La Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad recibió a expertos en consulta ambiental. El objetivo fue recoger aportes y observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Consulta Ambiental, actualmente en trámite para primer debate.
Este cuerpo legal busca establecer herramientas claras para garantizar el proceso de consulta en los territorios y comunidades, respetando los derechos colectivos y el entorno natural.
Entre los comparecientes estuvo María Silva, presidenta de la Cámara de Minería, quien destacó la importancia de esta ley para atraer la inversión al país. En este sentido, resaltó la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva técnica y anunció que entregarán sus observaciones por escrito.
De su parte, la doctora María Albán, del mismo gremio, subrayó la relevancia de la participación comunitaria como un derecho, y recomendó que el proceso se adecúe a la identidad de cada territorio. Manifestó su preocupación por el uso de medios electrónicos, que podrían ser manipulados, y propuso establecer plazos claros y medibles para las consultas.
Por otro lado, Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, compartió su experiencia en el acompañamiento a comunidades durante los procesos de consulta. Señaló que los estudios de impacto ambiental frecuentemente omiten especies presentes en los territorios. Recordó que el derecho a la consulta existe desde 1998 y urgió al Estado a garantizar su aplicación efectiva.
Así mismo, Verónica Potes, especialista en Derecho, coincidió en que la normativa actual no se aplica de manera adecuada. Recalcó la necesidad de que las comunidades sean consultadas en decisiones estratégicas sobre planes de desarrollo, minería y energía.
Durante la sesión, la legisladora Jhajaira Urresta enfatizó la importancia de realizar la consulta previa en la lengua nativa de las comunidades, mientras que el asambleísta Adrián Castro resaltó los estudios ambientales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la ejecución de obras, especialmente en zonas rurales.
La comisión continuará recibiendo aportes que fortalezcan el marco legal de la consulta ambiental, en busca de un equilibrio entre desarrollo, derechos colectivos y protección del medio ambiente.
SH
