La Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento del proyecto de Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa. En este marco, la mesa legislativa recibió a la asambleísta Esther Cuesta, proponente de la iniciativa.
La legisladora Cuesta destacó que el objetivo de esta normativa es desarrollar derechos y obligaciones en torno a la libertad de culto, actualizando la legislación vigente y adecuándola a los estándares constitucionales e internacionales.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto se incluye la incorporación de enfoques del derecho contemporáneo; dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa; desarrollo de derechos conexos y principios alineados con los estándares internacionales de derechos humanos; creación de un régimen patrimonial para las organizaciones religiosas; establecimiento de un régimen sancionatorio previsible; y, garantía del respeto a la diversidad religiosa.
La proponente añadió que este proyecto responde a observaciones formuladas por organismos internacionales.
Durante el debate, la asambleísta Jhajaira Urresta propuso la inclusión la sanción de participación de organizaciones religiosas en procesos democráticos y electorales. “Es inaudito que la iglesia católica ha recibido un cierto monto de dinero por parte del presidente Daniel Noboa y están haciendo campaña electoral en contra de quienes piensan diferente hacia el capitalismo”, resaltó.
El legislador Paúl Buestán se manifestó a favor de democratizar la participación religiosa, asegurando que la libertad de creencias y pensamientos debe materializarse desde la construcción de esta normativa.
Por su parte, Adrián Castro llamó a tratar esta ley con el mayor respeto y evitar su politización. Instó a incluir en el debate a representantes de diversas iglesias y cultos religiosos para enriquecer la discusión y felicitó la iniciativa de la asambleísta proponente.
La presidenta de la comisión, Paola Cabezas, enfatizó la necesidad de construir una ley inclusiva, que cuente con todas las voces y respete las diferencias.
De su lado, Rodrigo Varela, representante de la Defensoría del Pueblo, se refirió a la obsolescencia de la actual Ley de Cultos, la cual cuenta con apenas seis artículos y más de 80 años de vigencia. Destacó que el proyecto de ley busca garantizar un trato igualitario para todas las instituciones religiosas.
Por último, Chrysóstomos Celi, presidente del Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, recalcó que el Ecuador es un Estado laico que reconoce diversas prácticas religiosas. Señaló que esta propuesta legislativa no pretende derogar el "modus vivendi", sino garantizar el derecho de la ciudadanía a la libertad de culto.
SH
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