Acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria y elección de autoridades docentes fueron los temas abordados por la Comisión de Educación, junto a representantes de instituciones relacionadas a la materia, respecto al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.
Erik Barba y Nathaly Moreira, dirigentes de las federaciones de estudiantes universitarios del Ecuador, FEUE y FEUPE, solicitaron a los comisionados que este proyecto se trabaje en conjunto con organizaciones estudiantiles y autoridades universitarias, para que refleje la realidad actual de la educación superior.
En particular, requirieron se analice no reducir los requisitos de postulación a rectorados y vicerectorados de las instituciones del sistema de educación superior. “La reforma plantea no exigir un título de doctorado, sino únicamente de maestría para estas dignidades. Esto contribuye a reducir los estándares de la calidad educativa nacional, cuando deberíamos propender a elevarlos”, señalaron.
Por otro lado, César Vázquez, titular de la Secretaria de Educación Superior (Senescyt), trasladó a la mesa las observaciones de los diferentes actores de la educación superior sobre la creación de procesos para agilitar la homologación de títulos obtenidos en el extranjero y asignaciones presupuestarias para publicación y producción de conocimiento y saberes ancestrales.
Sobre la asignación de cupos y acciones afirmativas a grupos de atención prioritaria, establecidos en el artículo 35 de Constitución, mencionó que, “esta política ya es transversal a todo el cuerpo normativo actual, pues acoge a toda la población del país”. En ese sentido sugirió vincular esta política pública con un enfoque especial en grupos vulnerables que no sea excluyente del resto.
Finalmente, Diego Pérez, consejero del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), reafirmó el compromiso de la institución para construir una cultura educativa superior que responda a las necesidades técnicas, sociales y profesionales del Ecuador, respetando la autonomía de sus instituciones y sus procesos educativos.
Respecto a estos temas de la reforma analizada, los legisladores de la comisión coincidieron en que la participación activa de los actores principales de la educación superior, docentes y estudiantes, es fundamental para la construcción de normativa efectiva para el mejoramiento de la educación superior.
CV/pv
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