En ejercicio de sus atribuciones el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en la sesión desarrollada este jueves, acogió la solicitud de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y autorizó la unificación de 39 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, como un medio para contribuir a combatir la inseguridad que preocupa a la ciudadanía.
La unificación de los proyectos permitirá dar un tratamiento ágil a las propuestas normativas y con ello dar respuesta a la ciudadanía.
En otro orden, admitió a trámite los pedidos de juicio político en contra de Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, propuesto por la legisladora Nicole Saca (ADN); y, en contra de Juan Zapata, exministro de Interior, planteado por el asambleísta Carlos Vera Mora (PSC).
Además, admitió la solicitud de juicio político a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, una vez que la ponente, la legisladora Gissela Garzón, subsanó errores en la prueba.
Los tres casos pasarán a la Comisión de Fiscalización y Control Político, para la sustanciación respectiva, en los términos y plazos previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, tras reiterar que no está de acuerdo con el juicio a la Fiscal, manifestó que por mandato de la ley, las solicitudes de juicio político se tramitarán en el orden de presentación.
Recordó que de la anterior administración están pendientes de trámite las solicitudes de juicio en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional Electoral y dos contra el exministro de Obras Públicas, Darío Herrera. A ellos se suman las peticiones en contra de los exministros Santos y Zapata y finalmente contra la Fiscal General.
Finalmente, el CAL conoció la solicitud de conformación de la comisión especializada ocasional que continuará el trámite legal y análisis de los proyectos de enmiendas constitucionales y reformas parciales a la Constitución de la República. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL tiene la atribución de sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional, la creación de comisiones especializadas ocasionales.
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