Regular los mecanismos de retribución de servicios ambientales, incluyendo bonos de carbono voluntario, como fuente de recursos financieros para conservar, restaurar, rehabilitar y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas del Ecuador, es lo que se busca a través del proyecto de reformas al Código del Ambiente, en el tema de servicios ambientales, que este martes fue debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional.
El asambleísta Washington Varela presidente de la Comisión de Biodiversidad, aseguró que las reformas son importantes, ante la necesidad que las empresas que generan gases de efecto invernadero mitiguen sus impactos de contaminación, mediante la adquisición de certificados de carbono, para lo cual se ha creado un mercado voluntario creciente interesado en comprar este tipo de certificados.
Recordó que el 26 de julio de 2016 Ecuador suscribió el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que reemplazará al Protocolo de Kyoto, al que se han sumado 175 países que buscan reducir las desigualdades sociales que son alimentadas por los efectos del cambio climático.
Varela explicó que actualmente nuestro país concentra en un pequeño territorio la diversidad del planeta, en el que desarrolla fauna y flora privilegiadas que reune un 10% de todas las especies de plantas que hay en el mundo. Bajo este contexto, resaltó que el objetivo general es fortalecer el Código del Ambiente respecto a conservación, a través de mecanismos de retribución de servicios ambientales, que incluyen los bonos de carbono voluntario, como fuente de recursos financieros para conservar, restaurar, rehabilitar y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y ecosistemas de Ecuador.
Debate
Los cinco asambleístas que participaron en el debate enfatizaron que con la ley se aportaría a la mitigación del cambio climático, que actualmente afecta al mundo entero, a la agricultura, ganadería y hasta la infraestructura pública. Comunidades enteras, propietarios de bosques podrían realizar actividades económicas más sostenibles que generen nuevas fuentes de empleo basados en la conservación, indicaron.
Afirmaron que agricultores y ganaderos tendrán capacidad económica para desarrollar sus actividades con mejores tecnologías; sus productos podrán salir con cero deforestación; los GAD tendrán ingresos para implementar proyectos en equilibrio con la naturaleza, con un manejo de bosques que estén a su cargo, pero con control de agua que genere captura de carbono, gestión de residuos; además, el Estado podrá cumplir los compromisos internacionales en temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y convertir a la conservación en un activo productivo y dinamizador de la economía y desarrollo del país.
También expresaron que, el mercado de carbono en Ecuador podría contribuir hasta con el 19 % del PIB; se podrán realizar actividades económicas y generar empleos basados en la conservación del ambiente y la reactivación total del sector rural, estabilidad social, mejorar la educación y servicios básicos, promoviendo la equidad de género y calidad de vida, entre otros aspectos.
Respaldo a la propuesta
Previo al debate, en comisión general participaron representantes de varias organizaciones, quienes resaltaron la importancia de la propuesta no solo para la salud, sino para los servicios ambientales que regulen el mercado de carbono para la conservación de la naturaleza, mitigar los cambios climáticos y como alternativa para dinamizar la economía. Verónica Arias, directora de las Organizaciones del Cambio Climático, enfatizó en mantener los bosques y biodiversidad para la mitigación del cambio climático que afecta a la agricultura, ganadería e infraestructura pública.
Indicó que con el mercado de carbono los GAD podrían tener ingresos para implementar proyectos en equilibrio con la naturaleza manejando sus bosques; se tendrían ingresos no reembolsables que permitirá generar empleo directo a corto mediano y largo plazo; una reactivación en las zonas rurales del país, estabilidad social, mejoras en la calidad de vida. Para este efecto, los proyectos tendrán que someterse a procesos rigurosos de certificación y validación; y, todos los sectores serían beneficiados con la apertura de bonos de carbono, resaltó.
Alexei Estrella, consultor de Naciones Unidas, subrayó que con la Ley se busca generar nueva diversidad de ingresos, las empresas deberán reportar su impacto climático, su contaminación a qué nivel global genera más tasas impositivas y la obligación de su compensación. Indicó que cuando se habla de los mercados de carbono es un servicio prestado gratuito y no se retribuye esa gestión.
Jorge Ambuludi, vicepresidente de la Asociación de Bosques y Páramos para la Vida, propuso reducir la contaminación para mitigar el calentamiento global y conservar los ecosistemas forestales que tienen la capacidad única de almacenar carbono. Daniel Santi, del pueblo Kichwa de Sarayaku, aseguró que la salud, la soberanía alimentaria y la nutrición están en deterioro por la contaminación ambiental y que la reforma busca prevenir estos problemas.
Las reformas están dividas en 4 ejes: servicios ambientales, generación y tipos; normas para usar y aprovechar los servicios ambientales; marco general de regulación de servicios ambientales y mecanismos; y, operativización de las reformas planteadas.
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