El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Reforma Parcial al Artículo 5 de la Constitución de la República, propuesto por el Presidente de la República, con el propósito de eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. En el análisis, los legisladores se refirieron al informe preparado por la Comisión Ocasional que preside la asambleísta Gissela Garzón.
La asambleísta Garzón, en su condición de ponente del informe, subrayó que la reforma planteada no es un tema menor, puesto que está relacionado con la soberanía, que es un elemento constitutivo del Estado y tiene distintas dimensiones, razón por la cual, en caso de ser aprobada, requiere de cambios en algunas leyes vigentes.
Alertó que, por ejemplo, habrá que revisar el numeral 3 del artículo 339 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años a la persona que participe de actos de hostilidad o en conflictos armados contra el Estado; permita que se establezcan bases o instalaciones militares extranjeras o cedan bases nacionales o fuerzas militares a otros estados con propósitos militares.
Añadió que las conclusiones que constan en el informe son producto de los análisis y sugerencias de las y los expertos que fueron escuchados por la comisión, desde diversos puntos de vista. Así se desprende que la soberanía encuentra su fundamento tanto en los tratados y convenios internacionales negociados y suscritos entre estados, como en el reconocimiento de las limitaciones individuales que enfrentan los mismos para combatir eficazmente problemas transnacionales como la inseguridad.
En el debate intervinieron los asambleístas Fernando Jaramillo; Adriana García; Shirley Plaza; y, Andrés Briones, para abordar, entre otros aspectos, la importancia de tramitar esta reforma que permite la asistencia internacional de fuerzas militares, a través de acuerdos sin que se comprometa la soberanía nacional; la necesidad de recuperar la seguridad pública frente a la delincuencia organizada; la posibilidad de que esos acuerdos estén sujetos a la ratificación de la Asamblea, para garantizar la transparencia de los mismos; y, la exigencia de un plan de combate al crimen organizado desde el Gobierno, para que no se tome como pretexto de la inacción la falta de apoyo de la Legislatura en esta materia.
La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, tras cerrar el debate, dispuso que el proyecto regrese a la comisión ocasional, a fin de que se continúe con el trámite previo a la elaboración del informe para segundo debate.
EG
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