamente irregularidades e incumplimiento normativo”, detalló.
“Con estos resultados, el 8 de julio de 2024, el CES dispuso, por segunda vez, a la universidad realizar un nuevo proceso electoral en un término no mayor 30 días”, precisó.
Finalmente, la mesa legislativa conoció la acciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y Ministerio de Trabajo sobre los casos de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Carolina Caza, delegada de la FGE, mencionó que la institución brinda seguimiento permanente a víctimas de la violencias basadas en género, bajo líneas de acción integral y interseccional, situando a la niñez y adolescencia como actores mayormente protegido durante el proceso penal.
“Todos los casos son individualizados y sus alertas se remiten inmediatamente a las fiscalías basadas en género, para obtener un seguimiento especializado. El equipo de género de la FGE brinda asesoría técnica al personal fiscal para que su trabajo garantice un enfoque de género”, informó.
“Actualmente trabajamos en 115 casos de acompañamiento sostenido a víctimas, de la mano con los ministerios de Salud y Educación, practicando la no revictimización a sobrevivientes y la escucha activa especializada”, concluyó.
CV/am
