La Comisión de Garantías Constitucionales conoció el plan de trabajo general desde febrero a mayo del presente año; así como para dar cumplimiento a la resolución del Pleno de la Asamblea para iniciar un proceso de fiscalización para el cumplimiento de la sentencia en favor de los trabajadores de la empresa Furukawa.
La mesa legislativa detalló los proyectos que se han tratado durante su gestión, así como los procesos de fiscalización realizados como el trabajo legislativo de los asambleístas miembros de la comisión, además de los próximos proyectos que se desarrollarán de acuerdo con la planificación hasta el mes de mayo.
Caso Furukawa
Segundo Ordóñez, representante de los trabajadores abacaleros de la empresa Furukawa, comentó que hasta hoy no se ha cumplido con la sentencia y agradeció por darle la oportunidad de exponer la situación actual de miles de trabajadores que no han podido cambiar su situación.
De su lado, Alejandro Morales, procurador común y abogado de los trabajadores de Furukawa, informó que no se ha cumplido con la sentencia. También, hizo un llamado de atención a la Función Judicial de Santo Domingo porque está en cuestión la imparcialidad de los funcionarios.
Patricia Carrión de la CEDHU y abogada de los trabajadores agrícolas abacaleros, comentó que son más de 300 personas la mayoría afroecuatorianos, niños, niñas, ancianos que viven en situaciones precarias, comentó que hay pocos acercamientos por parte del Gobierno para la reparación dictaminada por la Corte Constitucional.
Carrión comentó que, entre las reparaciones consta las disculpas públicas de parte del Presidente de la República, así como por parte de la empresa. De aquello, Furukawa lo realizó solo por Zoom a través de un medio, incumpliendo la sentencia, donde consta que se debe efectuar una convocatoria a las personas afectadas en las instalaciones.
Además, contó que tampoco se ha cumplido la reparación material, como el pago para garantizar un cambio en la realidad en las condiciones de vida de las personas afectadas, sea económica o en tierras; no se ha garantizado el acceso a la educación y servicios básicos.
El legislador Paúl Buestán solicitó la comparecencia del Defensor del Pueblo y se solidarizó con los trabajadores abacaleros. Del mismo modo, Jahaira Urresta, mencionó que es importante la comparecencia de ciertas instituciones del Estado para conocer si se les ha brindado el acompañamiento a los afectados por la empresa Furukawa.
Finalmente, Paola Cabezas, presidenta de la mesa legislativa, solicitó la comparecencia de instituciones del Estado para conocer si las sentencias se han cumplido, en especial a la Defensoría del Pueblo.
SH
