Inés Alarcón, asambleísta por la provincia de Pichincha, presentó un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que contiene nueve artículos, con los que pretende otorgar la jurisdicción de la Red Vial Estatal, zonas de frontera y vías colectoras a la Policía Nacional, dándole al control un enfoque de seguridad ciudadana y orden público.
A decir de la legisladora, “la reforma es necesaria pues las estructuras criminales y terroristas que operan en el Ecuador utilizan la red vial nacional para desplegar sus actividades delictivas. Bajo este criterio, el control de las rutas de abastecimiento implica un punto de corte de la actividad delictiva que se despliega en los cantones”.
“Se evidencia que al menos el 80 % de la actividad delictiva se abastece por la red vial estatal, zonas de frontera y vías colectoras que se encuentran bajo el control operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), por lo que es urgente entregar la facultad sancionadora, conforme a la ley, a la Policía Nacional”, dijo.
La legisladora hizo énfasis en que, “la seguridad vial se ve gravemente amenazada por la delincuencia que aprovecha las circunstancias de poca afluencia vehicular, escasa iluminación, ausencia de redes de comunicación, haciendo también víctimas a los agentes civiles de tránsito ya que, por su función, únicamente cumplen con el control de tránsito”.
Añadió que la Policía Nacional tiene la cobertura y control del 59.44 % de la red vial estatal, zonas de frontera, vías colectoras y jurisdicciones cantonales, mientras que los GAD el 27.77 %, la CTE el 11.19 % y el 2.10 % no se encuentra zonificado.
CV/am
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