A fin de garantizar la igualdad laboral paterna, y seguridad ganadera y pesquera la asambleísta Mónica Salazar Hidalgo presentó dos proyectos de ley. El primero pretende fortalecer el derecho de paternidad, para lo que plantea reformar tres cuerpo legales: Código de Trabajo; Ley de Servicio Público (LOSEP); y, Ley del Derecho al Ciudadano Humano.
Su objetivo es proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras en estado de embarazo o lactancia, que laboran en los sectores público o privado, promoviendo la protección del vínculo laboral del padre, en iguales condiciones que las establecidas para la madre, como un mecanismo de igualdad frente a los derechos y obligaciones que tienen ante la llegada de un hijo.
La legisladora argumenta que la falta de estabilidad reforzada para los progenitores, genera una brecha en la igualdad de oportunidades y protección social, entre familias en las cuales existen mujeres que cuentan con empleo formal, que no laboran, en el subempleo o en la informalidad.
Por tanto, dijo, es necesario garantizar la estabilidad de la madre y el padre que se encuentran a la espera de un hijo, en procura del pleno ejercicio de los derechos y desarrollo de las niñas y niños del Ecuador. “Los padres al igual que las madres gestantes o con hijos en lactancia no podrán ser despedidos de sus empleos, mientras cumplan adecuadamente sus funciones”, señaló.
En referencia a las reformas al Código Orgánico Integral Penal para la Seguridad del Sector Ganadero y Pesquero Artesanal, la legisladora Salazar alertó que no existe una normativa suficiente para determinar el grado de la pena dentro de los delitos por piratería y abigeato, sino que queda a discreción del juzgador.
Por ello, plantea sanción con pena privativa de la libertad de siete a diez años, para el delito de piratería o asalto cometido a mano armada en espacios acuáticos nacionales, que incluyen aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, playas de mar, áreas intermareales, así como también lagos y ríos navegables, en contra de pescadores o personas que ocupan las embarcaciones como medio de transporte, sustento o trabajo.
En el delito por abigeato con fuerza, propone sanción con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si es cometido con violencia o si el valor del bien excede de diez salarios básicos unificados, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años; y, si el bien excede de veinte salarios básicos unificados, será sancionada con una pena privativa de libertad de siete a diez años.
Argumentó que en medio de las aguas, los pescadores artesanales ecuatorianos son víctimas de piratas que los sobornan y roban. Lo mismo ocurre en el sector ganadero, en donde el delito de abigeato se incrementa sin sanciones contundentes que genera una desprotección a las personas que se dedican a la cría, compra y venta de ganado vacuno, ovino, caballar o caprino.
También, informó que en los últimos seis años las pérdidas se estiman superiores a USD 13 millones. Entre 2014 y 2020 las denuncias de abigeato sumaron 11.167 casos, según los registros de la Policía.
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