La Comisión de Régimen Económico, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, recibió a Cristina Trujillo, directora técnica del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador; Gabriela Alarcón, abogada especializada en temas corporativos y financieros; y Gustavo Mendieta, presidente de la Unión de Perjudicados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en liquidación, quienes presentaron sus observaciones técnicas y sociales sobre el proyecto de ley.
Cristina Trujillo expresó la preocupación del gremio contable respecto al régimen actual de rotación de firmas de auditoría. Señaló que, a pesar del avance normativo del país con la adopción de estándares internacionales como las NIIF y las Normas Internacionales de Aseguramiento, la normativa vigente aún se aleja de las buenas prácticas globales. Por lo que propuso reformar el artículo 233 del Código Monetario, enfocando la rotación únicamente en los socios responsables del encargo, conforme al Código de Ética del IESBA de la IFAC.
De su lado, Gabriela Alarcón remarcó que el auditor externo cumple un papel esencial como garante de la transparencia financiera, en especial en sectores estratégicos como la banca y los seguros. En este contexto, recalcó que la rotación forzada de firmas completas impide la consolidación de equipos técnicos estables y limita el desarrollo de firmas nacionales.
Gustavo Mendieta, por su parte, expuso las graves consecuencias del cierre de 354 cooperativas de ahorro y crédito en el país, que han afectado a más de 1,2 millones de personas. Denunció la falta de devolución de al menos 142 millones de dólares a los depositantes perjudicados y exhortó a la Asamblea Nacional a tomar medidas urgentes para garantizar justicia y transparencia en la administración del Fondo de Seguro de Depósitos.
En otro punto de la sesión, en relación al debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que establece rentas en favor de las provincias del Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por venta de energía eléctrica, recibió a representantes del Ministerio de Energía y Minas y a Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi.
En su intervención, Lourdes Tibán solicitó la inclusión de la provincia de Cotopaxi en el régimen de regalías establecido por la Ley 047, en virtud de la operación actual de centrales hidroeléctricas en su territorio, como Enermax y la hidroeléctrica de Sigchos. Destacó que estas obras ya generan recursos que se destinan a obras de desarrollo local y enfatizó los impactos sociales del proyecto Toachi-Pilatón, que afecta directamente a comunidades como Praderas del Toachi.
“Esperamos que esta oportunidad histórica nos permita salir de la postergación y que se haga justicia con nuestras comunidades que, desde las alturas, alimentan con agua el desarrollo energético del país”, afirmó.
Finalmente, Juan Jara, jefe corporativo financiero de CELEC EP, presentó un análisis técnico comparativo entre el contexto energético nacional de 1990 y el actual. Indicó que hoy existen 16 centrales hidroeléctricas en 11 provincias, lo que justifica la actualización de los criterios y beneficiarios de la Ley 047. Respaldó la propuesta de incluir a Santo Domingo de los Tsáchilas como nueva beneficiaria de regalías, en razón de la operación de las centrales Sarapullo y Alluriquín.
MEV
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