La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social sesionó con el objetivo de continuar el proceso de fiscalización integral relacionado con el derrame de petróleo, ocurrido el pasado 13 de marzo, en el sector El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Este hecho ha generado graves afectaciones al ecosistema, a la población local y pérdidas económicas para el país.
El científico Inty Gronneberg manifestó que existe una falta de mantenimiento en la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo cual ha derivado en reiterados derrames. Subrayó la ausencia de infraestructura adecuada, protocolos de contención y capacidad de respuesta oportuna. Además, solicitó transparencia en la información, e instó a que se esclarezca si el hecho fue resultado de un sabotaje o no, considerando la cantidad de personas afectadas.
La legisladora Paola Cabezas enfatizó la magnitud del desastre, indicando que cerca de 80 kilómetros de contaminación afectan directamente al área pesquera y agrícola de la zona, con graves implicaciones sociales y económicas para la población.
Desde la academia, Eduardo Monsalve, docente de la Universidad Católica de Esmeraldas, recomendó evitar el consumo de mariscos en la zona afectada, dado que los laboratorios locales no cuentan con capacidad analítica equivalente a los estándares internacionales. Señaló que la contaminación compromete la recuperación del ecosistema marino, agravada por fenómenos naturales y la presencia de enjambres de medusas, lo que afecta la actividad pesquera y económica de los esmeraldeños.
René Bedón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana, destacó la importancia de repotenciar el oleoducto y contar con sistemas automatizados de detección de fisuras. Desde el ámbito jurídico, recalcó la necesidad de una reparación integral, tanto ambiental como social e instó a incluir estas consideraciones en la Ley de Hidrocarburos.
Por su parte, el experto en petróleos, Luis Castillo, explicó que el derrame fue provocado por un deslizamiento de tierra y no por sabotaje. Criticó la ausencia de supervisión técnica por parte de Petroecuador y otras entidades, lo cual vulnera derechos fundamentales como el acceso al agua y la seguridad jurídica.
Al finalizar, la comisión informó que se han enviado 14 requerimientos de información a instituciones públicas, los cuales aún no han sido respondidos. El presidente de la mesa legislativa, Patricio Chávez, destacó la relevancia de estas comparecencias como insumos fundamentales para la elaboración del informe que será presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
SH
