Dentro del trámite de la solicitud de juicio político en contra de Margarita Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, presentado por Xavier Jurado, por incumplimiento de funciones, la Comisión de Fiscalización y Control Político inició con la actuación de prueba testimonial de cargo y de descargo.
Por parte del denunciante, participó Freddy Monge, intendente general técnico quien informó que el 2 de diciembre de 2024 se resolvió la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, por falta de solvencia, incumplimiento de un programa de supervisión y falta de pago a sus depositantes.
Explicó que se identificaron tres motivos principales para la liquidación: incumplimiento del Programa de Supervisión Intensiva (2022-2024); nivel de solvencia insuficiente, con un índice por debajo del mínimo requerido (50 %); y, 62 denuncias de los depositantes.
En respuesta a las consultas de varios legisladores, el funcionario afirmó que se ha coordinado con la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) y se encuentran en una segunda fase de entrega de dineros a los depositantes del segmento uno, con 80 millones de dólares entregados de un total de 101,4 millones, es decir, se ha cancelado el 90 %.
Aseguró que las alertas tempranas fueron omitidas y los indicadores evidenciaban la necesidad de supervisión intensiva, desde el perfil de riesgo (alto o crítico), cuyo trabajo debe realizarse desde la Superintendencia.
Luego, Evelyn Cárdenas, directora nacional de Supervisión a Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, se refirió a informes que dijo conoce de manera general, toda vez que no fueron elaborados por su área, sino en administraciones anteriores. Detalló varios nudos críticos evidenciados, como las alertas con denuncias al 02 de octubre de 2024, sin sanciones reportadas.
Afirmó que, de acuerdo al análisis realizado por la actual administración, se evidencia que en 6 años se ha hecho solamente un control al 6 % de las entidades que conforman la superintendencia.
De su lado, Cristina Luna, directora nacional de Riesgos, sostuvo que en 2024 la Intendencia Nacional de Riesgos presentó un Plan de Supervisión en el que constaba dicha cooperativa.
En tanto, en los testimonios de descargo, Jorge Moncayo, exintendente general técnico, mencionó que el proceso de supervisión involucra diferentes métodos basados en riesgo, que pueden ser in situ o extra situ, a partir de un seguimiento según los sistemas tecnológicos.
La exsuperintendenta, Margarita Hernández, sostuvo que sus requerimientos de información no han sido atendidos por parte de la Superintendencia, por lo que pidió que se tomen las acciones pertinentes para que se garantice su derecho. Al exintendente Moncayo solicitó exponga especificaciones técnicas, para que se clarifiquen procesos aplicados debidamente en su administración respecto a entidades y organizaciones, tras la reforma del estatuto.
Pedro Brito, exintendente nacional de Supervisión de Entidades del Sistema Financiero, explicó que a finales de 2021 se dio una alerta sobre evaluación de riesgos in situ de que la cooperativa podría estar en riesgo alto, por ello se la incluyó dentro del Programa de Supervisión in situ; y una supervisión integral que concluyó en el 2022. Luego, la cooperativa ingresó a un programa de supervisión intensiva que se estableció con una duración de dos años y concluyó en agosto de 2024, posterior a una evaluación de cumplimiento.
Agenda
En forma previa, la Comisión de Fiscalización conoció el cronograma tentativo de actuación de prueba, en el que consta la audiencia para el lunes 14 de abril, y hasta el 19 de abril, la entrega del informe.
RSA
