La Comisión de Educación recibió nuevas comparecencias en relación a las reformas al Código Ingenios que buscan facilitar el pago de créditos educativos.
Para este fin, Jimmy Ávila, representante de procesos coactivos de la Secretaría de Educación Superior, sugirió únicamente que “para las deudas entre los 20 y 50 mil dólares se solicite hasta dos garantías personales, pues se debe considerar la posibilidad de que una garantía sea más que suficiente para cubrir la cuota designada en el nuevo convenio de pago”.
Por otro lado, María Isabel Vergara, delegada de la Junta de Política y Regulación Financiera, señaló que, “determinar que los convenios de pago se realicen únicamente bajo valor referencial de interés para créditos educativos, correspondiente al 4.9 %, puede perjudicar a quienes tengan una taza de interés más baja”, por lo que sugirió que se mantenga el porcentaje con el que se adquirió el crédito.
Además, solicitó rever la disposición de eliminar el historial crediticio de las y los deudores. A su consideración, “la historia contiene toda la información de crédito necesaria para que la banca los siga considerando sujetos de crédito, por lo que borrarlo podría excluirlos del sistema financiero”.
Si los deudores acceden a un nuevo convenio de pago de sus créditos educativos, su historial y datos crediticios se van a reconstruir, sostuvo.
También, conoció un nuevo proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Cultura para fomentar el empleo artístico y promover la cultura de paz, propuesto por la legisladora María Teresa Pasquel y previamente calificado por el Consejo de Administración Legislativa.
Pasquel detalló que la iniciativa busca promover el empleo a través de la creación de la Red de Artistas Disponibles, a cargo del ente rector de la cultura en coordinación con el ente rector del trabajo y la difusión de portafolios artísticos en soporte físico y digital.
En este mismo orden, conoció la iniciativa legal para la Creación de la Universidad Estatal de Cañar, presentado por la legisladora Valentina Regalado, quien no asistió a la mesa para exponer su proyecto.
Finalmente, conoció la aprobación, por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, de su informe de fiscalización a la inclusión educativa de niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas específicas, en el cual consta que la propia comisión de seguimiento e informe al Pleno, en el plazo de seis meses, sobre la implementación de políticas y lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación para este fin.
CV
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