El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley que establece rentas en favor de las provincias Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de Energía Eléctrica (Ley 047), para que los gobiernos autónomos descentralizados, en particular los de nivel parroquial, tengan los recursos económicos provenientes de la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pucará y Agoyán, para ejecutar acciones en el marco de sus competencias para fortalecer el desarrollo integral de sus territorios.
En la sesión estuvieron presentes vocales y presidentes de las juntas parroquiales de las provinciales en referencias, quienes siguieron el desarrollo de los debates en la barra alta.
Según el proyecto, en el Presupuesto del Estado se establecerá en favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua asignaciones equivalentes al 5% de la facturación por la venta de energía a las empresas eléctricas que efectúe la Corporación Eléctrica del Ecuador Celec EP o la entidad que haga sus veces y que sea original de las centrales hidroeléctricas de Paute Pucará y Agoyán.
La asignación de la venta de energía eléctrica de la central hidroeléctrica Paute será transferida directamente por el Ministerio de Finanzas. El 60% de esos recursos será entregado en partes iguales a los GAD municipales de Azuay, Cañar y Morona Santiago para obras de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental. El 40% en partes iguales a los GAD parroquiales de estas jurisdicciones para invertir: el 70% en la ejecución de obras de infraestructura parroquial rural y el 30% restante en programas de forestación y reforestación que permitan la preservación de los recursos hídricos, la biodiversidad y protección del ambiente.
La asignación de la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Pucará y Agoyán se transferirá el 40% para el GAD provincial de Tungurahua, para ejecutar obras del sistema vial y en las cuencas y microcuencas, gestión ambiental y programas de forestación y reforestación; el 40% para los GAD municipales de Tungurahua, excepto el de Ambato; 20% para el GAD municipal de Ambato que se destinará a obras de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental.
Para el efecto, el Ministerio de Finanzas deberá realizar una liquidación a detalle en un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley y en caso de existir valores pendientes no transferidos, de conformidad con los porcentajes dispuestos por la ley vigente, se deberá entregar los correspondientes recursos económicos a los gobiernos autónomos descentralizados, en un plazo máximo de 180 días.
En la disposición transitoria segunda se determina que el Ministerio de Finanzas realizará una liquidación a detalle en el plazo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley; contrastando los valores asignados al ente rector de planificación conforme lo establecido en el decreto ejecutivo 1689, de 8 de mayo de 2009 y lo efectivamente ejecutado, de tal forma que los valores pendientes que correspondan al 40% asignado para el extinto Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago (CREA) y que no hayan sido transferidos o ejecutados, deberán ser entregados a los GAD parroquiales.
La legisladora Sofía Sánchez, ponente del informe, dijo que la ley garantiza la asignación efectiva de recursos que constitucional y legalmente les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, aplicando los principios de solidaridad e inclusión que permitirá desarrollar sus proyectos y favorecer a sus habitantes, lo cual redundará en una mejor calidad de vida para toda la población.
En el debate, intervinieron 12 asambleístas de distintas bancadas legislativas quienes expresaron su apoyo a las reformas, ya que hoy se hace justicia rural. Destacaron que la reforma fortalecerá a los gobiernos locales de las jurisdicciones donde están ubicadas las centrales hidroeléctricas. Son 130 gobiernos parroquiales que se beneficiarían, se precisó.
Previamente, en comisión general participaron: Juan Tigre, Walter Vásconez y Daniel Marín, presidentes de Conagopare Azuay, Cañar y Morona Santiago respectivamente, quienes pidieron el respaldo para la aprobación de las reformas y destacaron la necesidad de hacer justicia a la ruralidad, con lo que las parroquias podrán avanzar en su desarrollo.
Agradecieron a los mentores de la propuesta legal, entre ellos el exasambleísta Juan Cristóbal Lloret y sobre todo a un hijo de Cañar, Virgilio Saquicela, presidente del Parlamento, que impulsó el proceso para llegar a este momento histórico donde las parroquias tendrán recursos no solo para obras de infraestructura sino para obras ambientales y el apoyo a la agricultura.
JLVN/pv
Más fotografías:
