Los asambleístas Mireya Pazmiño y Ángel Maita, solicitantes del juicio político a los cuatro consejeros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), Hernán Ulloa (presidente), María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, sustentaron sus afirmaciones en torno al incumplimiento de funciones, por las causales relacionadas con la reforma al Reglamento para la designación de Contralor General del Estado y la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Mireya Pazmiño explicó cómo el CPCCS procedió con la aprobación del Reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, que es el primer paso para la selección de esta importante autoridad de control. Sin embargo, según la asambleísta, ya iniciado el proceso, con la resolución de conformar la Comisión Técnica, sin que tengan facultad para hacerlo, por moción de Hernán Ulloa se introducen reformas a esta normativa, hecho que configura el incumplimiento de funciones.
Añadió que las competencias relacionadas con la aprobación de reglamentos y demás normativa solo pueden ejercerlas los consejeros antes de iniciado el respectivo concurso, por lo que los consejeros de mayoría incurrieron en la figura conocida como arrogación de funciones. Recordó que en el ejercicio de un cargo público se debe actuar con estricto apego a lo previsto en la Constitución y la Ley, al adjuntar como pruebas todas las mociones, votaciones y resoluciones relacionadas con la aprobación y posterior reforma del citado reglamento.
De su lado, Ángel Maita indicó que la falta de transparencia en el proceso de designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial es causal suficiente para censurar y destituir a los cuatro consejeros que han sido mencionados en los audios y videos, que son de dominio público, con la pretensión de beneficiar a una de los postulantes propuestos en la terna enviada por el expresidente Lenín Moreno. Así mismo, dijo se deberían seguir las acciones penales respectivas.
Enfatizó que el resultado de la designación que, finalmente, favoreció al ingeniero Pablo Iglesias para ejercer esta Superintendencia no exime de responsabilidad a quienes buscaban nombrar a otra persona, mediante diálogos de trastienda. Los consejeros deben demostrar independencia en todos los procesos de selección de autoridades y no aceptar llamadas o recomendaciones a favor de uno u otro de los postulantes, añadió.
Por último, pidió que se consideren como pruebas a su favor todos los testimonios rendidos en el curso de la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de los cuatro integrantes de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
EG/pv
Más fotografías:
