La Comisión de Fiscalización y Control Político, este viernes, 12 de julio, sesionó en territorio, con el propósito de escuchar las demandas de los sectores sociales y productivos de la provincia insular de Galápagos, como parte del proceso de control a la ejecución de las políticas públicas relacionadas con la atención a la población de las islas.
En este contexto, Sandra Cotoche, representante del sector comercial, expresó la necesidad de que las autoridades atiendan las demandas de este segmento económico, que ha tenido pérdidas significativas y que ni el Consejo de Gobierno ni ninguna otra institución ha dado explicaciones al respecto. Requirió se informe qué va a pasar con el barco que se sumará a la flota para transportar la carga desde el continente hacia las islas.
Zenaida Freile, de la Junta Ciudadana de San Cristóbal, subrayó que hay abuso de poder en el Consejo de Gobierno de Galápagos. Uno de ellos fue el incremento inconsulto de la tarifa de ingreso a las islas a los turistas nacionales y extranjeros, en un quinientos por ciento en el caso de los turistas nacionales y del ciento por ciento para el turismo extranjero, medida que afecta al sector turístico, que es una de las fuentes de ingresos más importantes para la población.
Wilman Cox se refirió a la protección de las iguanas marinas, entre otras especies, cuya conservación es fundamental para mantener la biodiversidad de las islas, de manera que Galápagos siga siendo Patrimonio Natural de la Humanidad.
De su lado, Galo Herrera destacó que desde 1974, cuando había un Superintendente del Parque Nacional Galápagos, sí se hacían acciones para conservar las islas. Hoy, los guardaparques solo hacen oficina y no se preocupan por cuidar la naturaleza, de allí que sugirió se haga una fiscalización a la gestión que realiza en la actualidad el Parque Nacional Galápagos.
Luis Ricardo Alvarado, presidente encargado del organismo legislativo, agradeció por los aportes de la ciudadanía y comprometió el trabajo de la Comisión para fiscalizar el cumplimiento de las políticas públicas destinadas a la Región Insular.
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