La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los 128 legisladores presentes, la Ley número 22 en el actual período legislativo, que tiene por objeto garantizar el derecho a la reparación integral, efectiva y transformadora, así como el acompañamiento a las hijas, hijos, madres, padres y familiares de las víctimas de femicidio.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle Kozhaya reconoció el trabajo de los legisladores y resaltó la participación de las organizaciones y familias en la construcción de esta ley.
El proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por Razones de Género, que será enviado al Ejecutivo para sanción u objeción, fue compartido a las nueve agrupaciones sociales de mujeres y familiares víctimas de femicidio en el Ecuador que participaron del debate.
La propuesta garantiza una reparación transformadora e integral; activa los servicios que el Estado debe brindar a las familias violentadas; dispone que el Ministerio de Educación y la Senescyt otorguen becas y ayudas económicas a hijos en situación de orfandad.
El Estado proporcionará acceso libre y gratuito a los servicios sociales de atención integral, tales como de asistencia preferente y prioritaria en atención médica general, psicológica, psiquiátrica, asesoramiento y apoyo; establece un registro único de las víctimas de violencia; dispone el cambio de apellido de niños producto de una violación.
Lola Balladares, especialista de Programas ONU Mujeres, afirmó que la propuesta responde a estándares internacionales de Derechos Humanos. Reflexionó que se haya incluido a padres y madres de víctimas de femicidio y otras muertes violentas por razones de género.
Walleska Pareja, consultora de la Coalición Mujeres del Ecuador, aseguró que la propuesta es el resultado de varios años de investigación, es el trabajo comprometido de una comisión y el apoyo incondicional de la sociedad civil. “Es una forma de devolver la dignidad a las víctimas, es una forma de respeto y honra a la mujer de una violencia espantosa, es un hito a nivel mundial”, puntualizó.
La representante de la Fundación Legatum, Daniela Rosero expresó que esta ley no solo es una respuesta a este fenómeno sicosocial, sino un grado de justicia a las víctimas. “Hay más 177 niños en orfandad; solo en 2023 se registraron 321 femicidios, es decir, uno cada 27 horas, cifra alarmante en relación a los años anteriores”, advirtió.
Mónica Jiménez y Elizabeth Otavalo, madres víctimas de femicidios y Sonia Salamea, presidenta de la Red de Familias del Azuay, cuestionaron la ausencia de medidas de prevención por parte del Estado y reclamaron por una real justicia que repare el daño psicológico. Jiménez sostuvo que la sociedad está enferma en contra de las mujeres atravesados por la cruel impunidad. “La ley es para que no se sigan retrasando derechos, para dar auxilios inmediatos para sostener a las familias que están en agonía, con equipos especializados en bienestar social en acompañamiento psicológico y social que requieren las víctimas sobrevivientes; para que las familias encuentren algo de paz que les permita superar el duelo”, añadió.
Elizabeth Otavalo dijo que hoy entiende que el femicidio es una tragedia que deja cicatrices en toda la familia y dolor que no se va a borrar toda la vida.
Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, aseguró que esta ley es un pequeño paso a la reparación, para que el Estado se preocupe porque cada 27 horas una familia es afectada por la violencia patriarcal.
Anabel Campos, presidenta de la organización Madres Coraje, tras presentar el apoyo a la Ley pidió un minuto de silencio por las víctimas de femicidio. Mayra Tirira, de la Fundación Surkuna, dio testimonio de las víctimas que han obtenido sentencia pero no una reparación integral y económica como garantía básica de la dignidad humana.
Paola Cabezas ponente del proyecto, explicó que la propuesta, construida en más de 78 sesiones, contiene las directrices de obligatorio cumplimiento en los procesos jurisdiccionales en casos de femicidio y otras muertes violentas de mujeres, donde se garantiza asesoría, patrocinio y asistencia legal, medidas cautelares sobre bienes y prohibición temporal, pago provisional, suspensión y pérdida judicial del ejercicio de la patria potestad, visitas, guarda y custodia.
Dayllana Passailaigue, quien presentó el proyecto en septiembre de 2022 junto a especialistas, organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de madres y padres víctimas de femicidio, subrayó que la propuesta representa la lucha de las mujeres y una forma de reparación y justicia a las más de 1600 mujeres que han sido víctimas de femicidio y a los más de 1700 niños que han quedado en situación de orfandad.
Los ocho legisladores que participaron en el debate destacaron que la ley busca la reparación integral; es un tributo a las mujeres que fueron vilmente asesinadas; es una respuesta jurídica; es brindar contención a través de las diferentes instituciones del Estado. Lamentaron el alto porcentaje de cifras femicidio que no paran y que van en incremento.
Expusieron diferentes casos de víctimas que quedan en la impunidad y hablaron de la responsabilidad de legislar y tomar medidas urgentes por aquellas familias víctimas de muertes violentas.
La sesión plenaria contó con la presencia de madres, familiares, activistas y representantes de organismos y fundaciones nacionales e internacionales.
RSA/pv
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