La Comisión de Niñez y Adolescencia avocó conocimiento de tres proyectos de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), calificados por el Consejo de Administración Legislativa, con el objetivo de iniciar su tratamiento y, de ser el caso, proceder a su unificación con otros proyectos en trámite de la misma materia. Estas iniciativas legislativas abordan aspectos relacionados con el régimen de sanciones, la tenencia compartida y el cálculo de las pensiones alimenticias en relación con el décimo cuarto sueldo.
Durante la misma sesión, se abordó el análisis de los instrumentos de escucha a niñas, niños y adolescentes (NNA) en los procesos legislativos y de fiscalización de la Asamblea Nacional. En este marco, la presidenta de la Comisión, asambleísta Pierina Correa, destacó el trabajo conjunto realizado con la organización internacional ChildFund y una consultora especializada contratada por esta entidad, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos que garanticen la participación de NNA en el ámbito legislativo.
Señaló que se trata de una propuesta pionera, dado que actualmente no existe, ni a nivel nacional ni regional, un protocolo formal que oriente cómo deben realizarse estos procesos de escucha de forma técnica, ética y segura. El protocolo busca convertirse en una herramienta de aplicación no solo para esta comisión, sino también para otras mesas legislativas que trabajen temas que afecten directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes. La finalidad es que sus voces sean tomadas en cuenta de manera real y significativa en la construcción de leyes que inciden en sus vidas.
El equipo asesor de la comisión explicó que este trabajo ha dado lugar a dos instrumentos fundamentales: el Marco Normativo, Conceptual y Técnico para la Participación y Escucha de NNA y la Guía Metodológica para Procesos de Escucha Activa. Los documentos buscan institucionalizar la participación efectiva, segura y respetuosa de la niñez y adolescencia en todos los temas que les afectan.
Subrayó que el marco normativo recoge los fundamentos jurídicos nacionales e internacionales que amparan esta participación, así como principios, objetivos y lineamientos para su aplicación. Así mismo, recalcó que esta participación debe desarrollarse exclusivamente en el ámbito legislativo, excluyendo cualquier implicación en procesos judiciales, con el fin de proteger los derechos de este grupo poblacional.
Además detalló que la guía metodológica ofrece herramientas prácticas para diseñar e implementar diversos mecanismos de participación, como entrevistas, talleres, foros, encuestas, visitas de campo y programas como “Asambleístas por un día”, metodologías que ya han sido aplicadas en visitas a centros juveniles, casas de acogida y espacios comunitarios, permitiendo conocer de primera mano las realidades de niñas, niños y adolescentes en el país.
Finalmente, informó que estos documentos han sido remitidos a la Unidad Técnica Legislativa para la emisión de un informe no vinculante que respalde técnicamente su futura aplicación en el trabajo legislativo.
MEV
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